Moisés Naím 15 de mayo 2016 - 12:01 am
Cuando se habla de un “Estado fallido” la imagen más común es
la de un muy pobre país africano donde masacres, hambrunas y epidemias
son la norma y en el cual el gobierno existe más para enriquecer a
quienes tienen el poder –y reprimir a sus ciudadanos– que para prestar
servicios públicos o proteger a la población. No es lo que viene en
mente cuando pensamos en Venezuela, con sus rascacielos, bancos,
autopistas, su amplio historial democrático, sus enormes reservas de
petróleo y su gobierno que enfatiza su amor por los pobres en su
discurso.
Pero la realidad es que el Estado venezolano ha dejado
de cumplir muchas de las funciones básicas que caracterizan un Estado:
de la seguridad ciudadana al acceso a alimentos o medicinas, la
prestación de servicios públicos básicos, un mínimo manejo de la
economía o la defensa de las fronteras del país. La polarización
política, la propaganda y la admiración romántica que aún queda por el
carismático Hugo Chávez hacen que la discusiones y titulares sobre
Venezuela oculten los extremos de fracaso gubernamental y tragedia
humana que hoy se viven en ese país. Pero más útil que el debate teórico
sobre la falla del Estado en Venezuela es ofrecer algunas viñetas de la
vida cotidiana que ilustran la crisis humanitaria y el robo masivo que
consume a este pobre país rico de América Latina.
¿Quién mató a Maikel Mancilla?
A
sus 14 años, Maikel Mancilla llevaba 6 luchando contra la epilepsia. Su
enfermedad estaba más o menos controlada gracias a la lamotrigina, un
anticonvulsivo común. Pero conseguirlo se hizo cada vez más difícil y se
transformó en una tarea épica para todo la familia. A medida que
aumentaba el desfase entre el coste real del fármaco y el precio al cual
el gobierno autorizaba su venta en las farmacias, encontrarlo se volvió
imposible.
El 11 de febrero, Yamaris, la madre de Maikel, le dio
la última pastilla de lamotrigina que tenía. A ninguna de sus farmacias
habituales le quedaban anticonvulsivos. Yamaris recurrió a las redes
sociales –que actualmente en Venezuela están repletas de gente
desesperada en busca de medicamentos que escasean–, pero no tuvo suerte.
En pánico, pasó horas saltado de una farmacia a otra, pero al final
volvió a casa con las manos vacías.
Inevitablemente Maikel sufrió
una serie de ataques epilépticos cada vez más graves, ante la impotente
mirada de su familia. El 19 de febrero, a la 1:15 de la madrugada, murió
a causa de una insuficiencia respiratoria.
El caso de
Maikel no es único. El hundimiento del sistema sanitario y la escasez de
medicamentos se cobran vidas todos los días. Los pacientes
psiquiátricos que sufren esquizofrenia tienen que arreglárselas sin
antipsicóticos. Decenas de miles de pacientes con sida luchan a diario
para encontrar los antirretrovirales que necesitan, y para los
diabéticos conseguir insulina es igual de azaroso. Los enfermos de
cáncer no disponen de quimioterapia. Incluso la malaria –que
prácticamente había desaparecido de Venezuela hace una generación y se
puede tratar fácilmente con medicamentos baratos– ha regresado con
resultados mortíferos. Los cirujanos reportan que concluyen las
operaciones antes de tiempo ya que no disponen de suficiente anestesia.
El héroe venezolano de la Fórmula 1
Mientras
los venezolanos mueren por falta de medicamentos básicos el gobierno de
Hugo Chávez antes y de Nicolás Maduro ahora gastó decenas de millones
de dólares cada año para garantizar que su compatriota, Pastor
Maldonado, pudiese competir en el circuito mundial de Fórmula 1.
Maldonado, amigo de las hijas del presidente Chávez, no ha mostrado
mucho talento como piloto –solo ganó una carrera en cinco años. No
importaba. La petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, gastaba más de 45
millones de dólares al año para que Maldonado siguiese corriendo y
exhibiendo el logo de la petrolera en su bólido. Este año, Pastor
Maldonado, cuya propensión a estrellarse hizo que sus colegas lo
apodaran Crashtor, (el Chocón) se vio obligado a abandonar el circuito
de Fórmula 1 cuando a Pdvsa, saqueada por la corrupción y debilitada por
la crisis del petróleo, se le acabo el dinero. Sin el dinero del
patrocinio, el equipo acabó echando a Crashtor.
La generosidad de los presidentes
Chá
vez y Maduro con el petróleo venezolano es legendaria. El dinero
petrolero lo han repartido por todo el planeta, desde los 18 millones de
dólares pagados a Danny Glover en 2007 para producir una película
ideológicamente apropiada (que aún está sin terminar) hasta los millones
de dólares venezolanos gastados para mantener a flote la economía
cubana o financiar a partidos y movimientos de izquierdas por doquier,
desde El Salvador hasta Argentina, pasando por España, y más allá.
Mientras tanto, los venezolanos, sobre todo los más pobres, sufren las
consecuencias de un país sin medicinas y alimentos.
El brote de crimen alimenta el brote de zika
Venezuela
sufre uno de los peores brotes de zika de Sudamérica. El Instituto de
Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela es el lugar
donde chocan las crisis criminal y la emergencia sanitaria. El instituto
–eje de las repuestas nacionales a epidemias tropicales como la de
zika– fue desvalijado 11 veces en los dos primeros meses de 2016. Esto
dejó al laboratorio sin un solo microscopio.
Naturalmente la
respuesta del país al brote de zika en estas condiciones es, por decir
lo menos, precaria. Además, los intentos por reparar el daño se ven
afectados por las mismas disfunciones que afligen al resto de la
economía: simplemente no hay dinero para sustituir el costoso equipo
importado que los criminales robaron.
Otros aspectos del
hundimiento del Estado también agravan la crisis del zika. La
infraestructura hidráulica de las ciudades venezolanas se está viniendo
abajo tras casi dos décadas de negligencia y corrupción. Las empresas de
agua públicas han respondido a la rebaja del nivel de las reservas con
severos racionamientos.
Algunos barrios pobres pasan días e
incluso semanas sin agua corriente. La mayoría de las personas se
adaptan y llenan varios baldes cuando se reestablece el servicio,
preparándose para los periodos secos. Naturalmente, almacenar agua en
baldes es precisamente lo último que habría que hacer cuando uno se
enfrenta a una epidemia transmitida por mosquitos: los recipientes se
convierten en zona de cría para los insectos que transmiten el virus del
zika, además de otros como la chikungunya, el dengue e incluso la
malaria.
Sin electricidad no hay justicia
La sequía
que contribuye al racionamiento del agua ha provocado que el nivel de
agua en las presas hidroeléctricas del país caiga alarmantemente. Así,
los apagones se han vuelto comunes. Vivir sin agua y sin electricidad se
han vuelto una normal realidad cotidiana. Las empresas públicas tienen
problemas para mantener suficiente agua en las reservas para evitar un
colapso total de la red eléctrica.
No tenía por qué ser así. Desde
2009 se han destinado centenares de millones de dólares a construir
nuevas plantas de energía a base de diesel y gas natural, cuyo objetivo
concreto era el de aliviar la presión de una red hidroeléctrica antigua.
Sin embargo, buena parte de la capacidad nunca llegó al sistema, y
nunca se rindieron cuentas sobre el dinero. Se lo robaron. En Estados
Unidos dos personas han sido condenadas, pero en Venezuela nadie parece
estar investigándolo.
Es un reflejo simbólico de la impunidad que
reina en todos los ámbitos del Estado, desde los crímenes más graves
hasta las más altas instancias gubernamentales. El 4 de marzo, 28
mineros desaparecieron en la jungla, cerca de la frontera brasileña,
mientras testigos presenciales hablaban de una masacre. Hasta ahora
solo se han arrestado a cuatro personas vinculadas con el suceso. Sin
embargo, no se trata de los culpables, sino de familiares de las
víctimas que habían osado pedir justicia. A finales del año pasado, dos
sobrinos de la poderosa primera dama –incluido uno que creció en el
hogar del presidente– fueron arrestados en Haití por agentes de la DEA
que supuestamente los grabaron ofreciendo una gran cantidad de cocaína a
unos agentes que se hacían pasar por traficantes. La reacción de la
primera dama fue acusar a la DEA de secuestrar a sus sobrinos.
Estas son solo algunas de las viñetas que ilustran el colapso del Estado en Venezuela. Tristemente hay muchas más.
No
es posible entender la revolución bolivariana y su fracaso sin
incorporar en el análisis el enorme impacto que ha tenido el masivo
saqueo que funcionarios gubernamentales, oficiales militares y sus
cómplices del “nuevo sector privado”, la burguesía bolivariana enchufada
al gobierno, han echo de los dineros públicos. Se han robado cantidades
macroeconómicas.
En Venezuela la cleptocracia disfrazada de
ideología socialista y amor a los pobres destruyó al Estado. Es urgente
comenzar la recostrucción de un país devastado.
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