JUAN MARTIN ECHEVERRÍA| EL UNIVERSAL
domingo 26 de enero de 2014 12:00 AM
El Gobierno ha ejecutado 22 planes de seguridad, pero más bien se trata de ciertos lineamientos concentrados en la actuación militar y policial; es malo que hayan sido tantos, porque confirmaría que no han funcionado y peor, que no se ha consultado a nivel de los especialistas, ni con las comunidades. Ello explica la alta impunidad, los índices de homicidios, la sensación de inseguridad y la modificación de la conducta cotidiana de los ciudadanos, para reducir el riesgo de ser víctima de un delito violento. Todo lo anterior exige una política criminal comprensible, apoyada en las estadísticas y con un anclaje en la realidad.
Las autoridades se han dado el lujo de contratar globos aerostáticos para detectar lo que ocurre en las calles, aun sin disponer de la respuesta policial inmediata y ahora se adquirieron cámaras, que dará pocos resultados si no hay una logística donde funcione el 171 como teléfono de emergencia y exista la policía comunitaria o de proximidad, sin hablar por ahora de tolerancia cero. ¿Cómo mejorar el índice de rentabilidad de la policía, fiscalía, justicia, cárceles y prevención?, si no se articula un plan que abarque a todos los integrantes del sistema penal, las policías estadales y municipales, los barrios y urbanizaciones en base a una integración funcional, que permite elevar los márgenes de eficiencia. A todo esto se agrega la excesiva militarización de la seguridad, que por su naturaleza debe ser atendida por civiles, de acuerdo a los estándares internacionales y la experiencia de las ONG.
Decálogo contra la inseguridad: 1) Reactivar la Comisión Nacional de Prevención a nivel presidencial con representación de dirigentes políticos, criminólogos y funcionarios de amplia experiencia. 2) Coordinar un Plan de Política Criminal con los organismos llamados a combatir y reducir la criminalidad. 3) Policías, fiscales, jueces y personal interno de las cárceles depurados, con mejoras salariales, previsión social y viviendas. 4) Cárceles sin pranes, armas de guerra y bonches. 5) Fiscales y jueces de carrera autónomos, seleccionados por concurso y ascendidos por méritos. 6) Activar la sociedad civil, estrechamente vinculada con el policía de punto, dando preferencia a la presencia permanente sobre el patrullaje puro y simple. 7) Proceder al desarme en base a una política realista de decomisos y desmantelar los circuitos que suministran las armas. 8) Ejecutar un programa que reduzca los desafueros de los motorizados y aprehenda a la minoría que delinque. 9) El 171 en comunicación plena entre los ciudadanos y las autoridades con apoyo las 24 horas del día. 10) La recuperación de los espacios públicos y sobre todo de las canchas deportivas.
Toda política de seguridad tiene que ser participativa, ya que solo podrá ser efectiva si logra la confianza de los ciudadanos, la descentralización operativa logra vecindarios seguros y convivencia, igualmente debe rendir cuentas y estar orientada hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad. La actual impunidad es la contracara de la democracia y la causa fundamental de la criminalidad.
Las autoridades se han dado el lujo de contratar globos aerostáticos para detectar lo que ocurre en las calles, aun sin disponer de la respuesta policial inmediata y ahora se adquirieron cámaras, que dará pocos resultados si no hay una logística donde funcione el 171 como teléfono de emergencia y exista la policía comunitaria o de proximidad, sin hablar por ahora de tolerancia cero. ¿Cómo mejorar el índice de rentabilidad de la policía, fiscalía, justicia, cárceles y prevención?, si no se articula un plan que abarque a todos los integrantes del sistema penal, las policías estadales y municipales, los barrios y urbanizaciones en base a una integración funcional, que permite elevar los márgenes de eficiencia. A todo esto se agrega la excesiva militarización de la seguridad, que por su naturaleza debe ser atendida por civiles, de acuerdo a los estándares internacionales y la experiencia de las ONG.
Decálogo contra la inseguridad: 1) Reactivar la Comisión Nacional de Prevención a nivel presidencial con representación de dirigentes políticos, criminólogos y funcionarios de amplia experiencia. 2) Coordinar un Plan de Política Criminal con los organismos llamados a combatir y reducir la criminalidad. 3) Policías, fiscales, jueces y personal interno de las cárceles depurados, con mejoras salariales, previsión social y viviendas. 4) Cárceles sin pranes, armas de guerra y bonches. 5) Fiscales y jueces de carrera autónomos, seleccionados por concurso y ascendidos por méritos. 6) Activar la sociedad civil, estrechamente vinculada con el policía de punto, dando preferencia a la presencia permanente sobre el patrullaje puro y simple. 7) Proceder al desarme en base a una política realista de decomisos y desmantelar los circuitos que suministran las armas. 8) Ejecutar un programa que reduzca los desafueros de los motorizados y aprehenda a la minoría que delinque. 9) El 171 en comunicación plena entre los ciudadanos y las autoridades con apoyo las 24 horas del día. 10) La recuperación de los espacios públicos y sobre todo de las canchas deportivas.
Toda política de seguridad tiene que ser participativa, ya que solo podrá ser efectiva si logra la confianza de los ciudadanos, la descentralización operativa logra vecindarios seguros y convivencia, igualmente debe rendir cuentas y estar orientada hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad. La actual impunidad es la contracara de la democracia y la causa fundamental de la criminalidad.
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