Profesores de Derecho suscriben acuerdo contra salida de la Corte IDH

En: http://www.noticierodigital.com/2012/08/profesores-de-derecho-suscriben-acuerdo-contra-salida-de-la-corteidh/

ND.- Un grupo de profesores de Derecho Público suscribieron ayer jueves un comunicado en el que rechazan la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aseguran que esta medida “disminuirá” el respeto a los derechos humanos “de todos los venezolanos” y eliminará “un mecanismo de protección adicional a la Constitución”.
A continuación el comunicado:
La decisión presidencial de renunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos disminuirá los DDHH de TODOS los venezolanos y eliminará un mecanismo de protección adicional a la Constitución
Quienes suscriben, profesores de Derecho en distintas universidades venezolanas, nos consideramos obligados a reclamar la atención de las Instituciones y de la ciudadanía, con relación a la orden presidencial para que Venezuela se “retire” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en clara violación de lo previsto en los artículos 19; 23; 31 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La CorteIDH es un tribunal internacional creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por lo tanto, para que Venezuela pueda “retirarse” o escapar a la jurisdicción de dicha Corte es necesario que denuncie la totalidad de la CADH y renuncie a la aplicación total de ese Tratado en el territorio de Venezuela.
De ejecutarse la mencionada denuncia, se debilitará definitivamente la obligación internacional del estado venezolano a respetar y proteger los derechos fundamentales de todos los venezolanos, como la vida, la prohibición de torturas, la libertad personal, el debido proceso, entre otros; y los funcionarios del gobierno y del resto de los poderes públicos escaparán a la jurisdicción de un tribunal internacional que ofrece a todas las personas en Venezuela, protección internacional complementaria, cuando los tribunales de Venezuela no han sido efectivos en la protección de sus DDHH.
El Presidente Hugo Chávez pretende justificar su decisión de quitarle al pueblo de Venezuela un tratado de protección de sus DDHH, con el pretexto de que una reciente decisión de la CorteIDH (caso Díaz Peña) “deja al descubierto su complicidad con la política de protección a los terroristas”. Ahora bien, es preciso aclarar que la sentencia de la CorteIDH no se pronunció sobre los delitos cometidos por el señor Díaz Peña, ni objetó la condena impuesta por los tribunales venezolanos. La CorteIDH se limitó a cuestionar las condiciones de su detención en la sede de la antigua DISIP (El Helicoide) y concluyó que los procedimientos empleados por el gobierno de Venezuela fueron tratos inhumanos y degradantes.
Los venezolanos debemos saber que, para beneficio de todos, y en especial de las personas privadas de libertad, la CorteIDH le ordenó al gobierno de Venezuela que adopte dentro de un plazo razonable:
“Las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el Control de Aprehendidos de la anterior Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) –actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN)– ubicado en El Helicoide de la ciudad de Caracas, Venezuela, se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia… En particular, el Estado debe asegurar que toda persona privada de su libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad humana, entre las que se encuentren: a) celdas ventiladas y con acceso a luz natural; b) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad; c) alimentación de buena calidad, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de la salud y fuerza de la persona privada de libertad; y d) atención en salud necesaria, adecuada, digna y oportuna”
Los venezolanos debemos saber, también, que la CorteIDH ha sido el único tribunal del mundo donde encontraron protección y tutela judicial las víctimas, entre otros casos, de las masacres en El Amparo (1988), el Retén de Catia (1992) y “El Caracazo” (1989); las víctimas de desapariciones forzadas durante la tragedia del estado Vargas (1999); la Familia Barrios, cuyos integrantes han sido asesinados y perseguidos por funcionarios policiales venezolanos desde 1998; los periodistas agredidos y heridos ante la inacción e impunidad del estado; los jueces destituidos y removidos arbitrariamente; y las medidas provisionales de protección a las personas privadas de libertad en seis centros penitenciarios del país. En casi todos los casos, las víctimas han sido ciudadanos humildes, de escasos recursos económicos, que pudieron acceder a la CorteIDH gracias a la afortunada asistencia de organizaciones no-gubernamentales.
El Sistema Interamericano, a pesar de sus limitaciones, ha contribuido a combatir la impunidad en las democracias incipientes de América y se ha destacado por dar visibilidad a personas y poblaciones usualmente marginalizadas y discriminadas.
Los venezolanos debemos recordar, igualmente, que la reacción de la ComisiónIDH frente al intento de golpe de Estado en Venezuela, en abril de 2002, fue inmediata y decisiva. El mismo día de su detención, 12 de abril, la CIDH otorgó medidas cautelares al entonces diputado Tarek William Saab e inició el trámite de medidas cautelares a favor del propio Presidente Chávez. Y sólo un día después, en su comunicado de prensa del 13 de abril, la Comisión cuestionó las detenciones arbitrarias y otras violaciones a DDHH cometidas por el gobierno de facto; condenó la destitución de las más altas autoridades de los poderes públicos (incluyendo naturalmente la del Presidente Chávez); y advirtió́ que los hechos de abril configuraban una interrupción del orden constitucional en Venezuela.
Los venezolanos no tenemos razones para esperar que el Tribunal Supremo de Justicia haga cumplir la Constitución en este caso y le impida al gobierno del Presidente Chávez, denunciar la CADH. Por el contrario, la Sala Constitucional del Supremo Tribunal ha justificado reiteradamente el incumplimiento de las sentencias emanadas de la CorteIDH y ha encabezado el movimiento de oposición al Sistema Interamericano, al extremo de pedirle al Gobierno de Venezuela que denunciara la Convención, con el pretexto de que viola la soberanía del País y usurpa funciones al Poder Judicial venezolano (sentencia N° 1939 del 18 de diciembre de 2008).
Aunque estamos persuadidos de que el pueblo venezolano, en la consulta electoral del próximo 7 de octubre, promoverá condiciones para restablecer la institucionalidad democrática en Venezuela, los abajo firmantes hacemos un llamado sincero y firme al Gobierno de Venezuela para que reconsidere su decisión, aplique la Constitución y respete los DDHH de todas las personas bajo su jurisdicción.
Convocamos a la comunidad internacional, y en especial a los Estados miembros de la OEA y a su sociedad civil, a que interpongan sus buenos oficios y urjan al Gobierno de Venezuela a no denunciar la CADH y a respetar y cumplir las decisiones tanto de la ComisiónIDH como de la CorteIDH. Los derechos humanos no tienen ideología. Todos los derechos deben ser para todos, y para todos por igual.