MIBELIS ACEVEDO DONÍS| EL UNIVERSAL
lunes 5 de mayo de 2014 12:00 AM
Hubo una Venezuela en la que, mal que bien, se creía en la justicia. Sabíamos que no contábamos con un sistema legal perfecto y ortodoxo, libre de la mano peluda de la corrupción y sus larvas o capaz de emular el blindaje de modelos jurídicos de países más desarrollados: aun así, la garantía del Estado de Derecho indisolublemente ligado a la democracia, ofrecía alguna confianza respecto a que un fallo apegado a ciertos procesos y leyes consagradas constitucionalmente, y derivado de criterios de jueces independientes y movidos por códigos de cumplimiento ético, sería respetado.
Hoy estamos lejos de eso. A merced de un sistema de poderes rendido ante los mohines del Ejecutivo, poca o ninguna imparcialidad se espera de juicios donde la afinidad política aliña la estafa. Así, ya no sorprende que en tales querellas quien no comulgue con el Gobierno termine siempre con las "tablas en la cabeza": con desmerito de causa, descalificado, fichado o –muy común- privado de libertad.
El tema de tal lógica de administración de justicia viene a propósito del debate sobre la propuesta de Amnistía (instrumento legal que promulgado en momentos críticos de la historia de muchos países, incluido el nuestro, generó condiciones para cerrar heridas causadas por la violencia resultante de las confrontaciones armadas). Con indiscutible pertinencia, voceros de sectores de oposición nos recuerdan que con perseguidos y presos políticos, la paz social y la reconciliación entre partes se ven seriamente comprometidas. "No puede haber diálogo sin tregua y con rehenes", señala Alfredo Romero, directivo del Foro Penal Venezolano. Pero el Gobierno ha ripostado que "no es tiempo de perdón, sino de justicia", con lo cual sugiere que la aprobación de la ley estaría descartada, aduciendo que víctimas como las del 11A, por ejemplo, no estarían siendo resarcidas si sus victimarios (y es Simonovis, en este caso, quien luce apuntado por el dedo acusador) son exculpados "por una maniobra técnica de la justicia". Edgar Márquez, representante de Asovic, (Asociación de Víctimas del 11 de abril) quien luego de la reunión privada MUD-Gobierno tuvo protagónica aparición en cadena nacional, señaló: "No podemos convalidar ninguna acción que lleve a la impunidad". Y añade: "No queremos venganza, sino justicia, cuando a los responsables los sienten en el banquillo de los acusados y les digan el daño que causaron".
¿Cómo desmeritar el dolor de víctimas y sus familiares? El dilema parece insoslayable. No es posible transitar ese camino sin detenerse en detalle que añade un peso denso, capaz de desacoplar la balanza de la razón. Eso lo sabe el Gobierno, y se sirve de la maniobra emotiva que genera la comprensible empatía para justificar la negación del perdón. Sin embargo, hay que recordar que no sólo en el caso de Simonovis (a quien aún no se le demuestra responsabilidad directa en las dos muertes por las que se le señala, y que fue condenado a 30 años porque, según la jueza Marjorie Calderón, "facilitó" y "no evitó" dichas muertes) sino en el caso de otros tantos presos políticos (López, Ceballos y Scarano, los más recientes) la administración de justicia y cumplimiento del debido proceso han sufrido todas las perversiones posibles.
¿Qué moviliza entonces ese "desagravio"? Si no hay juicio apegado a derecho, si las víctimas acaban dictando sentencia, si se manipulan políticamente las decisiones de los jueces (y la desechada confesión de Aponte Aponte es trágico desnudo de esa realidad), ¿es propicio hablar de justicia?
A contrapelo de la evolución de las civilizaciones, la justicia en Venezuela remeda cada vez más a la venganza. Más cercanos a formas primitivas de arbitraje penal caracterizadas por el "ojo por ojo" de la Ley del Talión, y con "victimarios" condenados sin pruebas suficientes, el desquite privado luce como primer objetivo de quien acusa y persigue. Y aunque es cierto que en muchos aspectos la venganza se cruza con la justicia, la conquista de un fin más injurioso que reparador marca fundamental diferencia entre ambas. El resentimiento (al cual es tan proclive un régimen de victimizados históricos, forjado en el desprecio y desconocimiento de las instituciones democráticas de la "4ta") entra en la ecuación como variable ineludible que demanda satisfacción, y entorpece la valoración objetiva de responsabilidades.
Una premisa sostiene la moderna administración de justicia: una víctima afectada por su dolor es incapaz de valorar serenamente su caso. Así que es a la Autoridad a quien toca juzgar objetivamente, a través de órganos judiciales lo suficientemente distanciados de ofensores y ofendidos como para poder ser imparciales y equitativos: para lograr una justicia imperfecta, tal vez parcial o escasa, pero necesaria para la civilidad. Sólo eso garantizaría que la "oamnestia" u olvido que entraña la Amnistía y su consecuente perdón, sean viables.
¿Será eso posible en este país, con un Gobierno de víctimas jamás saciadas y empeñadas en ser jueces?
Hoy estamos lejos de eso. A merced de un sistema de poderes rendido ante los mohines del Ejecutivo, poca o ninguna imparcialidad se espera de juicios donde la afinidad política aliña la estafa. Así, ya no sorprende que en tales querellas quien no comulgue con el Gobierno termine siempre con las "tablas en la cabeza": con desmerito de causa, descalificado, fichado o –muy común- privado de libertad.
El tema de tal lógica de administración de justicia viene a propósito del debate sobre la propuesta de Amnistía (instrumento legal que promulgado en momentos críticos de la historia de muchos países, incluido el nuestro, generó condiciones para cerrar heridas causadas por la violencia resultante de las confrontaciones armadas). Con indiscutible pertinencia, voceros de sectores de oposición nos recuerdan que con perseguidos y presos políticos, la paz social y la reconciliación entre partes se ven seriamente comprometidas. "No puede haber diálogo sin tregua y con rehenes", señala Alfredo Romero, directivo del Foro Penal Venezolano. Pero el Gobierno ha ripostado que "no es tiempo de perdón, sino de justicia", con lo cual sugiere que la aprobación de la ley estaría descartada, aduciendo que víctimas como las del 11A, por ejemplo, no estarían siendo resarcidas si sus victimarios (y es Simonovis, en este caso, quien luce apuntado por el dedo acusador) son exculpados "por una maniobra técnica de la justicia". Edgar Márquez, representante de Asovic, (Asociación de Víctimas del 11 de abril) quien luego de la reunión privada MUD-Gobierno tuvo protagónica aparición en cadena nacional, señaló: "No podemos convalidar ninguna acción que lleve a la impunidad". Y añade: "No queremos venganza, sino justicia, cuando a los responsables los sienten en el banquillo de los acusados y les digan el daño que causaron".
¿Cómo desmeritar el dolor de víctimas y sus familiares? El dilema parece insoslayable. No es posible transitar ese camino sin detenerse en detalle que añade un peso denso, capaz de desacoplar la balanza de la razón. Eso lo sabe el Gobierno, y se sirve de la maniobra emotiva que genera la comprensible empatía para justificar la negación del perdón. Sin embargo, hay que recordar que no sólo en el caso de Simonovis (a quien aún no se le demuestra responsabilidad directa en las dos muertes por las que se le señala, y que fue condenado a 30 años porque, según la jueza Marjorie Calderón, "facilitó" y "no evitó" dichas muertes) sino en el caso de otros tantos presos políticos (López, Ceballos y Scarano, los más recientes) la administración de justicia y cumplimiento del debido proceso han sufrido todas las perversiones posibles.
¿Qué moviliza entonces ese "desagravio"? Si no hay juicio apegado a derecho, si las víctimas acaban dictando sentencia, si se manipulan políticamente las decisiones de los jueces (y la desechada confesión de Aponte Aponte es trágico desnudo de esa realidad), ¿es propicio hablar de justicia?
A contrapelo de la evolución de las civilizaciones, la justicia en Venezuela remeda cada vez más a la venganza. Más cercanos a formas primitivas de arbitraje penal caracterizadas por el "ojo por ojo" de la Ley del Talión, y con "victimarios" condenados sin pruebas suficientes, el desquite privado luce como primer objetivo de quien acusa y persigue. Y aunque es cierto que en muchos aspectos la venganza se cruza con la justicia, la conquista de un fin más injurioso que reparador marca fundamental diferencia entre ambas. El resentimiento (al cual es tan proclive un régimen de victimizados históricos, forjado en el desprecio y desconocimiento de las instituciones democráticas de la "4ta") entra en la ecuación como variable ineludible que demanda satisfacción, y entorpece la valoración objetiva de responsabilidades.
Una premisa sostiene la moderna administración de justicia: una víctima afectada por su dolor es incapaz de valorar serenamente su caso. Así que es a la Autoridad a quien toca juzgar objetivamente, a través de órganos judiciales lo suficientemente distanciados de ofensores y ofendidos como para poder ser imparciales y equitativos: para lograr una justicia imperfecta, tal vez parcial o escasa, pero necesaria para la civilidad. Sólo eso garantizaría que la "oamnestia" u olvido que entraña la Amnistía y su consecuente perdón, sean viables.
¿Será eso posible en este país, con un Gobierno de víctimas jamás saciadas y empeñadas en ser jueces?
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