La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que 233 personas continúan privadas de libertad por participar en los hechos violentos ocurridos en Bolívar, Apure, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Falcón, Sucre, Táchira y Zulia, durante los días 16, 17 y 18 de diciembre, cuando salió de circulación el billete de 100 bolívares.
La funcionaria destacó que esos días fueron detenidas 424 de los cuales 404 son adultos, 20 adolescentes, y 16 mujeres.
En la inauguración de siete dependencias del Ministerio Público en el estado Carabobo, detalló que han sido presentadas en los tribunales 338 personas, de las cuales 233 quedaron privadas de libertad, 79 con presentación periódica ante tribunales, 16 con libertad plena, 9 con fianza y una con arresto domiciliario.
Entre los delitos que fueron imputados por el Ministerio Público, se encuentran: hurto calificado y agravado; agavillamiento, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la devastación y al saqueo e incendio a edificio.
Ortega Díaz resaltó que también hay efectivos policiales detenidos a quienes se les acusó por el delito de uso indebido de arma orgánica. Además, dijo que ayer fueron presentadas el resto de las personas que no habían tenido la audiencia preliminar.
Entre los privados de libertad se encuentran cuatro personas que realizaron transacciones con dinero que no pudieron justificar; y fueron señaladas por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La fiscal también informó sobre la incautación de cuatro armas de fuego y confirmó la muerte de cuatro personas: dos adultos y dos adolescentes por la alteración del orden público.
Ortega Díaz pidió a los organismos de seguridad del Estado y a la ciudadanía en general a mantener la calma ante situaciones como las que se presentaron recientemente. "Hubo personas que instigaron al saqueo y a la comisión de delitos", dijo la representante del Ministerio Público.
Reiteró el llamado a los funcionarios de los cuerpos de seguridad para que individualicen los hechos, a fin de evitar las aprehensiones de personas que no están cometiendo delitos.
Elenis Rodríguez, presidente de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, denunció violaciones al debido proceso. Señaló que en el estado Bolívar se les impidió a los detenidos tener contacto con sus abogados para preparar su defensa. Pidió que antes de emitir alguna sentencia, se le respete el derecho a presentar sus alegatos.
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