Gremios empresariales rechazaron las sentencias 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Coinciden en que los fallos del Poder Judicial violan la Constitución al desconocer la autonomía de la Asamblea Nacional.
Para Conindustria, las sentencias pretenden formalizar la usurpación de funciones por parte del TSJ, una medida que rompe con el sistema político democrático consagrado en la carta magna del país. Tildó de inaceptables las sentencias de la Sala Constitucional debido a que “se atribuye una representación popular que no le ha sido otorgada y que solo pertenece, por mandato constitucional, a la Asamblea Nacional”. Estos fallos, dijo Conindustria, le quitan al TSJ la poca legitimidad que tenía luego de obstruir el referéndum revocatorio.
Además, el gremio manifestó la importancia de que la AN tenga plenas facultades para ejercer sus obligaciones y generar el entorno de equilibrio, dentro del Estado de Derecho, que requiere la economía para estimular la producción de bienes y la creación de puestos de trabajo para los venezolanos.
Fedecámaras alertó sobre el deterioro de la democracia y el clima de incertidumbre, inseguridad jurídica y desconfianza en el que se encuentran los sectores económicos, atmósfera que inciden en que se desincentiven la inversión y la generación de empresas.
Francisco Martínez, presidente de la cúpula empresarial, anunció que se reunirán el lunes y martes para hacerle seguimiento al caso, luego de que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunciara en contra de las sentencias.
Martínez considera acertadas las declaraciones de la fiscal. “Son sorpresivas, pero precisamente esos son los argumentos que el país está esgrimiendo acerca del debilitamiento democrático”, afirmó. Además, mencionó que del consejo nacional que realizará el martes Fedecámaras saldrán las estrategias y medidas por tomar.
Consecomercio, por su parte, señaló que las decisiones del TSJ “dan al traste con los derechos y principios republicanos”. Afirmó que los términos de las sentencias son absolutamente arbitrarios y confiscan principios constitucionales. La organización sostiene que el ejercicio legislativo y la acción contralora son competencias absolutas de la AN en representación de la ciudadanía que la designa por vía electoral.
El procedimiento judicial, dijo Consecomercio, constituye un desafuero jurídico al facultar a la Presidencia de la República de posibilidades para tomar, sin ningún tipo de control, decisiones que no son de su competencia. Acciones apegadas a la arbitrariedad y a la usurpación de funciones.
En el comunicado explica que las medidas del TSJ impulsan la profundización de la crisis económica que atraviesa el país al agravar los niveles de desconfianza sobre una posible recuperación del sector comercial. En este contexto considera que es imposible que la inversión privada, nacional e internacional, se presente en la nación.
Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Caracas, afirmó que las sentencias suponen un golpe de Estado a la legalidad. “Las decisiones son absolutamente inaceptables”, aseguró. Advirtió que los venezolanos deben soportar el ejercicio de un poder autoritario que tiene varias vocerías y que allana los derechos.
Ante las declaraciones de la fiscal general, Maldonado mencionó: “Toda persona que tenga sentido común y apego a la ley tiene que rechazar esta embestida del TSJ que ha ido mucho más allá de lo aceptable. Celebro que la fiscal, en este caso, se deslinde de lo que ha sido una práctica reprochable”.
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