Luisa Quintero
El 2016 podría ser uno de los años más recordados del Poder Legislativo. Una sentencia que mantiene sin representación a un estado completo, el presunto desacato y las sentencias que declararon inconstitucionales casi todas las leyes que se sancionaron, agresiones y amenazas a los diputados, asalto de grupos colectivos; todo ello formó parte de la gestión en la presidencia de Henry Ramos Allup, un parlamentario experimentado y sin frenos para expresar sus opiniones.
Luego de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la Mesa de la Unidad Democrática tuvo que solucionar la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional y cómo cada partido asumiría en algún momento los puestos de control.
En ese momento, cada partido postuló un candidato para asumir la presidencia (ya sabemos cómo terminó la votación) y acordaron la correlación de fuerzas durante los cinco años de la nueva gestión ampliamente opositora. Este año, el turno de la presidencia del Parlamento le corresponde a Primero Justicia, quien impondría su marca social al mando de Julio Borges.
El jefe de la fracción parlamentaria de PJ, Jorge Millán, aseguró a TalCual que la presidencia le corresponde al actual jefe de bancada de la Unidad, Julio Borges, algo que fue ratificado por los diputados Tomás Guanipa y Juan Miguel Matheus.
Sobre la gestión de PJ, Millán explicó que uno de los objetivos del Parlamento en 2017 es restituir todas sus competencias, que han sido mermadas por las sentencias cada vez más restrictivas del Tribunal Supremo de Justicia.
“Aunque asuma Primero Justicia bajo el nombre de Julio Borges, sigue siendo la gestión de la Mesa de la Unidad. Las gestiones van a estar marcadas por ese accionar. Este año en particular ha sido muy difícil porque el Gobierno se dedicó a torpedear el trabajo y recibiremos 2017 con una Asamblea imposibilitada desde el plano del Gobierno”, expresó Millán.
Además, el jefe de fracción de PJ considera que les tocará un Parlamento con mucha acción de calle y acompañamiento del pueblo para buscar soluciones a los problemas del país. “El año que viene vamos a continuar con leyes para buscar solución a esos problemas de los venezolanos y continuar la batalla del respeto a las instituciones, la Constitución y lograr el cambio político”.
El objetivo de este año de la Asamblea que era generar un camino para lograr el cambio político continuará en 2017, con la búsqueda y procura de que en Venezuela haya un gobierno que se ocupe de la gente, sentenció el diputado por Distrito Capital.
El diputado y secretario nacional de doctrina de PJ, Juan Miguel Matheus, detalló que para 2017 se prevé aplicar un proyecto de los 100 días (tal como se hizo en la gestión de Ramos Allup), donde el partido impulsará los proyectos de ley, acuerdos y medidas internas o externas que consideran necesarios para el pueblo venezolano.
Matheus indicó que tiene tres objetivos: relegitimar la Asamblea ante la opinión pública y ponerla en el impulso que se tenía durante los primeros meses, profundizar los mecanismos de toma de decisión de la AN y colocarlos al servicio de la solución de los problemas, además de seguir sirviendo al cambio político y los intereses de los venezolanos.
Nuevo año, nuevos retos
Para la Asamblea el 2017 promete ser un año de toma de decisiones vitales, que iniciarán en enero luego de la posible tercera reunión plenaria de la mesa de diálogo entre Gobierno y oposición.
Julio Borges debe igualar las actuaciones del presidente saliente, Henry Ramos Allup, algo que para otros diputados no va a ser fácil. Además, antes de iniciar su gestión se enfrenta a una carta de los trabajadores del Parlamento solicitando que el líder de Acción Democrática repita en la presidencia, algo que desechó el mismo Ramos Allup al decir en varias entrevistas que respetará los acuerdos firmados por los líderes el 4 de enero de 2016.
Superar el desacato debería ser una de las primeras tareas a evaluar en la nueva gestión, pues muchas de las decisiones pasan por el tamiz de la legalidad constitucional. Otro de los objetivos previstos es cumplir con la aprobación de las 31 leyes que quedaron en primera discusión, la publicación de un Plan Legislativo Anual y una posible reforma del Reglamento Interior y de Debates, al igual que buscar las vías para restituir el salario a los parlamentarios.
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