En:
Crisis cambiaria, petróleo y deterioro socioeconómico
Desde 2009 un grupo creciente de economistas venezolanos,
de trayectoria
académica y/o experiencia en el sector público, de
distintas generaciones y regiones del
país, hemos dado a conocer nuestros puntos de vista
coincidentes en documentos
colectivos, disponibles en www.pensarenvenezuela.org.ve. Los problemas económicos,
políticos y sociales tratados en anteriores oportunidades
probaron ser persistentes,
agravándose ante las políticas seguidas por el gobierno
nacional. Abordaremos en este
documento un breve análisis de la política económica y
petrolera, que luego de varios
años, ha causado la serie de problemas críticos que ahora
enfrenta Venezuela y que han
hecho imposible abastecer al país con mayor producción
nacional, estabilizar los precios y
contar con un mercado cambiario funcional. Esta situación
ha originado un grave
problema socioeconómico de desabastecimiento y de escasez
generalizada de productos
alimentarios, medicamentos, equipos, maquinaria e insumos
para las distintas actividades
productivas del país.
Los desequilibrios acumulados en materia fiscal, monetaria
y cambiaria de la última
década se manifiestan en una tasa de inflación anual de
las más altas del mundo, una
escasez desbordada, un déficit del sector público
consolidado excesivamente alto, el
indebido e inconstitucional financiamiento monetario del
BCV del déficit público y una
severa restricción en la entrega de divisas petroleras al
BCV por parte de PDVSA. Estas
divisas petroleras, a su vez, se administran bajo un régimen
de control de cambio
propenso a la corrupción, en medio de un amplio
diferencial cambiario entre la tasa
oficial y la tasa no oficial, promovido por la misma política
de gasto público deficitario con
financiamiento monetario. Se trata de un auténtico círculo
vicioso de prácticas
gubernamentales incapaces de proveer estabilidad económica
a Venezuela.
Cualquier futura estrategia de rectificación y recuperación
económica en Venezuela
deberá concentrarse en atender con sensatez y sensibilidad
social la causa de los
desequilibrios económicos y no en realizar campañas mediáticas
para mostrar parte de las
consecuencias de las políticas erradas por
varios años y señalar a presuntos culpables,
quienes, evidentemente, responden a los mismos perversos
incentivos derivados de las
políticas gubernamentales.
1. Los serios problemas económicos del 2014 no son coyunturales,
se han
acumulado y agravado
Hasta 2008 el gobierno de Hugo Chávez presentó como
resultados favorables de su
gestión el crecimiento de la economía, la reducción del
desempleo, de la pobreza y de la
desigualdad en la distribución del ingreso. Argumentó
reiteradamente que dichos
resultados eran consecuencia del control directo que se
ejercía sobre PDVSA desde 2003 y
sobre el BCV desde 2005, así como de la sucesiva creación
de Misiones sociales desde
2003. Los problemas económicos que se mantuvieron sin
resolver, como la inflación y la
sobrevaluación de la tasa de cambio oficial (que
condujeron mayores importaciones, en
reemplazo de la producción nacional y a la pérdida de
valor del bolívar ante el dólar en el
mercado no oficial), fueron atribuidos por el gobierno a
desviaciones capitalistas,
campañas de opositores políticos y especuladores. En 2007
el presidente Chávez se
declaró socialista del siglo XXI, de corte guevarista y
maoísta, e inició un proceso de
expropiaciones y de ampliación de los controles de cambio
y precios vigentes desde 2003.
A partir de 2012, a los problemas de inflación y mayor
dependencia de las
importaciones de toda clase de productos antes elaborados
en el país, se sumaron una
ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y
el no oficial, además de escasez
persistente de alimentos, medicinas e insumos básicos para
producir bienes de primera
necesidad y para el sector construcción. El gobierno de
Nicolás Maduro, con el apoyo del
Directorio del BCV, afirmó que no hay “razones económicas”
para la inflación de 56,2%
que sufrimos durante el 2013, ni para una escasez que
alcanzó el 22.2% en diciembre de
dicho año. Situación que llevó a posponer la publicación
detallada de estadísticas de
precios y escasez desde noviembre. El Gobierno tampoco
admitió “razones económicas”
para el comportamiento del tipo de cambio no oficial o
paralelo, cuyo impacto negativo
sobre los precios descartan, ni para la rápida caída del
ritmo de crecimiento de la
economía. Sin embargo, y aunque el gobierno prefiera
presentarse como víctima de una
presunta “guerra económica”, existen bien conocidas y
documentadas razones
económicas para esta difícil situación socioeconómica de
Venezuela.
Desde el 2010 el acentuado deterioro de sectores
productivos públicos y privados, las
fallas del régimen de control de cambio y los manejos
fiscales-monetarios distantes de la
sensatez y las pautas de la Constitución, se han hecho
sentir sobre la población. En este
nuevo documento público, retomamos cuatro aspectos
centrales de la problemática
económica descritas en previas presentaciones, no
resueltos desde entonces y que ahora
ejercen una influencia muy adversa sobre la situación económica
del país.
Primero, es evidente que ya no existe la simple relación
directa entre un precio del
petróleo más alto y una mayor actividad económica
venezolana, ni tampoco existe un
mínimo control gubernamental sobre la presión
inflacionaria, ni han podido organizar un
mercado cambiario funcional y estable. Las distorsiones
inducidas en la asignación de
recursos en las actividades económicas (entre ellas
sobrefacturación y contrabando),
asociadas un control cambiario con amplia corrupción y la
caída de reservas
internacionales del BCV, debido a compromisos externos de
PDVSA cercanos a un 50% de
los ingresos brutos en divisas por exportación petrolera,
comenzaron a deteriorar aún más
el panorama económico del país a partir de la segunda
mitad del 2012. Estas desviaciones
de divisas petroleras fuera del BCV, se explican por
grandes transferencias a fondos
gubernamentales con cuentas en el exterior, al pago de los
compromisos financieros
adquiridos con China; y, entre otros factores, en la caída
de ingresos de PDVSA por el
financiamiento preferencial en ventas petroleras a largo
plazo otorgado a Petrocaribe,
Petrosur, Petroandina y Cuba.
Segundo, esta crisis no obedece exclusivamente a políticas
económicas
desacertadas sino a una conducción gubernamental sin
respeto a límites legales en el área
económica-financiera y a una concepción ideológica radical
que justifica el fin
revolucionario por encima de cualquier otra consideración
en una democracia moderna,
abierta al escrutinio público. Se trata de una crisis económica
causada simultáneamente
con el deterioro de una institución pública clave, el
Banco Central de Venezuela, el cual ha
tenido 4 presidentes designados en menos de un año. Otras
instituciones fueron
deliberadamente convertidas en entes inoperantes, como fue
el caso del Fondo de
Estabilización Macroeconómica, bajo el Gobierno de Hugo Chávez.
De hecho, la
profundización y ampliación de controles cambiarios, de
precios y de las ganancias, que
ahora se propone, desconoce toda la experiencia
internacional en contra de dicha
respuesta gubernamental a una crisis cambiaria, de más
controles distorsionantes, y
refleja más bien los prejuicios ideológicos provenientes
de la llamada “lucha de clases”,
citada por voceros oficiales y promovida por el fracasado
socialismo marxista.
Tercero, desde 2009 la pérdida de la eficacia productiva y
del potencial de
producción en prácticamente todos los sectores de la
economía, agravada por
restricciones al acceso oportuno de divisas, se ha
convertido en un impedimento más para
el amplio y normal abastecimiento con producción nacional;
también impide la generación
de empleos estables y mejores remuneraciones a los
trabajadores que no sean
menguadas por la inflación. En Guayana, las empresas básicas
han reducido
alarmantemente su producción y su capacidad potencial en
los últimos años. Siguen
operando con fuertes pérdidas y baja calidad gerencial, lo
que en conjunto impide la
nueva inversión y renovación tecnológica. Algunas empresas
estatales subsisten con
transferencias de recursos desde el Gobierno Central, el
Fondo Chino (préstamo a ser
pagado con petróleo) y el inflacionario financiamiento
monetario del BCV. El sector
eléctrico también refleja la debilidad y vulnerabilidad de
las empresas públicas antes
mencionadas y no puede haber desarrollo sostenido de
actividades económicas sin alta
inversión y gerencia eficaz en el sector eléctrico.
Cuarto, el sector agrícola, base de la producción nacional
de alimentos, sigue
seriamente golpeado por la política de expropiaciones,
confiscaciones e importaciones
masivas de alimentos por parte del Estado (un 30% pasa vía
contrabando a países vecinos
según declaración reciente de un alto funcionario
gubernamental); por los controles de
precios, rezagados respecto a la presión inflacionaria
sobre los costos y por la
nacionalización de Agroisleña, empresa clave de servicios
al sector agrícola privado;
además, el potencial productivo del sector agrícola también
se ha reducido drásticamente.
En este sector la absoluta mayoría de las nuevas unidades
estatales de producción
socialistas han fracasado.
Estos puntos anteriores fueron descritos, desde 2009, como
obstáculos en previos
documentos difundidos por economistas venezolanos y
lamentablemente siguen teniendo
vigencia. La política gubernamental no sólo no ha resuelto
estas dificultades, sino que ha
permitido que se agraven con el tiempo.
2.
Los problemas en la industria petrolera y su impacto sobre la crisis cambiaria
Entre 2012 y 2013 las exportaciones petroleras
representaron 96,3% del total de
exportaciones del país, la más alta tasa de dependencia
jamás registrada desde que en
1950 se comenzaron a llevar las cuentas nacionales. El
precio del petróleo promedio anual
ha mantenido una trayectoria alcista desde 2002 hasta
2012, con la excepción de 2009 y
2010. En 2013 el precio de la canasta de exportación
venezolana fue de US$99,49. Aún así,
el Plan Siembra Petrolera anunciado en 2006 con una meta
de producción de 5.800.000
de barriles diarios (b/d) para 2012 no avanzó en sus
objetivos. La petrolera estatal produjo
en 2013, según cifras provistas por empresas
internacionales que siguen el comercio
petrolero, unos 2.645.000 b/d de crudo, más unos 100.000
b/d de condensados. Es
decir, menos de la mitad de la meta del Plan Siembra
Petrolera. Este monto de producción
de 2013 cayó 1,7% respecto a 2012. Distintos entes
internacionales han alertado sobre la
sistemática diferencia entre las cifras observadas en el
comercio internacional y las
provistas por el gobierno venezolano, que ha mantenido un
alto perfil de noticias
manejadas con sentido político y propagandístico.
Las exportaciones petroleras del 2013 fueron según las
fuentes señaladas, de
1.928.000 b/d, lo cual revela un significativa caída de
6,4% respecto a las exportaciones
del 2012. Las exportaciones totales, al precio promedio de
la canasta venezolana de 2013
de $99,49 el barril, lleva a estimar el total de ingresos
por exportación en US$70.013
millones, cifra substancialmente por debajo de la estimación
de 2013 de US$84.000
millones, que se deriva de las cifras disponible de
balanza de pagos del BCV (limitado a
usar los datos provistos por el Ministerio de Energía y
Petróleo). El Directorio del BCV
además de decidir postergar la publicación de las cifras
en detalles de precios de
noviembre y diciembre, también suspendió o postergó la
presentación del Informe de Fin
de Año sobre la economía en 2013, por lo que contamos con
insuficiente información
oficial para dilucidar estas grandes y preocupantes
diferencias en el valor y volumen de las
exportaciones petroleras.
Por otra parte, el deterioro de las grandes refinerías
venezolanas por falta de
mantenimiento y experticia, corroborado por la frecuencia
de los accidentes que paralizan
parcialmente algunas instalaciones; y el aumento del
consumo nacional, incluyendo un
elevado contrabando de extracción a países vecinos, tuvo
como consecuencia que las
importaciones de derivados se elevaran a 165.000 b/d en
2013, un aumento de 8,2%
respecto a 2012; adicionalmente, las importaciones de
crudo para ser usado como
diluyente de petróleo extra-pesado se estiman en 15.000
b/d en el 2013; estas
importaciones tuvieron un costo total estimado en US$8.400
millones. Estas crecientes
cifras de importaciones de productos y crudo en nuestra
actividad económica dominante,
reducen el ingreso neto por exportaciones petroleras y
dichas importaciones representan
ahora dos veces y media el monto de nuestras menguadas
exportaciones no petroleras,
reducidas a un estimado de US$3.300mills en 2013. Además
de crecientes importaciones
de nafta y otros componentes para producir gasolina, hay
grandes importaciones de gasoil
y diesel para plantas eléctricas, diseñadas para utilizar
gas, que tampoco se produce en
cantidades suficientes para abastecer el mercado nacional
(ahora producen un 20% de la
generación eléctrica).
El balance financiero de PDVSA del 2012, el último
disponible, revela que la empresa
ha sido incapaz de pagar con regularidad a contratistas y
proveedores. Al cierre del 2012
había acumulado cuentas por pagar a contratistas y
proveedores por US$16.747 millones,
cifra que siguió elevándose en 2013, lo cual sin duda
incidió adversamente en el
desempeño de la producción y exportación descrito anteriormente.
También, debido a su
restringida capacidad financiera, ha venido acumulando
deudas por pagar con socios y
contratistas de las empresas mixtas, estimadas a finales
de 2013 en casi US$10.000
millones, aunque parte de estas deudas fueron titularizadas
y convertidas en
financiamiento de socios a PDVSA, ahora con pago de
intereses.
Son notorios los reclamos de los socios internacionales
sobre la falta de recursos
humanos calificados y fondos en PDVSA para mantener los
planes de inversión conjuntos,
necesarios para elevar la capacidad de producción de crudo
y productos refinados. Por el
contrario, las fuentes de comercio internacional indican
una tendencia a caer en la
producción y exportación propia de PDVSA de crudos ligeros
y medianos, compensada
parcialmente por la mayor producción de crudos
extra-pesados en los consorcios de la
Faja del Orinoco; aunque sin contar con nuevos mejoradores
de estos crudos, que son los
que elevan su valor agregado y su precio internacional.
Otra señal inequívoca de dificultades financieras en
PDVSA, es que no ha podido
cumplir con las obligaciones fiscales con sus propios
recursos financieros, a pesar de altos
precios del petróleo; y desde 2010 recurrió a entregar
pagarés al Tesoro Nacional como
medio de pago de sus obligaciones fiscales. Este ente los
ha intercambiado por efectivo en
el BCV, autorizado por otra modificación a la Ley del BCV
en 2010, que claramente viola el
artículo 320 de la Constitución que establece que el BCV
no convalidará políticas fiscales
deficitarias. En el cuadro de fuentes de base monetaria se
registra al final del 2013 un
monto de BsF. 407.827 millones (US$64.734millones) de créditos
netos acumulados a
PDVSA, un incremento de 146,5% respecto a 2012; y BsF.
21.254 millones (US$3.373
millones) para empresas no petroleras, un incremento anual
de 37% en un año; ambas
cifras cubren los respectivos déficit de caja de PDVSA, a
la cual el BCV proporcionó casi
US$40.000 millones en financiamiento monetario en 2013; y
de empresas básicas de
Guayana y otras empresas socialistas no petroleras.
El acuerdo que PDVSA promueve recientemente con el BCV
para intercambiar
acciones de una empresa de explotación de oro por los
pagares acumulados en manos del
BCV, valoradas dichas acciones en dólares a la tasa SICAD,
apunta a reducir los enormes
pasivos contables de la estatal petrolera en su balance
financiero por dichos pagares, pero
no reduce en nada el problema monetario-cambiario
originado, ni resuelve las enormes
necesidades de financiamiento en bolívares presentes en
2014 de la principal empresa del
país.
La consecuencia, universalmente conocida, del
financiamiento monetario del banco
central al gasto deficitario de empresas del sector público,
es la presión alcista en el
mercado cambiario (no oficial) e inflación más alta. Es
aquí donde la crisis cambiaria o de
balanza de pagos se comienza a tornar en una crisis social, además de deteriorar aún más
el aparato productivo nacional, bajo un asfixiante régimen
de control de precios y de
cambio, muy rezagado en suplir divisas al sector privado;
además, con una amplia
demanda de divisas, alimentada por la rápida expansión de
la masa monetaria (creada
para financiar el déficit de PDVSA y de otras empresas) y
un creciente diferencial
cambiario sobre la tasa no oficial.
Esta especie de círculo vicioso, de centrífuga muy
perjudicial, de déficit público,
restricción en entrega de divisas petroleras al BCV,
emisiones de dinero sin respaldo del
BCV, depreciación del bolívar y elevación de la inflación
y caída de salario real; para luego
tener un nuevo impacto alcista sobre el déficit del sector
público, constituye un gran
desafío a la política económica actual, de escasa
coherencia económica y renuente a
atacar las causas de estos graves problemas.
La estabilidad económica y social de Venezuela se ve
seriamente amenazada en 2014
de continuar este perverso círculo de políticas erradas,
además de elevar la percepción de
riesgo país, acompañada de una política comunicacional que
intenta promover la
desviación de la responsabilidad central del Gobierno
hacia otros actores secundarios, a
través de la amplia red de medios de comunicación sujetos
a la influencia de la
propaganda oficial.
En realidad estamos ante una crisis cambiaria compleja de
grandes dimensiones,
originada por excesos con recursos fiscales y petroleros
dentro y fuera del país, que han
causado una altísima sobrevaluación en la tasa de cambio
oficial. La tendencia a mantener
una tasa de cambio oficial sobrevaluada en la última década
llevó al Gobierno a exigir,
bajo distintos mecanismos de aportes a cuentas externas,
una mayor proporción de los
ingresos en moneda extranjera de PDVSA, creando desde 2010
una aguda limitación
financiera en esta empresa y restringiendo el suministro
de divisas petroleras al BCV y por
tanto a CADIVI. Para cubrir el déficit de caja creado en
la estatal petrolera y sin detenerse
en consideraciones sobre sus desastrosas consecuencias
inflacionarias, cambiarias y
sociales, se recurrió al ya explicado financiamiento
monetario, vía el BCV, del déficit en
bolívares de PDVSA y de otras empresas públicas, violando
además los artículos 318 y 320
de la Constitución Nacional.
3.
La rectificación en política económica para el bien de Venezuela
El impacto de la devaluación del bolívar de febrero 2013 y
de enero 2014 sobre los
precios al mayor y al consumidor, acompañada por la
limitada e irregular entrega de
divisas al sector privado y la rápida depreciación del bolívar
en los mercados no oficiales
de las fronteras, llevó a elevar la expectativas privadas
sobre el costo de reposición de
mercancías importadas. Estas circunstancias cambiarias
confusas también suelen ser
acompañadas por fraudes y prácticas especulativas. Los
precios en bienes importados o
nacionales con componentes importados, se dispararon de
tal manera, que el poder de
compra del venezolano comenzó a caer rápidamente.
La respuesta gubernamental desde finales del 2013, de
centrarse en atacar y
pretender controlar parte de las consecuencias de los problemas económicos
previamente descritos, al
sancionar con amplio despliegue mediático algunos casos de
especulación y el fraude cambiario, práctica generalizada
aún dentro de las compras del
sector público, evidentemente no enfrenta las causas económicas primarias de las alzas
de precios, el desabastecimiento y la escasez creciente de
bienes de consumo, equipos,
repuestos e insumos intermedios para la industria,
agricultura y construcción.
Las dificultades de suministro de bienes importados a los
consumidores no terminan
con el problema de la restricción en la entrega de divisas
a los importadores. Las
importaciones registradas a tasa oficial sufren sistemáticamente
de sobrefacturación o
fraude cambiario, estimada por analistas dentro y fuera
del Gobierno en
aproximadamente un tercio del total. Esto suele ocurrir en
los regímenes de control de
cambio cuando su uso se prolonga en el tiempo y es muy difícil
de reducir con
funcionarios que tienden a pasar a participar,
impunemente, en la corrupción cambiaria,
tal como fue narrado por un destacado periodista de
Venezolana de Televisión,
directamente vinculado al sector oficialista, en mayo de
2013.
Van 11 años desde el establecimiento de CADIVI y las
distorsiones inducidas en los
sectores productivos han sido muy negativas para el
desarrollo económico del Venezuela.
Cambiar el nombre a la misma plataforma tecnológica y
cuerpo de funcionarios, no va a
hacer al Centro Nacional de Comercio Exterior menos
propenso a prácticas de corrupción
impunes, ni permitirá detectar la fallas de suministros de
decenas de miles de insumos y
productos, cuya ausencia o retraso detienen líneas de
ensamblaje y paralizan el
abastecimiento a las redes de distribución nacional. La
respuesta del consumidor
preocupado por la ausencia cíclica o permanente de algunos
productos es comprar una
mayor cantidad de bienes. Esto, nuevamente, es una
consecuencia y no una causa
primaria del problema económico. Detener este proceso de
deterioro económico y social
debería ser la prioridad de un Gobierno con genuina
sensibilidad social.
Además, para agravar la crisis de escasez, tanto en las
importaciones privadas como
en las públicas, así como con los bienes nacionales
sujetos a regulación de precios por
debajo de costos de producción, se observan rutas de
contrabando, bien establecidas con
alto tráfico, hacia los mercados de los países vecinos, así
como para los mercados negros
locales. Los diferenciales de precios reales entre los
bienes e insumos en bolívares (muy
bajos a la tasa no oficial) y los internacionales, han
convertido la tarea de mantener el
suministro normal de
productos e insumos dentro del país, en una misión prácticamente
imposible de lograr.
En una economía abrumada por controles cada vez más
ineficaces en sus objetivos, la
corrupción florece y crea grandes fortunas compartidas entre
funcionarios y oportunistas
del sector privado; todo esto ocurre bajo los perversos
incentivos originados en la
ineficiente asignación de recursos, fomentada por la misma
política oficial de controles,
para fines más políticos y electorales que económicos. La
inflación en alza y las amplias
distorsiones cambiarias empobrecen más a los pobres y
aumentan la riqueza de los pocos
que tienen acceso a ahorros en moneda dura, lo cual
deteriora rápidamente la
distribución del ingreso nacional. De continuar el
Gobierno en el presente curso, los
problemas económicos de los venezolanos se agravaran en
forma dramática. El alza
sostenida de los precios, la caída del ingreso real, las
limitadas oportunidades de empleos
bien remunerados y la escasez de alimentos, medicinas y
una variedad de bienes de uso
frecuente, harán de la vida de los venezolanos un proceso
de empobrecimiento y
padecimiento por pesadas dificultades económicas, todas
relacionadas entre sí.
El camino a la solución de los problemas petroleros y económicos
descritos, la
verdadera causa, se puede iniciar con la reorganización
del flujo de divisas de PDVSA, lo
cual debe facilitar el aumento de la capacidad de producción
petrolera y aumentar el
suministro de divisas al BCV, el cual fue de 98% del total
de las exportaciones petroleras
antes de 1999; y fue disminuyendo hasta representar sólo
53% de las exportaciones en los
tres primeros trimestres de 2013. No obstante, es
imperativo establecer simultáneamente
un balance fiscal en el sector público (reducción del
enorme déficit) con disciplina
monetaria (eliminar el financiamiento monetario del BCV al
sector público), para poder
orientar la política económica a alcanzar un régimen
cambiario con una sola tasa de
cambio, con libre convertibilidad y acceso a divisas, tal
como lo disfrutan hoy Bolivia y
Ecuador, países del ALBA con mucho mejor sentido de
responsabilidad fiscal y estabilidad
económica.
Las reservas internacionales deben elevarse al recibir el
BCV nuevamente un alto
porcentaje de las divisas por exportación petrolera; y la
República y PDVSA deben diseñar
un plan inmediato de recuperación pronta de las enormes
cifras de ventas petroleras
financiadas a largo plazo o en morosidad, a varios países
de la región. Estos son
lineamientos básicos, para buscar una solución definitiva
a la crisis cambiaria, aumentar la
oferta de divisas en forma racional a la economía nacional
y contribuir a un plan de corto y
mediano plazo para acabar con el desabastecimiento/escasez
y bajar la inflación.
Las políticas aisladas, tomadas únicamente por razones
fiscalistas, tales como
devaluar o incrementar el precio de la gasolina, sólo
generan malestar en la población sin
1resolver el problema de fondo
del desbalance fiscal y sin frenar el círculo vicioso de más
controles, menor producción, más contrabando y corrupción,
causando mayor inflación y
escasez, lo cual impide el desarrollo de una economía
productiva y una sociedad próspera.
Es necesaria una política económica coherente, sin
prejuicios ideológicos arrastrados del
siglo XX, que enfrente de modo gradual y decidido los
problemas económicos acumulados
en los últimos 10 años.
Un sector petrolero fuerte y en crecimiento, una política
cambiaria adecuada y
sostenible, conjuntamente con un sólido balance fiscal
transparente (sin fondos públicos
en divisas en el exterior para gasto extra-presupuestario
discrecional) es compatible con
una amplia política social contra la pobreza, un banco
central autónomo y distante de
financiar el déficit público. Instituciones sólidas y
respetadas, con políticas sanas, son
condiciones esenciales para reducir la inflación y el
endeudamiento, elevar el salario real y
estimular el crecimiento de la producción nacional, para
así alcanzar una estabilidad
económica duradera. Al alcanzar la estabilidad económica
Venezuela podrá entonces
contar con capacidad para elevar su producción de bienes
servicios e insertarse
exitosamente en el MERCOSUR, lo cual hará también
necesario un entendimiento entre el
sector público y sector privado.
Gracias a esta clase de estabilidad económica, las políticas
sociales han podido
cumplir con mayor efectividad sus objetivos en casi todos
los países grandes y pequeños
de América Latina, contribuyendo a mejorar efectivamente
la calidad de vida de sus
habitantes y a protegerlos de los males que nos agobian
hoy a nosotros en Venezuela.
Inculcar el valor de vivir del ingreso provisto por el
trabajo propio y no de la renta
administrada por el Estado, exige un marco de política
económica y petrolera muy distinta
al actual. Confiamos en que el interés nacional lleve al
gran esfuerzo de rectificar en estas
áreas, de la cuales depende el bienestar presente y futuro
de los venezolanos.
www.pensarenvenezuela.org.ve
Caracas, jueves 30 de enero
2014
47 economistas venezolanos
con trayectoria académica y/o experiencia en el sector
público suscriben este
documento:
SARY LEVY PATRICIA HERNANDEZ
ORLANDO OCHOA RONALD BALZA
TAMARA HERRERA ANGEL GARCIA BANCHS
JOSE GUERRA ASDRUBAL OLIVEROS
1ISAAC MENCIA ALEJANDRO
GRISANTI
RICHARD OBUCHI VÍCTOR OLIVO
PEDRO PALMA DOMINGO SIFONTES
FRANCISCO IBARRA GUSTAVO ROJAS
LUIS CARLOS PALACIOS HENKEL GARCIA
HECTOR SILVA MICHELENA ADICEA CASTILLO
TEODORO PETKOFF EDUARDO J. ORTIZ F.
HUMBERTO GARCIA LARRALDE NEURO VILLALOBOS
FRANCISCO FARACO TARQUINO BARRETO
HECTOR MALAVE MATA EDISON MORALES
LUIS BELTRÁN PETROSSINI ALEJANDRO GUTIERREZ
ALCIDES VILLALBA MARCOS MORALES QUINTERO
GUSTAVO GUEVARA JESUS CASIQUE
EDGAR CARDENAS MEDINA PABLO POLO
LEON SARCOS GUSTAVO MACHADO
MARIA ALEJANDRA PAUBLINI JORGE SANCHEZ MELEAN
RAFAEL PIÑA PEREZ EDISON MEDINA JIMENEZ
ALBERTO CASTELLANO DOUGLAS RAMIREZ
JOSE MANUEL PUENTE ANTONIO PAIVA
MARCOS
SANDOVAL__
