Pedro Pablo Fernández
Este lunes 7 de julio se reunió el Congreso de Conindustria.
El evento no se quedó en discursos, por el contrario, plantearon propuestas
concretas para reactivar el aparato productivo e industrializar al país en los
próximos 10 años. “Visión Venezuela Industrial 2025. La Ruta” es un documento
muy completo que refleja un esfuerzo serio y profesional de gente comprometida
con el futuro de nuestro país.
Durante el evento, José Tavares Araujo, Director
del Centro de Estudios de Integración y Desarrollo del Brasil, hizo una
exposición muy interesante sobre el proceso de industrialización más exitoso de
América Latina.
Brasil vivió una crisis económica severa a
principio de los 90. Llegó a tener la inflación por sobre 5.000% anual, pero
bajo el liderazgo del presidente Cardozo, primero como Ministro de Economía y
luego como Presidente durante dos periodos, llevó adelante un proceso de
estabilización y modernización de la economía que generó confianza y permitió
sentar bases para un crecimiento económico sostenido.
El esfuerzo de Cardozo encontró continuidad en los
sucesivos gobiernos del presidente progresista, Fernando Lula Da Silva, cuyas
políticas contribuyeron a sacar a más de 40 millones de brasileños de la
pobreza.
La reducción de la pobreza se sustentó en dos
pilares: en la generación de empleo del sector privado productivo estimulado
por un gobierno que aplicaba políticas públicas favorables a la inversión y en
el desarrollo de una política social eficiente.
La experiencia de Brasil nos demuestra que podemos
superar la crisis profunda que estamos viviendo en el corto plazo si hacemos
las rectificaciones necesarias.
La experiencia brasileña nos ofrece lecciones
interesantes. La primera es que se debe corregir los desequilibrios
macroeconómicos y para eso es indispensable fortalecer las instituciones
encargadas de la política fiscal y monetaria.
El Banco Central es de las pocas instituciones del
Estado que ha mantenido un alto nivel profesional, pero tenemos que rescatar la
autonomía perdida a raíz de la reforma de 2008 que permitió al Gobierno el uso
discrecional de las reservas internacionales y el financiamiento del gasto
público con dinero inorgánico.
En segundo lugar, tiene que haber un marco
institucional que cree incentivos para la inversión y eso pasa necesariamente
por garantizar el respeto a la propiedad privada. Es indispensable desmontar
toda legislación que constriña el ejercicio libre de la actividad económica,
así como las vías de hecho a través de las cuales se amenaza el derecho a la
propiedad como son las expropiaciones y confiscaciones que se realizan sin
apego a las normas que rigen su aplicación.
Por otro lado es fundamental revisar la legislación
laboral que impide al sector productivo competir en un mundo globalizado. Una
legislación que pretende proteger a los trabajadores pero termina estimulando a
los “echa-carro” en perjuicio de la productividad y de quienes sí se esfuerzan
por su crecimiento. Con esa legislación toda la inversión que pudiéramos traer
al país para generar empleo termina yendo a otra parte.
Además, se hace indispensable una política
cambiaria que deje de incentivar la importación en detrimento de la producción
nacional. Es imposible pedirle a un productor en Venezuela que siga apostando
al país, asumiendo riesgos, en un entorno hostil, con regulaciones excesivas,
con una legislación laboral que hace ineficiente a la empresa y sin un estado
de derecho que lo proteja cuando puede obtener una rentabilidad mucho mayor
solicitándole unos dólares baratos al gobierno para importar.
El documento plantea la necesidad de trabajar para
mejorar la productividad y para eso es fundamental diseñar políticas públicas
conjuntas entre el Gobierno y el sector privado. La única manera de que la
reactivación del aparato productivo termine convirtiéndose en mejor calidad de
vida para los venezolanos y en mejores ingresos para los trabajadores es
incrementando la productividad de la fuerza laboral y para eso la clave es
invertir en educación, en investigación y en tecnología.
La Ruta “Visión Venezuela Industrial 2025” implica
una rectificación profunda de la política del Gobierno. Terminando el evento
Aimara Lorenzo, moderadora de un panel de cuatro personas preguntó si ese
proyecto no suponía necesariamente que tenía que producirse un cambio de
gobierno y agregó, consciente de que la pregunta era incómoda, que no admitía
el silencio como respuesta. Jorge Roig, Presidente de Fedecámaras, fue quien
salió adelante y sin titubeos dijo: “Mientras se presenta una vía
constitucional para cambiar de gobierno todos tenemos que trabajar porque el
gobierno cambie y corrija sus políticas”.
Celebro que existan en el país empresarios que con
todas las condiciones adversas siguen apostando y arriesgando en Venezuela.
Ellos va a ser los pilares fundamentales sobre los cuales vamos a sacar a Venezuela
adelante.
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