La plenaria dio plazo de tres días hábiles a Tarek William Saab para que responda a petición de calificación de faltas de magistrados
Paramilitares, grupos parapoliciales, oficialistas armados, presuntos policías vestidos de civil, terroristas. Fueron algunas de las definiciones dadas en la plenaria ayer por los diputados de la oposición a los grupos conocidos como colectivos, cuya actuación de amedrentamiento, agresión e, incluso, presunta participación en homicidios durante las protestas ha denunciado la oposición desde hace varios años.
En la sesión de ayer los diputados de la MUD debatieron sobre el tema y, en ausencia de la bancada del GPP, el bloque de la Unidad aprobó un acuerdo que condena las actuaciones de dichos grupos y creó una comisión presidida por Stalin Gonzalez (UNT), con el mandato de investigar la responsabilidad política del ministro del Interior Néstor Reverol y del director del Sebin, Gustavo González López, en la actuación de esos grupos. El acuerdo emplaza expresamente a la FANB a desarmarlos. 12 diputados intervinieron en el punto. Delsa Solorzano (UNT) acusó a Nicolás Maduro de incumplir la Ley Desarme y actuar contra su letra al armar a civiles: “Otras dictaduras, en otros tiempos, han hecho lo mismo, en Haití, Dominicana, Italia, Alemania y Panamá”.
José Guerra (PJ) exigió al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, "someter y desarticular a esos grupos violentos". Freddy Superlano (VP) advirtió un esquema de ataque contra las protestas de la oposición: "Cuando no son suficientes los guardias nacionales y los policías llaman a los colectivos. La fiscal Luisa Ortega debe poner el primer ladrillo para la paz y abrir investigaciones contra estos grupos”.
Alexis Paparoni (PJ) mostró una comunicación suscrita el lunes por el secretariado del bloque de colectivos de Mérida en la que convocan a sus miembros a "colaborar con el patrullaje en unión cívico-militar junto con la FANB". Franklin Duarte (Copei) alertó que debe investigarse además la relación de los gobernadores del PSUV con estas acciones: “En Táchira, en la casa del gobernador, se resguardan los asesinos paramilitares". Gaby Arellano (VP) describió a los mencionados factores antisociales como "el brazo armado del PSUV y la dictadura".
La AN también debatió ayer sobre la falta de respuesta formal del Consejo Moral Republicano a la solicitud presentada por el Parlamento el 31 de marzo y a la consignada por dos ciudadanos el pasado 17 de abril para que ese ente califique la falta grave de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ que avalaron las sentencias 155, 156, 157 y 158. La plenaria acordó investigar la actitud "parcializada" del presidente del CMR, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y darle un plazo de tres días hábiles para que responda las solicitudes. Caso contrario, investigarán su presunta participación en el golpe de Estado denunciado por la fiscal Ortega el 31 de marzo.
De acuerdo con la ley, el CMR debió notificar de inmediato a los magistrados para que le remitieran sus descargos por escrito, para lo cual tienen un lapso de 8 días hábiles, el cual vence este viernes si es que el presidente del CMR, Tarek William Saab, los ofició oportunamente el día 18 de abril.
Ángel Medina (PJ) llamó a Saab "defensor del dictador"; Sonia Medina (VP) condenó que el Defensor "cierre las puertas al pueblo mostrando posturas parcializadas". Henry Ramos (AD) acusó a Saab de "estar en ese cargo para cohonestar los delitos del gobierno".
Los diputados de oposición también anunciaron que convocarán en los próximos días a la sociedad civil para que se postule al Comité de Postulaciones Judiciales, órgano encargado de evaluar y proponer a los nuevos magistrados.
Es de señalar que antes de iniciar la postulación de nuevos magistrados se requiere constatar las vacantes -en este caso por remoción- de los titulares.
No comments:
Post a Comment