MIGUEL SANMARTÍN| EL UNIVERSAL
sábado 7 de junio de 2014 12:00 AM
No camarita. No estamos ante un "parapeto de justicia podrida" como afirmó Henrique Capriles al comentar la predecible sentencia de la jueza 16 de Control de Caracas, Adriana López, quien decidió que Leopoldo López y dos estudiantes sean juzgados estando presos.
Estamos en dictadura. Sí, oprimidos por un régimen militar-civil que, escudado en unos poderes públicos militantes y al servicio de su causa -además de cómplices de las acciones y propósitos del partido oficialista- se permite violentar permanentemente la Constitución y vulnerar "olímpicamente" los derechos y libertades de los ciudadanos quienes, según reciente sentencia del TSJ, ya no podrán protestar pacíficamente cuando lo quieran como garantiza la Carta Magna.
En efecto, Venezuela está bajo una tiranía de facto. Forajida, arbitraria, sañuda, corrupta, nefasta e incompetente. Tutelada ideológicamente por la cúpula-crápula, sanguinaria y vividora cubana cuya alianza le cuesta al país aproximadamente 12 millardos de dólares anuales.
Quienes aún ponen en duda la naturaleza totalitaria y déspota del Alto Mando Político de la Revolución argumentan que es porque "aquí todavía se puede hablar". ¿A qué costo? Pregúntenle a Leopoldo López, María C. Machado, Julio Borges, Gustavo Tarre, Francisco Usón, Teodoro Petkoff, Laureano Márquez, Rafael Poleo, Rayma y a otros venezolanos demócratas si pudieron expresar opiniones distinta al pensamiento del régimen sin ser estigmatizados, citados a la Fiscalía o sometidos a juicio por ello.
Con excepciones, la opinión está criminalizada en Venezuela. Cada vez es mayor la ofensiva del régimen contra quienes la ejercen y la difunden. Los efectos están a la vista: dirigentes políticos, actores sociales y estudiantes detenidos y sometidos a juicios injustos basados en teorías y probabilidades a las que le atribuyen intenciones "siniestras"; la autocensura y desaparición de medios de comunicación y periódicos con mínima paginación debido a la falta de papel que no dejan importar.
Tener claro la catadura del régimen es vital para la lucha que se está dando por la vigencia plena de los valores y principios democráticos. No es lo mismo ejercer los derechos ciudadanos en democracia, donde las instituciones actúan imparcialmente apegadas al marco legal, que defenderlos bajo el imperio de la intolerancia, sectarismo y represión donde la ley es un medio para alcanzar los fines propuestos por quienes sojuzgan a la sociedad.
Mientras el régimen se fatiga en sus desmandes por instaurar una hegemonía declinante mediante el sometimiento de la sociedad y el control total de sus actividades, avanza la crisis y aumenta el descontento popular general.
Estamos en dictadura. Sí, oprimidos por un régimen militar-civil que, escudado en unos poderes públicos militantes y al servicio de su causa -además de cómplices de las acciones y propósitos del partido oficialista- se permite violentar permanentemente la Constitución y vulnerar "olímpicamente" los derechos y libertades de los ciudadanos quienes, según reciente sentencia del TSJ, ya no podrán protestar pacíficamente cuando lo quieran como garantiza la Carta Magna.
En efecto, Venezuela está bajo una tiranía de facto. Forajida, arbitraria, sañuda, corrupta, nefasta e incompetente. Tutelada ideológicamente por la cúpula-crápula, sanguinaria y vividora cubana cuya alianza le cuesta al país aproximadamente 12 millardos de dólares anuales.
Quienes aún ponen en duda la naturaleza totalitaria y déspota del Alto Mando Político de la Revolución argumentan que es porque "aquí todavía se puede hablar". ¿A qué costo? Pregúntenle a Leopoldo López, María C. Machado, Julio Borges, Gustavo Tarre, Francisco Usón, Teodoro Petkoff, Laureano Márquez, Rafael Poleo, Rayma y a otros venezolanos demócratas si pudieron expresar opiniones distinta al pensamiento del régimen sin ser estigmatizados, citados a la Fiscalía o sometidos a juicio por ello.
Con excepciones, la opinión está criminalizada en Venezuela. Cada vez es mayor la ofensiva del régimen contra quienes la ejercen y la difunden. Los efectos están a la vista: dirigentes políticos, actores sociales y estudiantes detenidos y sometidos a juicios injustos basados en teorías y probabilidades a las que le atribuyen intenciones "siniestras"; la autocensura y desaparición de medios de comunicación y periódicos con mínima paginación debido a la falta de papel que no dejan importar.
Tener claro la catadura del régimen es vital para la lucha que se está dando por la vigencia plena de los valores y principios democráticos. No es lo mismo ejercer los derechos ciudadanos en democracia, donde las instituciones actúan imparcialmente apegadas al marco legal, que defenderlos bajo el imperio de la intolerancia, sectarismo y represión donde la ley es un medio para alcanzar los fines propuestos por quienes sojuzgan a la sociedad.
Mientras el régimen se fatiga en sus desmandes por instaurar una hegemonía declinante mediante el sometimiento de la sociedad y el control total de sus actividades, avanza la crisis y aumenta el descontento popular general.
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