MARIANELLA
SALAZAR.
Al
gobierno no le importa guardar las apariencias democráticas. Le resbala ser
señalado en el mundo como una dictadura violadora de derechos humanos, que se
mantiene en el poder por ejercer terrorismo de Estado a través de la justicia y
de férreos controles que impiden al ciudadano ejercer las libertades
consagradas en la Constitución, empezando por la libertad de expresión y evitar
que se conozca la grave dimensión de los problemas nacionales, poder reprimir
la protesta, negar elecciones limpias con supervisión de observadores
internacionales imparciales y contener la crítica, como intentan hacer con
César Miguel Rondón del Circuito Unión Radio por entrevistar al alcalde de
Cúcuta. La amonestación del organismo encargado, Conatel, persigue promover la
censura y la autocensura en los medios audiovisuales, especialmente en la
radio, que aun cuando está sometida a control oficial y dista mucho de ser un
balcón de pluralidad informativa, conserva unas pocas macetas de independencia
que el gobierno quiere arrancar de raíz. En materia de medios de comunicación
el gobierno nos conduce a un desierto informativo estremecedor. También
está el trato cruel y vejatorio que se da a los presos políticos, al punto de
que a Leopoldo López, condenado a catorce años de cárcel por convocar a una
marcha, solo lo dejan leer la Biblia en su inhóspita prisión de Ramo Verde. Con
razón el líder internacional socialista Felipe González afirma que “en
el Chile del dictador Augusto Pinochet se respetaban más los derechos
humanos que en la Venezuela actual”. ¡Lapidario! ¡Vergonzoso! El gobierno de
Nicolás Maduro está en esa lista ignominiosa de actuales regímenes
antidemocráticos, junto con el sirio Bashar al Assad, tildado de “tirano”
por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su reciente discurso ante
la ONU. Los dictadores tienen cada vez menos oportunidad de mantenerse
intocables, Maduro debería saberlo y tomar medidas para contrarrestar su mala
imagen internacional, pero, al contrario, toma una tan cuestionable como el
cierre de la frontera con Colombia, donde se violaron derechos humanos a
deportados colombianos y lo hizo por desesperación, ante la brutal pérdida de
apoyo de su popularidad que lo coloca en el suelo. Según la última encuesta de
Keller y Asociados la oposición alcanzaría 66% de los votos y el oficialismo
solo 34%, y a medida que la situación económica empeore su apoyo continuará en
descenso, por eso apela a un arcaico nacionalismo, como recurso para ganar
votos, sin importarle la situación económica de la población, que por efecto de
la paralización de actividades comerciales con Colombia afecta no solo a los
habitantes de la frontera sino a gran parte del país. Es característico de
regímenes dictatoriales negar a los ciudadanos oportunidades de crecimiento económico;
según el informe anual de Libertad Económica en el Mundo 2015, Venezuela ocupa
el último lugar de países donde no existe libertad económica, estamos por
debajo del Congo y de Siria, país inmerso en una devastadora guerra, sometido a
las perversas actividades terroristas del grupo Estado Islámico que han
provocado una multitudinaria diáspora de migrantes hacia Europa. Y aunque
en Venezuela no estamos en guerra, irrumpió un terrorismo criminal desatado por
bandas delictivas al que el gobierno no puede ni quiere enfrentar. La situación
no puede ser peor, además del impresentable dúo Maduro-Cabello ahora también
manda El Picure.
Tic tac
La fiscal
46º del Área Metropolitana de Caracas, Beatriz Roso, comisionada para
investigar la explosión de granadas en El Rosal y El Llanito, es competente en
materia de terrorismo.
Vía El
Nacional
Que pasa Margarita
