11 DE MAYO 2016 - 12:01 AM
Desde su creación, el pasado 10 de febrero de este año, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio de la Defensa, tiene el monopolio de la explotación minera sin limitación ni control alguno, algo que profundiza aún más la corrupción y la depredación de nuestros recursos.
Llama la atención que una ficha “revolucionaria” como el mayor general Clíver Alcalá Cordones –incluido en la lista de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, septiembre 2011–, ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana, afirmara que el Estado perdió el control del sector minero y que “no hay voluntad política de acabar con las mafias de traficantes de oro porque no hay ejercicio del poder, pues cuando se ejerce se hace de manera limitada” y para más INRI añadió: “Que con la explotación del arco minero se está enriqueciendo un pequeño grupo y ese trabajo es responsable del daño ambiental que impacta al país”. ¿Cuál será el trasfondo de esas denuncias?, ¿a quién se dirigen? ahora que los militares pueden ser petroleros y mineros, ¿acaso lo dejaron al margen de algún negocio?
Interrogantes obvias cuando el régimen, silenciosamente, ha comenzado a autorizar la explotación minera de oro y diamante, que intenta disimular con el real foco de riqueza del coltán, conocido como “el oro azul”, un mineral considerado altamente estratégico, imprescindible para dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, GPS, satélites artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, videoconsolas y para la industria militar y aeroespacial. Según la ONU, el expolio y tráfico de esta riqueza mineral arrojó en el Congo más de 5 millones de muertos, por guerras asociadas al control de ese recurso. El régimen de Maduro ya firmó una concesión con la empresa minera de la República Democrática del Congo –que tiene cerca de 80% de las reservas mundiales–, para la explotación del área 1 del arco minero del Orinoco, rica en coltán.
En Venezuela hay una de las grandes reservas del planeta; según cálculos oficiales, tenemos una potencialidad en coltán valorada en más de 100.000 millones de dólares, y está siendo saqueada de manera discreta por las poderosas mafias contrabandistas ligadas al régimen militar chavista. Según el diputado por el estado Bolívar Américo De Grazia, la masacre de Tumeremo el pasado mes de marzo “no fue cualquier caso delictivo común, sino una misión encargada por el gobierno para favorecer sus planes con las trasnacionales”.
“El hombre nuevo”
El gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, ha vinculado al criminal abatido alias “el Picure” al paramilitarismo colombiano, y sin ningún escrúpulo lo relacionó con los partidos Voluntad Popular y Acción Democrática, cuando en realidad sostenía conexiones con personajes de los cuerpos de seguridad del Estado, que lo aprovisionaron de un arsenal proveniente de la Fuerza Armada, y sus contactos internos le alertaron para impedir que le pusieran la mano y mantuviera su control sobre las vidas y propiedades de gran parte del Guárico y otros estados.
“El Picure” junto con “el Conejo” y los pranes que gobiernan las cárceles y tienen en jaque a una población sometida a un permanente estado de queda, son producto de esta malograda revolución. El pasado 7 de octubre de 2015 en esta misma tribuna escribí que “el Picure perteneció a la unidad de Operaciones Especiales de la Armada hasta que pidió la baja, luego apareció en el staff de escoltas del gobernador del Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, hasta que organizó su propia banda”. Nadie lo desmintió.
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