EL UNIVERSAL
martes 5 de febrero de 2013 04:06 PM
Washington, Estados Unidos.- El debate sobre la necesidad de una reforma migratoria en Estados Unidos llegó hoy con fuerza al Capitolio, donde el Comité Judicial abrió la primera audiencia sobre el tema que celebra el Congreso desde que empezaron este año a conocerse planes bipartidistas para lograr una ley al respecto.
"Todos estamos de acuerdo en que el sistema migratorio de la nación tiene una necesidad desesperada de reparación... pero hay muchas dudas sobre cómo repararlo y por qué", dijo el presidente del comité, el republicano Bob Goodlatte, al abrir la audiencia, mencionó DPA.
Entre otros, Goodlatte destacó la necesidad de aclarar "cómo un programa de legalización a gran escala funcionaría y cuánto costaría", además de "cómo prevendría una futura inmigración ilegal".
Aunque en los últimos días se ha conocido que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se están elaborando a marchas forzadas propuestas bipartidistas para una reforma migratoria, la cuestión de cuál será la vía para la legalización de los 11 millones de indocumentados que ya están en Estados Unidos constituye uno de los principales escollos.
El principal punto de controversia, como quedó patente hoy en la audiencia que se extendió durante varias horas, es la cuestión de si la promesa de la ciudadanía es una condición ineludible en cualquier propuesta de ley -tal como exigen tanto el presidente, Barack Obama, y grupos proinmigración- o si algún tipo de garantía de residencia debería bastar.
"La pregunta del día es: ¿hay alguna otra opción que debiéramos considerar entre los extremos de una deportación masiva y un camino a la ciudadanía?", preguntó Goodlatte.
Uno de los principales invitados para prestar testimonio este martes, el alcalde de San Antonio, Texas, y estrella naciente del Partido Demócrata, Julián Castro, replicó que la ciudadanía -tras un largo proceso que incluya multas y pago de impuestos, entre otros- debe formar parte de una reforma migratoria.
Según advirtió, no ofrecer una ruta para la ciudadanía podría hacer que dentro de diez o 20 años se vuelva a discutir la necesidad de una nueva reforma migratoria como se hace ahora.
La respuesta fue cuestionada sin embargo durante toda la jornada por numerosos republicanos, entre ellos por el congresista por Idaho Raúl Labrador, a quien el diario The Washington Post identifica hoy como una de las claves en un eventual acuerdo sobre migración.
Y es que Labrador, que estaría según los medios involucrado en las negociaciones bipartidistas para presentar una propuesta de ley migratoria en la Cámara Baja tan pronto como la semana próxima, es de origen puertorriqueño pero, sobre todo, está considerado una figura importante del movimiento ultraconservador Tea Party que obligó al Partido Republicano a adoptar una postura muy dura en materia migratoria, entre otros, que ahora trata de enmendar.
En su intercambio con Castro, Labrador aseguró que sus 15 años de experiencia como abogado migratorio le dejaron la convicción de que lo importante para los indocumentados no es lograr la ciudadanía, sino "salir de las sombras, ser legales".
"Si podemos encontrar una solución que se pare poco antes de la ciudadanía, ¿por qué no sería buena?", cuestionó.
La clave de la reticencia republicana a la ciudadanía podría radicar en que ésta es requisito indispensable para poder votar, con lo que -aunque sea a muy largo plazo- les inquieta la posibilidad de que hasta 11 millones de nuevos ciudadanos pudieran acudir a las urnas, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de éstos podrían identificar el logro con los demócratas más que con los republicanos.
En este sentido, Labrador acusó hoy a los demócratas de estar buscando una "solución política" en su beneficio en vez de "soluciones a la política" migratoria.
"Si quieren una solución política, van a estar insistiendo en una vía a la ciudadanía y van a acosar a los republicanos con esto. Si queremos una solución de política, tendrá que ser una solución pragmática", advirtió, perfilando así ya una de las posibles batallas del futuro inmediato en torno a la migración.
Otro de los problemas que podría afrontar una futura propuesta migratoria es la cuestión de la seguridad fronteriza.
La propuesta bipartidista presentada hace una semana por ocho senadores de ambos partidos, entre ellos el demócrata Chuck Schumer y el republicano Marco Rubio, condicionaría a priori una vía a la legalización a una verificación del incremento de la seguridad fronteriza. Una premisa que Obama rechaza, al considerar que ya ha hecho lo suficiente en esta materia los últimos cuatro años.
Así lo subrayó hoy también su secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, quien notoriamente ha emprendido una gira esta semana por los estados frotnerizos de California y Texas.
"Creo que la frontera es segura", declaró hoy desde El Paso, Texas, según la cadena MSNBC.
Pero el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el republicano Michael McCaul, replicó que para los conservadores no es un punto negociable.
"No podemos repetir los errores del pasado... hoy en día, lograr un control operacional de nuestras fronteras no es opcional: es el primer paso en este proceso", declaró.
"Todos estamos de acuerdo en que el sistema migratorio de la nación tiene una necesidad desesperada de reparación... pero hay muchas dudas sobre cómo repararlo y por qué", dijo el presidente del comité, el republicano Bob Goodlatte, al abrir la audiencia, mencionó DPA.
Entre otros, Goodlatte destacó la necesidad de aclarar "cómo un programa de legalización a gran escala funcionaría y cuánto costaría", además de "cómo prevendría una futura inmigración ilegal".
Aunque en los últimos días se ha conocido que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se están elaborando a marchas forzadas propuestas bipartidistas para una reforma migratoria, la cuestión de cuál será la vía para la legalización de los 11 millones de indocumentados que ya están en Estados Unidos constituye uno de los principales escollos.
El principal punto de controversia, como quedó patente hoy en la audiencia que se extendió durante varias horas, es la cuestión de si la promesa de la ciudadanía es una condición ineludible en cualquier propuesta de ley -tal como exigen tanto el presidente, Barack Obama, y grupos proinmigración- o si algún tipo de garantía de residencia debería bastar.
"La pregunta del día es: ¿hay alguna otra opción que debiéramos considerar entre los extremos de una deportación masiva y un camino a la ciudadanía?", preguntó Goodlatte.
Uno de los principales invitados para prestar testimonio este martes, el alcalde de San Antonio, Texas, y estrella naciente del Partido Demócrata, Julián Castro, replicó que la ciudadanía -tras un largo proceso que incluya multas y pago de impuestos, entre otros- debe formar parte de una reforma migratoria.
Según advirtió, no ofrecer una ruta para la ciudadanía podría hacer que dentro de diez o 20 años se vuelva a discutir la necesidad de una nueva reforma migratoria como se hace ahora.
La respuesta fue cuestionada sin embargo durante toda la jornada por numerosos republicanos, entre ellos por el congresista por Idaho Raúl Labrador, a quien el diario The Washington Post identifica hoy como una de las claves en un eventual acuerdo sobre migración.
Y es que Labrador, que estaría según los medios involucrado en las negociaciones bipartidistas para presentar una propuesta de ley migratoria en la Cámara Baja tan pronto como la semana próxima, es de origen puertorriqueño pero, sobre todo, está considerado una figura importante del movimiento ultraconservador Tea Party que obligó al Partido Republicano a adoptar una postura muy dura en materia migratoria, entre otros, que ahora trata de enmendar.
En su intercambio con Castro, Labrador aseguró que sus 15 años de experiencia como abogado migratorio le dejaron la convicción de que lo importante para los indocumentados no es lograr la ciudadanía, sino "salir de las sombras, ser legales".
"Si podemos encontrar una solución que se pare poco antes de la ciudadanía, ¿por qué no sería buena?", cuestionó.
La clave de la reticencia republicana a la ciudadanía podría radicar en que ésta es requisito indispensable para poder votar, con lo que -aunque sea a muy largo plazo- les inquieta la posibilidad de que hasta 11 millones de nuevos ciudadanos pudieran acudir a las urnas, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de éstos podrían identificar el logro con los demócratas más que con los republicanos.
En este sentido, Labrador acusó hoy a los demócratas de estar buscando una "solución política" en su beneficio en vez de "soluciones a la política" migratoria.
"Si quieren una solución política, van a estar insistiendo en una vía a la ciudadanía y van a acosar a los republicanos con esto. Si queremos una solución de política, tendrá que ser una solución pragmática", advirtió, perfilando así ya una de las posibles batallas del futuro inmediato en torno a la migración.
Otro de los problemas que podría afrontar una futura propuesta migratoria es la cuestión de la seguridad fronteriza.
La propuesta bipartidista presentada hace una semana por ocho senadores de ambos partidos, entre ellos el demócrata Chuck Schumer y el republicano Marco Rubio, condicionaría a priori una vía a la legalización a una verificación del incremento de la seguridad fronteriza. Una premisa que Obama rechaza, al considerar que ya ha hecho lo suficiente en esta materia los últimos cuatro años.
Así lo subrayó hoy también su secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, quien notoriamente ha emprendido una gira esta semana por los estados frotnerizos de California y Texas.
"Creo que la frontera es segura", declaró hoy desde El Paso, Texas, según la cadena MSNBC.
Pero el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el republicano Michael McCaul, replicó que para los conservadores no es un punto negociable.
"No podemos repetir los errores del pasado... hoy en día, lograr un control operacional de nuestras fronteras no es opcional: es el primer paso en este proceso", declaró.
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