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Charito Rojas
17 Abril, 2013
“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”.
Simón Bolívar.
Y ocurrió el peor escenario posible: el CNE declaró ganador a Nicolás Maduro. Sin terminar de contar los votos, con una petición de auditoría por parte de Henrique Capriles Radonski y con el país encendido en protestas, Tibisay Lucena se apresuró a proclamarlo presidente electo.
Maduro, que había dicho la noche del 14 de abril “que las cajas hablen, abrámoslas y listo, no tengo ningún problema en contar”, parece que después recibió una orden distinta pues al día siguiente, en su apresurada proclamación dijo que las auditorías habían salido “pepitas” y que no había necesidad de contar nada.
Pues los venezolanos que votaron por la opción Capriles no pensaban lo mismo y ante la convocatoria del candidato de hacer un cacerolazo de protesta, tomaron la calle para expresar la tremenda arrechera (es la palabra más frecuentemente usada) que tienen mucho más de 7 millones de venezolanos. Sienten que su voto fue burlado, que los resultados no corresponden a la realidad de un país que manifiestamente se volcó a apoyar a Henrique Capriles de manera efervescente y espontánea, sin la carga de presión y obligatoriedad que tenían las concentraciones de Maduro.
El abusivo ventajismo de un gobierno que usó todo su personal, recursos y poder en la campaña, violando con impunidad la Constitución, la Ley de Procesos Electorales y la Ley Anticorrupción, produjo muchos más votos de los que se hubieran depositado si el votante hubiera actuado libremente. Madres sacadas de los hospitales, con su bebé en la guardería, fueron llevadas en ambulancia, los viejitos de las misiones, votando asistidos, además de muchas otras personas a quienes en su cortedad pudieron convencer de todas las cosas malas que les pasaría si no votaban por Maduro. Y no me digan que no: sé de consejos comunales que pusieron en “lista negra” a beneficiarios de misiones, que sacaron de su lugar en la lista a opcionantes de las Misión Vivienda. Hasta llegaron a prohibir el ingreso a Mercal a quienes consideraban “escuálidos”. En muchos centros electorales los testigos de oposición fueron sacados incluso a punta de pistola, en otros ni siquiera se realizaron las auditorías previstas o se hicieron en menos mesas de las debidas.
Más de 3.000 casos de irregularidades sustentadas por el Comando Simón Bolívar y la disparidad entre los números que manejan, acta en mano, con los números dados por el CNE, llevaron a una petición tan lógica como sencilla: un reconteo. Eso se da en cualquier elección cuyos participantes no estén de acuerdo con los resultados. Dentro de las reglas del juego electoral está la posibilidad de la revisión.
El oficialismo le ha dado la espalda a la mitad del país que pide esta revisión: en un universo de 15 millones de votos, ganar por 270.000 es un resultado bien ajustado. ¿Por qué no revisar? ¿Por qué Maduro se echó para atrás después de haber dicho que sí? Si nos vamos por la respuesta sencilla, esta sería: porque no tienen los votos que dicen tener. Es decir, hicieron trampa, cometieron fraude.
Pero es claro que para demostrarlo hay que contar. El hecho de que se sospeche que los militares hayan desparecido o quemado cajas, no altera mucho el resultado de la revisión. En eso, según los técnicos, Tibisay Lucena parece tener razón. Lo importante es que las actas que están en poder de las partes coincidan con las actas que tiene el poder electoral. Las papeletas y los cuadernos son custodiados por los militares, así que no hay ninguna seguridad de su buen cuido. Pero las actas que tienen el Comando Simón Bolívar, el Comando Hugo Chávez y el CNE tienen que ser idénticas. Y no solo es cotejar los números, sino que más allá de eso, comparar los votantes con los padrones del Saime, ver quien está vivo, quien es venezolano, quien es mayor de 100 años e incluso, como se sospecha, cuantos dieciochoañeros a los que oficialmente no se les dio cabida en esta elección, aparecen votando en mesas lejanas a su residencia.
Pero esto, que parece un procedimiento natural si el que no la debe no la teme, ha sido punto de explosión de una espiral de violencia e insultos que puede desembocar en mucho más que fuegos pirotécnicos verbales, marchas y cacerolazos.
Henrique Capriles pidió confianza en sus decisiones como líder, convocó a un cacerolazo, a concentraciones ante el CNE para solicitar apertura de las actas y a acompañarle a introducir en el CNE hoy miércoles un documento solicitando la revisión voto por voto.
No contaba con la furia de media Venezuela que se siente burlada en sus aspiraciones, vapuleada por el poder, insultada por el gobierno. Cada vez que un chavista, llámese Maduro, Cabello o Jaua, dice que son “los oligarcas que quieren incendiar el país”, un grupito de burguesitos” “unos fascistas que quieren repetir lo del golpe del 2002″, la mitad del país se siente ofendida e ignorada.
Esta gente no ha comprendido ni por lo ha visto lo hará, en tantos años en el poder, que deben gobernar para todos los venezolanos, que es una aberración que priven de sus derechos a la oposición, que es un abuso tratar a los ciudadanos opositores como si no existieran, aunque sean millones.
“No soy burguesa, existo y quiero que cuenten los votos sin insultarme”, me dijo la muchacha que sirve los cafés en la panadería. Los votantes de Capriles se pasean por todas las clases sociales. El chavismo no quiere admitir que Capriles sacó un chorro de votos en las clases D y E. Que muchos de los que votaron por él son trabajadores que aspiran no sólo a vivir mejor, sino a que no los traten como pordioseros. No quieren vivir de las limosnas del gobierno, desean tener su casa con titulo, no quieren estar amenazados permanentemente con despojos, expropiaciones, desempleo, inseguridad. No quieren que les tuerzan el brazo si se resisten a hacer lo que el gobierno quiere para mantenerse en el poder.
Gente harta de que la abusen, venezolanos con esperanzas en una vida mejor, más digna, con educación, con meritocracia, con oportunidades. Venezolanos que no quieren vivir como en Cuba, que no les da la gana de ser socialistas ni comunistas. Que exigen, aunque no sean chavistas, que el gobierno los dote de vivienda, servicios, educación y seguridad. A esas personas Henrique Capriles les sembró una esperanza y ahora intenta cumplirles con la promesa de honrar cada uno de los votos que le dieron.
Una petición que en un país democrático se habría resuelto rápidamente y que en Venezuela debería ser más fácil si en realidad tenemos el sistema electoral “más seguro del mundo”, pues se ha convertido en el punto de partido de una controversia entre las dos mitades de Venezuela.
El gobierno encabezado por Maduro no acepta que hay otra Venezuela, tan numerosa como la chavista, a la que deben el mismo trato, que tienen los mismos derechos. El gobierno está obligado a gobernar para 28 millones de venezolanos, no para los chavistas solamente. La canallada de la discriminación de quienes no son súbditos rojos, pone en peligro la estabilidad del país. Todos los estallidos sociales que ha sufrido Venezuela en los desgraciados 14 años precedentes, ha sido gracias a la inflexibilidad de un gobierno que usa la fuerza pública, las leyes y el poder del estado para obligar a los ciudadanos a hacer lo que ellos quieren, so pena de encarcelarlos, expropiarlos, cerrarlos u obligarles a exiliarse. Y produce resistencia, muchas veces desesperada y violenta.
Esta situación de agresión extrema de un gobierno contra sus ciudadanos está a punto de causar una desgracia en Venezuela. Carente de todo decoro presidencial, incapaz de matices, castrista como él solo, Nicolás Maduro se ha estrenado en su primer día de gobierno con tres cadenas en las cuales se ha dedicado a ignorar que la mitad del país votó en su contra y le adversa no porque lo mande Henrique Capriles sino porque ya no aguantan más el despotismo chavista. También se ha entregado al insulto barato e injustificable.
La fuerza de un Presidente tiene que ser la ascendencia y respeto que tenga sobre su pueblo. Lo que han hecho, primero Chávez y ahora esta mala copia, es tratar a los venezolanos como malos padres: tienen sus favoritos, a los que favorecen por encima de sus otros hijos con iguales derechos y además, castigan a los hijos relegados.
Los venezolanos están cansados de tanta infamia. Llamar asesino a Capriles, hacer una comparación con Carmona, lanzar a la policía y a los militares contra el pueblo que manifiesta, ignorar al país no chavista que clama por los mismos derechos que conceden solo a los rojos, está llevando a un despeñadero la paz pública del país.
Aquí no hay golpe, eso es una pendejada inventada por ciegos que no entienden que oposición no es enemistad, por gente sin educación, modales, ni formación moral e intelectual suficiente para estar en las alturas del poder y administrarlo sabiamente.
El país es una olla de presión y Nicolás Maduro con su ignorancia e insultos, está tapando todos los aliviaderos de vapor. La amenaza de enjuiciar a Capriles y a otros líderes de oposición inventándoles el cargo de “instigación a delinquir” (porque para ellos es delito una manifestación que quemó unos cauchos y unos potes de basura) y hasta achacándoles sin pruebas la muerte de personas que supuestamente fueron atacadas por los manifestantes, puede producir enfrentamientos sin duda mortales.
Es hora de la mediación. La Mesa de la Unidad pidió la intercesión de la Conferencia Episcopal Venezolana. Estamos seguros que todo el país quiere resolver en paz. Ya basta del lenguaje violento, de amenazas y acusaciones estúpidas. Esto se resuelve con acciones simples: 1) Contar los votos, como se haría en cualquier país democrático y civilizado. 2) Si ganó Maduro, reconocérselo, si ganó Capriles, reconocérselo. 3) Que quien sea el ganador actúe como el Presidente de todos los venezolanos y no sólo de su mitad. 4) Que por favor dejen de echarle brasa a la candela y los insultadores guarden SILENCIO. Ya está bueno ya.
