En: http://www.lapatilla.com/site/2014/05/05/hrw-denuncia-violacion-sistematica-de-derechos-humanos-en-venezuela-durante-protestas/
Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un
uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el
gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a
manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un
informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a
graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de
seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios
judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido
proceso de los detenidos.
El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”,
documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a
más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han
vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades
de lugares donde se desarrollaban protestas. Integrantes de las fuerzas
de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del
gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos
colaboraron abiertamente con ellas.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos
en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y
funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de
incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes
insubordinados”,manifestó José Miguel Vivanco , Director para las
Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un
patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos
presenciado en Venezuela en años”.
Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Venezuela en
marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas y a los estados de
Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de entrevistas a víctimas de
abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas,
abogados y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también
reunió numerosas evidencias, incluidas fotografías, grabaciones de
video, informes médicos y resoluciones judiciales, y examinó informes
gubernamentales y declaraciones oficiales con respecto a actividades de
protesta y la respuesta ofrecida por las fuerzas de seguridad.
El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se
desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos
manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y
cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, la
investigación de Human Rights Watch muestra que miembros de las fuerzas
de seguridad venezolanas han recurrido reiteradamente a un uso ilegítimo
de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas.
Algunos de los abusos más graves documentados en el informe fueron
cometidos contra personas que ni siquiera participaban en
manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban
completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.
La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos
—acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de
los responsables— sugieren que el propósito no fue restablecer el orden
público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas
por sus opiniones políticas reales o presuntas, señaló Human Rights
Watch.
En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir
que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las
fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. Los
incidentes involucraron tanto a periodistas profesionales como a
personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando la
represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.
“Es fundamental que los líderes de la oposición continúen repudiando
cualquier tipo de actos de violencia por parte de manifestantes, de la
manera más firme y categórica posible”, aseveró Vivanco. “Sin embargo,
debemos dejar en claro que nada justifica las tácticas brutales
aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, las
víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta
48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos
militares. Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en
varios casos, descargas eléctricas o quemaduras.
A numerosos detenidos con lesiones graves —como heridas de perdigones
y fracturas provocadas por golpizas— se les negó el acceso a atención
médica, o bien esto fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento, a
pesar de sus reiterados reclamos solicitando tratamiento médico. En
varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a
detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de
muerte y violación sexual.
En al menos 10 casos documentados, Human Rights Watch considera que
la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las
fuerzas de seguridad constituyó tortura.
El hecho de que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por
miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en los
tres estados y la capital (incluso en entornos controlados como
establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante
el período de seis semanas analizado por Human Rights Watch, avala la
conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática
de las autoridades de seguridad, señaló Human Rights Watch.
Prácticamente todas las 150 víctimas cuyos casos documentamos en este
informe sufrieron la negación de garantías básicas de debido proceso.
Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados
hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se
programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación
plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso
de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos
mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos
signos evidentes de abuso físico.
La magnitud de estas y otras violaciones de debido proceso que
ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados demuestra que
el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a
abusos de poder del gobierno, manifestó Human Rights Watch.
Venezuela debería garantizar que cesen de inmediato todas las
violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de
seguridad en el contexto de protestas, y asegurar que se investiguen de
manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos ocurridos y se
juzgue a los responsables, indicó Human Rights Watch. También se deben
investigar y juzgar de manera exhaustiva e imparcial todos los actos de
violencia perpetrados por otros actores en el contexto de protestas, con
independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o
las víctimas.
Según el gobierno, al 25 de abril, el Ministerio Público estaba
impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de derechos
humanos, y se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta
participación en estos casos.
“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en
Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados
en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los
responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, observó
Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano
debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de
derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para
asegurar la independencia del poder judicial”.
El gobierno venezolano debería aceptar los pedidos de visita
pendientes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura,
el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y
asociación pacíficas y la Relatora Especial de la ONU sobre la
independencia de los magistrados y abogados, y coordinar estas visitas
en el plazo más breve posible. El gobierno debería además cursar una
invitación permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención
Arbitraria.
La Asamblea Nacional debería asimismo restablecer la credibilidad e
independencia del poder judicial seleccionando nuevos magistrados
permanentes para cubrir 11 vacantes en el Tribunal Supremo (del total de
32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, conforme se
estipula en la Constitución, y a través de un proceso de selección
abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso
político.
Los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos
regionales en los cuales sea parte Venezuela —como la UNASUR, el
MERCOSUR y la OEA— deberían reivindicar su compromiso colectivo de
proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las
instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e
insistiendo en que se aborden estos graves problemas en materia de
derechos humanos, observó Human Rights Watch.
“La comunidad internacional —y en particular los miembros de la
UNASUR que interactúan habitualmente con el gobierno venezolano—
deberían condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados por
Human Rights Watch”, señaló Vivanco. “En concreto, deberían exigir que
el gobierno de Maduro ponga fin a estos graves abusos, libere a personas
que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de
seguridad y a los miembros de las pandillas armadas que sean
responsables de ataques a manifestantes”.
Selección de casos documentados en “Castigados por protestar”:
El 19 de febrero, un guardia nacional disparó perdigones a quemarropa al rostro de Gengis Pinto,
de 36 años, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía
resistencia. Pinto había estado participando en una manifestación contra
el gobierno en San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes
habían bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para
protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, debido a lo
cual se lesionó gravemente varios de sus dedos y varios perdigones se
incrustaron en su antebrazo. A pesar del dolor severo que padecía, de
que había perdido sangre y de sus reiterados pedidos, los guardias
nacionales se negaron a llevar a Pinto a un lugar donde fuera atendido
por un médico. En vez de ello, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo
llevaron a una base militar para interrogarlo. Aproximadamente seis
horas después de haber recibido los disparos, Pinto fue trasladado por
guardias nacionales a un hospital, donde no permitieron que el médico lo
examinara en privado. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales
que Pinto necesitaba recibir atención especializada inmediatamente que
no podía brindarle allí, los oficiales hicieron caso omiso de su consejo
y llevaron a Pinto de regreso a la base militar. Allí, fue esposado a
otro detenido y obligado a permanecer sentado al sol durante
aproximadamente 10 horas más, hasta que fue trasladado a una clínica
privada, donde fue sometido a cirugía.
Juan Sánchez (seudónimo), de 22 años, fue detenido por
guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras
de Caracas el 5 de marzo. Anteriormente ese mismo día, Sánchez había
participado en una protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia,
fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo
golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia en su
muslo derecho. Uno de los guardias nacionales dijo “Coño, por fin
agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de
joder”. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar, donde una
decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Un guardia
nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te
duele la herida?”, y le introdujo el dedo en la herida abierta, lo quitó
y luego volvió a meterlo. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero
Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón. Luego tres
guardias nacionales lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron
descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera
quiénes eran sus cómplices. A continuación, los guardias llevaron a
Sánchez a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos,
mientras los demás miraban y se reían. Sánchez fue trasladado a un
hospital, donde guardias nacionales se inmiscuyeron mientras un médico
intentó atenderlo, y posteriormente fue llevado de regreso al
establecimiento militar, donde varios oficiales lo llamaron “fascista” y
siguieron asestándole patadas, además de amenazar con que lo enviarían a
una de las cárceles más violentas de Venezuela.
Dayana Méndez Andrade, una periodista de 24 años, se
encontraba cubriendo una manifestación en Barquisimeto el 20 de marzo, a
la cual había asistido vistiendo un chaleco que tenía en el frente la
leyenda “Prensa” en letras grandes, cuando miembros de la Guardia
Nacional comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y perdigones a los
manifestantes. Si bien Méndez intentó escapar, fue rodeada junto con
otro fotógrafo —Luis Rodríguez Malpica, de 26 años— por
varios guardias nacionales. Cuando ella y Rodríguez alzaron las manos y
gritaron que eran periodistas, un guardia nacional respondió “¡Me están
tomando fotos! Ustedes son los que mandan la foto que dicen ‘SOS
Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia
Nacional”. Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias
nacionales les dispararon perdigones, que impactaron a Méndez en la
pierna y cadera izquierdas.
Guardias nacionales y policías nacionales dispararon gases
lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se manifestaban en el
campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en
Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz,
de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las
fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con
más de 50 civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que
disparaban en dirección a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el
abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de
seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto
abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había
intentado resguardarse.
Cuando el restorán donde trabajaba en un centro comercial en El Carrizal cerró el 5 de marzo debido a las protestas en la zona, Moisés Guánchez,
de 19 años, decidió regresar a su casa. Pero, junto con otras 40
personas, se vio atrapado en una playa de estacionamiento cerrada,
ubicada al lado del centro comercial, mientras miembros de la Guardia
Nacional disparaban cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones en
dirección a donde estaban. Cuando Guánchez intentó escapar, un guardia
nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con
perdigones. Guánchez recibió el impacto en el brazo, que había levantado
para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien Guánchez no ofreció
resistencia, dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para
golpearlo, hasta que un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en
la entrepierna con perdigones. Tuvo que recibir tres transfusiones de
sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus
testículos.
José Alfredo Martín Ostermann, de 41 años, y Carlos Spinetti,
de 39, fueron detenidos el 12 de marzo por civiles armados mientras
circulaban a pie por una zona cercana a donde se estaba desarrollando un
acto a favor del gobierno en Caracas. Las víctimas fueron llevadas a
plena vista de tres guardias nacionales, que no intervinieron. Los
hombres armados golpearon a Ostermann y a Spinetti, les profirieron
insultos de tono político (por ejemplo, los acusaron de “traidores a la
patria”), amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma
en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar, antes de entregarlos a
la policía. En vez de interrogar a los civiles armados, la policía
detuvo a las dos víctimas.
Violaciones a los DDHH, sistemáticas
Jueces y fiscales reiteradamente hicieron caso omiso a indicios
evidentes de abuso padecidos por detenidos pese a que las fuerzas del
orden recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza
durante las manifestaciones callejeras que desde febrero han dejado al
menos 41 muertes en Venezuela, denunció el lunes Human Rights Watch,
reseña Associated Press.
La organización no gubernamental con sede en Nueva York precisó que
ese uso ilegal de la fuerza consistió en abusos físicos y psicológicos
graves a decenas de manifestantes.
Human Rights Watch dijo que al menos diez de los casos documentados
sufrieron abusos de tal magnitud que pueden ser considerados como
tortura. Agregó que a numerosos detenidos con lesiones graves como
heridas de perdigones o fracturas por golpizas se les negó atención
médica, mientras que en otros casos ocurrieron abusos sicológicos
severos, tales como amenazas de muerte y violación sexual.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos
en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y
funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de
incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”,
dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights
Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos
que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en
años”.
La organización difundió un informe de 103 páginas elaborado en marzo
durante visitas a Caracas y a otras tres provincias del país, donde en
total documentaron 45 casos que afectan a más de 150 víctimas a través
de entrevistas a víctimas y sus familiares, y la recolección de otras
evidencias tales como fotos, videos, informes médicos y resoluciones
judiciales.
El gobierno venezolano ha dicho que 15 funcionarios policiales y
militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los
derechos humanos en la neutralización de las protestas, pero Vivanco
expresó sus reservas ante la posibilidad de que tales investigaciones
terminen inculpando a los funcionarios investigados.
“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en
Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados
en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los
responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, dijo
Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano
debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de
derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para
asegurar la independencia del poder judicial”.
Human Rights Watch difundió su reporte la misma semana en que una
comisión del Senado y una subcomisión de la cámara baja estadounidenses
celebrarán sendas audiencias sobre la nación sudamericana, dos meses
después de que en ambas cámaras fueran presentados proyectos de ley que
piden al presidente Barack Obama imponer sanciones a funcionarios del
gobierno venezolano responsables por la violación de derechos humanos.
El gobierno estadounidense ha llamado al diálogo para resolver el
conflicto político y los problemas de Venezuela, pero advirtió en marzo
que si bien no busca imponer sanciones a Venezuela, tales medidas
podrían convertirse en una herramienta importante de su política
exterior si Caracas no otorga espacio democrático a la oposición.
“Ningún país quiere implementar sanciones, pero no podemos decir que
no vamos a implementarlas porque quizá llega un momento en que las
sanciones, de alguna manera u otra, son una herramienta muy importante”,
dijo en conferencia de prensa la subsecretaria de Estado para el
Hemisferio Occidental Roberta Jacobson.
El gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora actualmente
elaboran propuestas para conformar una Comisión de la Verdad, como parte
de un diálogo iniciado hace un mes con la mediación de los cancilleres
de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de
universitarios y opositores, que se han manifestado en contra de una
tasa de inflación desbordada —que alcanzó en marzo una tasa anualizada
de 59%_, la escasez de productos básicos y un alto índice de
delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han
dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2.200 detenidos, de los cuales 197
permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la
Fiscalía General.
Maduro considera que las acciones de protesta forman parte de un plan
promovido por grupos de “extrema derecha” para dar un “golpe de
estado”.
El ministro venezolano de Relaciones Interiores, mayor general Miguel
Rodríguez Torres, denunció la semana pasada la existencia de un
supuesto plan para promover las protestas callejeras y acusó a algunos
dirigentes opositores de proveer información a entes estadounidenses con
la meta de “hacer ver al mundo que en Venezuela se violan permanente y
constantemente los derechos humanos”, reseñó Associated Press.
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