Que la Fiscalía acuse de homicidio a tres miserables sargentos de la Guardia Nacional por la muerte de un hombre en una “situación irregular”, durante una manifestación en el municipio Cárdenas del estado Táchira (según una nota de la agencia Efe), no solo indica que el poder de Maduro y la camarilla civil y militar que lo acompaña en la cruenta represión en contra de los ciudadanos venezolanos ha roto el dique de la complicidad de los órganos del Estado con sus propios partidarios. También, como es fácil observar, señala el inicio de un desprendimiento político o más bien un efecto dominó de consecuencias imprevisibles para el futuro de los militares implicado en esta matanza.
Sus vidas y carreras profesionales como hombres de bien, honestamente formados en la Escuela Militar, se van desvaneciendo en medio de la niebla de un pantano de sangre hasta llegar a ser absolutamente imposible salir de la trampa madurista sin perder su honra y lanzar al barranco el proyecto de vida que iniciaron cuando, en medio de la ingenuidad y la juventud de sus ideales, quisieron ser oficiales leales a la Constitución que, como era lógico en un militar como ellos, los llenaba de orgullo patrio.
Lo que la mayoría de los civiles tan despreciados por “Padrino and company” no entendemos es cuál es la razón del odio, de la inquina, del desprecio contra quienes somos tan venezolanos como ellos, especialmente contra todos los que queremos que Venezuela se desprenda de tantos bandidos y malhechores que no son exclusividad de ciertos sectores militares, sino de su complicidad con grupos vinculados con las altas esferas del poder. Robar, apoderarse de miles de millones de bolívares para su provecho personal o de un grupo de amigotes es un crimen de lesa humanidad.
Es como quitarle el pan de la boca a un mendigo, como abofetear a una mujer que te ruega una limosna, como condenar a un niño a una deficiencia física y mental porque los dineros dedicados a protegerlo, a darle comida y medicinas, terminan en manos de un gang de maduristas empeñados en desolar a Venezuela, mientras ellos se llenan de dinero para disfrutar de una vida que no merecen porque se levanta sobre el naufragio de miles de niños y jóvenes, a quienes se les ha robado el porvenir.
Cuando la Fiscalía acusa a unos militares la sociedad se siente complacida, pero no satisfecha. Hay que llegar hasta sus jefes, hasta las altas instancias que no supieron o no quisieron parar la matanza de jóvenes, los allanamientos sin orden judicial y el saqueo que los cuerpos policiales y militares ejercían cruelmente sobre las escasas pertenencias de un pueblo ya arruinado, sumido en la miseria y desprovisto de la protección de la ley.
Cuando la fiscal señala con valentía, a riesgo de su cargo y de su vida, a los tres militares que “responden a los nombres de Yelfrin Carmona, José Rodríguez y Brayan Lemus, acusados de la muerte por un disparo en el cuello de Manuel Felipe Castellano Molina, de 46 años de edad, que perdió la vida el 17 de mayo en la mañana, cuando se encontraba en un establecimiento comercial”, está ejerciendo un derecho de justicia, tal como lo exigieron los alzados del 4 de Febrero. ¿Es que ahora la vida vale menos? ¿Es que el bolivarianismo es una estratagema para violar el derecho a la vida y la renuncia a los derechos humanos?
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