AGUSTÍN BLANCO MUÑOZ | EL UNIVERSAL
viernes 1 de febrero de 2013 12:00 AM
Los llamados revolucionarios, portadores del mensaje y la acción violentos para impulsar la transformación de la sociedad, hacen de la muerte algo necesario y desde todo punto de vista justificable. En este sentido es bien conocida la legión de muertos de cualquiera de los nombrados "procesos de cambios y transformaciones" del siglo XX. No distintos, por cierto, a los que acometen los imperios del capital.
Por eso la llamada revolución bolivariana y socialista del siglo XXI se presenta, en principio, como pacífica aunque de inmediato se agrega "pero armada". Una treta para esconder el verdadero carácter violento de esta experiencia que se califica como revolucionaria.
En este contexto tenemos que ubicarnos para examinar la cuestión carcelaria caracterizada por la supuesta inexistencia del control del Estado.
A lo largo del tiempo la "delincuencia carcelaria" se ha manejado con el código de las conocidas mafias que operan permisivamente en estas instituciones. Ahora la revolución quiere lograr la "regularización del sistema carcelario", lo que significa quitarle control a las mafias.
Pero no dice la revolución que enfrentar las mafias conlleva a una refriega entre sus propias fuerzas. En los 14 años de este proceso la muerte carcelaria no se detuvo sino que se incrementó. Si ayer prevaleció la corrupción democrática, hoy se volvió revolucionaria.
De modo que cuando el Ministerio Penitenciario planifica una acción en cualquiera de las 32 cárceles sabe de antemano que debe pelear con su propia gente por el manejo y dominio de cualquiera de esas instituciones. Sabe que la mafia carcelaria tiene su base, asiento, administración y beneficiarios en el propio Estado.
Esto quiere decir que la delincuencia carcelaria es creada, alimentada y mantenida por un Estado que no puede eludir su condición de delincuente y que la mantendrá a lo largo de su existencia.
Por ello, la tal "regularización de las cárceles para que sean gobernadas por las leyes revolucionarias" pasa por la aplicación de la violencia del Estado. En este escenario no puede haber humanización alguna ni soluciones en el marco del entendimiento, acuerdo o conciliación.
La decisión es aplastar, someter, estrangular a quien no atienda las directrices del Estado Revolucionario. Y en este cuadro de agresión no se puede concebir un preso con una conducta pacifista.
A él se le ha condenado a la simple sobrevivencia en medio de la negación de todo derecho humano.
En el caso de la cárcel de Uribana se actúa en plan de mafia y corrupción. Por ello se comienza con la mentira de la requisa. La propia ministro declara en rueda de prensa (27/01/13) que este centro carcelario constituía un ícono de la violencia donde no se podía entrar porque lo impedirían los "líderes negativos".
Esto quiere decir que es imposible que alguien pensara que la mafia estatal o "Madre de las Mafias" podría ingresar tranquila y cordialmente a sus espacios a practicarle una requisa a los miembros de su estructura que han decidido tomar un camino propio y separado de su progenitor.
Por tanto, resulta elemental que cualquier incursión se haría a partir de un plan encabezado por la "necesaria e indispensable masacre". Según la ministro "el grupito violento de los líderes negativos" generó una situación de violencia y los funcionarios se replegaron para defender sus vidas. No dice, pero está claramente expresado en la escena, que el repliegue se hizo disparando a mansalva. De ahí la cifra oficial de 58 muertos y 80 heridos.
Ante una población penitenciaria de "alta peligrosidad" estaba dada la orden de actuar en "plan de defensa". Y no tiene ningún asidero el señalamiento de que no se pudo alcanzar el objetivo de la requisa porque Globovisión y El Impulso dieron la noticia anticipadamente.
Y queda claro entonces que, el plan de acabar con "el grupito violento de los líderes negativos", era previo al objetivo final que se perseguía del desalojo de esta cárcel, a menos que se admita que el nivel de improvisación de la Mafia Mayor le permite alcanzar un desalojo y reubicación de una población de 2.445 procesados en menos de 24 hs.
Pero ¿cómo se armó la población carcelaria que ahora se masacra? ¿Cómo se convierte en población de "alta peligrosidad"? ¿Cómo se instauran las mafias y se conforma el poder de los "pranes"? ¿Quién nutre y alimenta la situación delincuencial? ¿A quién sirve esta violencia promovida y desatada?
La respuesta es obvia: en las cárceles aplican los mecanismos de corrupción y violencia propios de un Estado Delincuente. Las balas de lado y lado cumplieron su función y se impuso el arsenal del Estado.
Un Estado que no detendrá su "marcha triunfal" para transformar el sistema carcelario que, según la ministro, es la estrategia que preside esta acción.
Esto quiere decir que la "lucha revolucionaria" por lograr la regularización o apego a la ley por parte de las cárceles, será cada vez más intensa y profunda.
No importa el número de muertos en cada caso, sino lograr el propio triunfo de un Estado cada vez más revolucionario que no puede ni podrá desprenderse de su inmanente condición de delincuente.
Mientras se trafique con los hombres, vistos y tenidos como piezas capaces de dar beneficios, mientras se tome la sociedad como una "suma de individuos" que puede ser puesta y dispuesta para la utilización de cualquiera de las miserias de un Estado como éste que se autocalifica de revolucionario, estaremos en el propio abismo de un hombre que tendrá que aspirar, como mínimo, la conquista de la condición de humanidad.
Un hombre sobre el cual recae la condición de desecho revolucionario que no se aparta de lo que ocurre en tiempos de la corrupta y perversa república de la democracia representativa.
¡Qué historia amigos!
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