Víctor Salmerón
Nicolás Maduro exprimió las últimas horas en las que tuvo la facultad de reformar leyes por decreto.
El pasado 30 de diciembre, un día antes de que perdiera este poder otorgado por la Asamblea Nacional saliente, el Presidente de la República reformó la Ley del Banco Central de Venezuela e introdujo cambios que amenazan con amplificar los desequilibrios que estremecen a la economía del país.
Los artículos transformados anticipan la intención de utilizar con mayor intensidad al Banco Central de Venezuela como fuente de financiamiento para cubrir el gasto del gobierno, una receta que incrementa el riesgo de hiperinflación.
Además, queda clara la decisión de continuar ocultando estadísticas relevantes, algo que no ayudará a disminuir la percepción de riesgo de los inversionistas y, finalmente, le otorga a Nicolás Maduro el poder de nombrar a todos los integrantes del directorio del BCV, asegurándose de que ante cualquier eventualidad sus miembros continúen, como hasta ahora, sin mostrar un ápice de independencia.
El financiamiento
La mayoría de los países prohíben que sus bancos centrales fabriquen billetes para que el gobierno cubra gastos, porque una vez este dinero ingresa a la economía la demanda se dispara velozmente. Más dinero detrás de los mismos productos y servicios se convierte en la ecuación perfecta para que los precios aumenten vertiginosamente.
Mediante una ingeniería financiera en la que el Banco Central de Venezuela fabrica billetes para comprarle bonos a PDVSA, la administración de Nicolás Maduro, al igual que la de su antecesor Hugo Chávez, ya ha empleado al ente como fuente de financiamiento, pero la nueva Ley, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.211, deja muy clara la pretensión de derribar las últimas barreras y ensanchar el caudal del dinero que fluye desde el BCV hacia las arcas públicas.
Nicolás Maduro introdujo en el Artículo 37 que:
“el Banco Central de Venezuela podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado o entidades públicas y privadas, cuando objetivamente exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio al interés público que calificará el Presidente o Presidenta de la República mediante informe confidencial; o en aquellos casos en que hayan sido aprobados de forma unánime por los miembros del Directorio”.
Por tanto, bastará que Nicolás Maduro redacte un informe confidencial argumentando que el país sufre una amenaza o que los siete miembros del Directorio así lo consideren para que el BCV imprima billetes y se los entregue al gobierno a fin de que éste cubra gastos como salarios, pensiones o construcción de viviendas. Incluso, el financiamiento podría ser entregado directamente a empresas privadas que prestan servicios al Estado.
Víctor Olivo, exgerente de Análisis y Programación Macroeconómica del Banco Central de Venezuela, explica que:
“A partir de 2009 el gobierno comenzó a utilizar al BCV como fuente de financiamiento a través de la compra de bonos a PDVSA. Y, si bien ha habido un impacto inflacionario, aún el país está lejos de la hiperinflación, pero evidentemente esta reforma legal indica que se piensa recurrir con mayor fuerza al financiamiento del Banco Central y por ende el riesgo de hiperinflación aumenta”
Víctor Olivo considera que la definición de hiperinflación es de 50% al mes, como establece la tesis del economista Philip Cagan. Actualmente las proyecciones apuntan a que en 2015 la inflación se ubicará en torno a 200%, de modo que Olivo considera que:
“El incremento de la base monetaria en 2015 estará en torno a 110% respecto a 2014 y el aumento ha podido ser mayor en medio del ciclo electoral. A pesar de este incentivo hubo una especie de moderación en el uso del financiamiento monetario, pero esta reforma a la Ley indica que podría concretarse una mayor expansión de dinero que es el ingrediente que ha estado presente en todos los procesos de hiperinflación. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si ahora el gobierno va a indexar los salarios”.
Para 2016, Nicolás Maduro ya anunció que se dispone a implementar:
“un plan de emergencia económica, de activación y reactivación, de reformulación de la economía (…) Estoy elaborando los planes específicos por rubros de servicios, de productos. El plan arroz, el plan carne, el plan artículos de limpieza, los motores, garantizando los planes financieros tanto en bolívares para sostener la educación, las pensiones, la generación de trabajo, las obras públicas. Puedo decir que tengo los recursos para la Gran Misión Vivienda Venezuela, para construir las 500 mil viviendas de este año”.
Al cierre del 18 de diciembre la cesta petrolera venezolana se cotizó en 29,17 dólares el barril, un nivel muy bajo para financiar un gasto que ha crecido a pasos agigantados desde 2004, a raíz de la estatización de empresas públicas que hoy no producen, el incremento en el número de trabajadores que dependen del Estado, subsidios como un precio artificialmente bajo para la gasolina y la venta de dólares a un tipo de cambio de regalo.
Distintas firmas y bancos de inversión calculan que la brecha entre ingresos y gastos en las finanzas públicas ronda 18% del PIB, una magnitud sideral que entre otras cosas se debe a la expansión del Estado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que al cierre de diciembre de 2014 un total de 2 millones 709 mil personas laboraban para el sector público, dato que se traduce en un salto de 1 millón 21 mil empleados con respecto a la nómina de diciembre de 2004.
La consecuencia es que durante los últimos diez años, al calor del boom petrolero que hoy es recuerdo, el número de trabajadores públicos aumentó 60% y, en promedio, cada día ingresaron 280 nuevos empleados a la nómina que debe atender el gobierno.
La información
En medio de la mayor crisis económica que ha vivido Venezuela en su historia contemporánea, Nicolás Maduro decidió validar legalmente el ocultamiento de estadísticas, algo que el Directorio del BCV hizo durante todo 2015.
En este momento, el país desconoce la cifra de inflación, el desenvolvimiento del PIB, el índice de escasez, el ingreso por exportaciones, el monto de las importaciones y la dimensión de la deuda externa, entre otras cifras clave.
La reforma a la Ley del Banco Central que hizo el Presidente de la República introduce en el Artículo 40 que, cuando sea requerido por el Ejecutivo Nacional, el Directorio podrá suspender transitoriamente la publicación de información por el período en el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad económica de la Nación”.
Víctor Olivo explica que:
“evidentemente esta falta de información no ayuda a disminuir la percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Que no haya información oficial y que a través de esta reforma legal se busque mantener la falta de estadísticas tiene costos para el país. Aparte de que ya de por sí los indicadores están distorsionados por los controles y por cosas como la subestimación del PIB”.
Si el gobierno quisiera emitir bonos para obtener divisas y aliviar el impacto que tienen los pagos de deuda externa o aumentar los dólares disponibles para realizar importaciones y disminuir la escasez, tendría que pagar una tasa de interés exorbitante.
La percepción de riesgo de los inversionistas se traduce en que, al cierre del 4 de enero, si Venezuela emitiera bonos tendría que cancelar una tasa de interés de 28 puntos porcentuales por encima de lo que paga Estados Unidos, que es la nación que se financia al menor costo. Países como Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay cancelan un extra inferior a cinco puntos.
El Artículo 42 mantiene la facultad que tiene la Asamblea Nacional o sus comisiones de acceder a la información calificada como secreta, pero introduce que el presidente del BCV:
“valorará la remisión de tales informaciones o documentos, o su sustitución por un informe que recoja los aspectos de interés para el órgano solicitante cuando la naturaleza o el carácter de la información comprometa la seguridad o el funcionamiento del Banco Central de Venezuela”.
El Artículo 92 especifica que cuando se entregue información calificada como secreta al Parlamento “ésta se hará llegar al Presidente o Presidenta de la Asamblea que será responsable de su difusión. (…) Los miembros de la Asamblea Nacional que tengan acceso a esta información deben cumplir con el deber de secreto consagrado en el presente Decreto”.
Aparte del impacto que tiene ocultar información básica a actores económicos que se apoyan en estos números para evaluar el riesgo país y tomar decisiones de inversión, José Guerra, diputado de oposición y exgerente de Investigación Económica del BCV, señala que “al ocultar la inflación se perjudica a los trabajadores. ¿Con cuáles cifras los sindicatos negocian un incremento de salario?”
La designación
Mediante las reformas a los artículos 16 y 17, Nicolás Maduro despojó a la Asamblea Nacional de la posibilidad de nombrar a dos miembros del Directorio del Banco Central de Venezuela y de removerlos en caso de que incumplan los objetivos y metas sin causa justificada.
De ahora en adelante, el Presidente de la República designará a todos los miembros del Directorio y tendrá la potestad de decidir sobre su remoción. José Guerra señala que:
“Es una reforma dirigida a proteger al Directorio del Banco Central de una destitución. Está claro que con el incumplimiento en la publicación de estadísticas que debió hacerse de manera obligatoria de acuerdo a la ley anterior y con el incumplimiento de las metas sobraban las razones para la destitución”.
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