El día en que cesó su mandato como presidente del Tribunal Supremo de Justicia el pasado viernes 24 de febrero, la magistrada Gladys Gutiérrez firmó dos nuevas sentencias que profundizan el cercenamiento de la facultad de control político de la Asamblea Nacional sobre los otros poderes públicos.
En la sentencia 88 Gutiérrez ordenó a la Contraloría General y a la Fiscalía determinar si el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, Freddy Guevara (VP-Miranda), incurrió en delitos administrativos y penales al haber iniciado una averiguación por corrupción contra el ex ministro Rafael Ramírez, por presunta malversación de 11 mil millones de dólares.
En la sentencia 90 eximió al vicepresidente ejecutivo, Tareck el Aissami, y a los ministros del gabinete de presentar su memoria y cuenta correspondiente a 2016 ante la AN, como lo ordena el artículo 244 de la Constitución. En su lugar, Gutiérrez, quien fue cónsul del gobierno de Hugo Chávez en España, candidata a la Gobernación de Nueva Esparta por el MVR y diputada suplente por ese mismo partido, autorizó al tren ejecutivo a presentar sus respectivos informes ante el TSJ, como lo hizo el 11 de enero al permitir al presidente Nicolás Maduro presentar su balance anual ante el Poder Judicial y no ante el Legislativo.
El argumento esgrimido por Gutiérrez en el fallo 90 es el “desacato” de la AN a diferentes fallos del tribunal: “Tal situación de desacato incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones de control político. Ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto el Poder Legislativo, la presentación de memoria razonada no debe tener lugar ante la misma. Esta Sala dispone que en esta oportunidad el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami, y los ministros deben presentar ante este TSJ sus memorias razonadas sobre la gestión en el año inmediatamente anterior, el día viernes 3 de marzo de 2017”.
El jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Stalin González (UNT-DC), criticó ambas decisiones. Respecto a las memoria y cuenta, señaló: “La realidad del país está en las calles. Aunque escondan las memoria y cuenta, nosotros conseguiremos los números que seguirán demostrando cómo la corrupción de este ineficiente gobierno ha dejado al país en la peor crisis de nuestra historia”.
Con estos dos fallos se eleva a 52 el número de sentencias emitidas desde diciembre de 2015 que lesionan la integridad y atribuciones de la AN.
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