La identidad venezolana es profundamente democrática. Son casi seis décadas ejerciendo el derecho al voto y el derecho a la participación que el gobierno ahora quiere eliminar a través de una Constituyente fraudulenta y que de ocurrir consolidará un sistema autoritario en Venezuela. Una identidad democrática que quedó cercenada una vez que se le impidió a los ciudadanos firmar para poder activar un referéndum revocatorio y una crisis constitucional que se agudizó con la indefinición de un cronograma electoral así como con la disolución de facto, a través de una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, de una Asamblea Nacional que fue legítimamente electa con una mayoría calificada en el 2015.
Lo que vimos este domingo en la consulta popular fue una sociedad autónoma, con una capacidad organizativa enorme, desplegada globalmente y dispuesta a utilizar esa misma cultura democrática, herencia de un país que en su historia contemporánea siempre ha resuelto sus conflictos por la vía electoral, y que lo único que solicita es restaurar pacíficamente el orden constitucional.
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