Miguel Henrique Otero
Tengo el sentimiento de que en la concepción del carnet de la patria subyacen los más siniestros hábitos mentales de la dictadura de Nicolás Maduro. Al régimen no le basta con violentar la Constitución e impedir el derecho al voto. No le basta hacer uso del TSJ para anular la autonomía de los poderes públicos, desconociendo a la Asamblea Nacional. No le basta con politizar a la FANB para que ella sea guardia del gobierno. Ni les resulta suficiente someter al país a un doble programa de hiperinflación y desabastecimiento, que ha provocado un salto en los indicadores de pobreza.
Tampoco le satisface a Maduro y a sus secuaces que bandas de delincuentes, armadas y protegidas por funcionarios, puedan acabar con las vidas de más 28.000 personas al año. No les perturba que, en todo el mundo, los vínculos del gobierno con el narcotráfico sean cada vez más evidentes. La sed de destrucción del chavismo-madurismo no se sacia. Quieren más: ahogar y aniquilar la dignidad de los ciudadanos. Quieren doblegar la moral y la capacidad de resistir que han demostrado.
Y esa es la función primordial del carnet de la patria: crear una dependencia del gobierno. Hacer que cada persona y cada familia deban registrarse, contar con un permiso para adquirir alimentos. El carnet de la patria quiere que las personas hagan colas. Que pidan favores. Que rueguen por una bolsa de comida. Que hagan silencio ante el arrasamiento del país. El carnet de la patria es la indignidad misma. Herramienta para someter a cada persona.
El poder sostiene que el carnet de la patria permitirá controlar el acceso a las bolsas de comida, cuando la realidad es que el sistema de los CLAP, en pocos meses, se ha convertido en una gigantesca operación de corrupción, posiblemente la más extendida que se haya producido en Venezuela. Bolsas de los CLAP ya están a la venta en el norte de Brasil, el este de Colombia, en Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago. El propietario de una empresa de transporte de crudos contó hace unos días a un grupo de exilados venezolanos en República Dominicana, que marinos centroamericanos que trabajan en barcos petroleros están comprando bolsas del CLAP por cinco dólares, en el terminal de carga de crudos en Jose, estado Anzoátegui.
El propio Freddy Bernal ha advertido que los datos del carnet de la patria se cruzarán con 25 bases de datos del gobierno: seguramente se incluirán las de las misiones y otras. Todo esto indica que se trata de un enorme mecanismo de control, con el que aspiran a crear una inmensa base de datos para usos políticos. A quienes se vean obligados por la necesidad a entregar sus datos para recibir un carnet que les permita acceder a una bolsa de comida, se les exigirá lealtades políticas: asistir a las concentraciones, firmar documentos en contra de la democracia, y quién sabe qué otros abusos. Recuerden: el carnet de la patria no es un instrumento administrativo, sino un instrumento de la dictadura. Nada solucionará, sino que se convertirá en una pesadilla para todo ciudadano que entregue sus datos.
