38 ONG que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos rechazaron la usurpación de funciones y abusos de poder del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Nueva Esparta.
Relataron que el 21 de abril los apresados no tuvieron acceso a sus familiares y abogados. La declaración fue ofrecida en la audiencia de presentación de los 38 ciudadanos detenidos por la GNB, PNB y la Policía del estado Nueva Esparta, en “redadas ilegales e inconstitucionales”.
Este tribunal, a cargo de Roberto Morillo Lara, solo permitió contactos con sus abogados a algunos aprehendidos 30 minutos antes de la audiencia.
Destacan que, pese a que la Fiscalía encontró vicios en el expediente que evidenciaban graves violaciones a los derechos fundamentales y que solicitó la nulidad de las actuaciones por lo que correspondía la libertad plena de los detenidos, el tribunal, “usurpando funciones y en un evidente abuso de poder, imputó los delitos de daños agravados e instigación pública y les impuso a los aprehendidos una sustitutiva de libertad con presentación de fiadores. Lo que constituye una privación ilegítima de la libertad de los ciudadanos”.
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Rechazan la subversión del orden establecido por el juez Morillo, porque es una violación al derecho a la defensa, debido proceso y libertad personal, “de no ser solventada de manera inmediata, se constituye en una ruptura del orden constitucional al asumir el Poder Judicial competencias del ciudadano”.
Piden a la fiscal Luisa Ortega Díaz y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, para que de manera inmediata tomen medidas para dar libertad plena a los detenidos.
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