A una celda de tres metros cuadrados, aislada y sin ventilación ni aire puro, adonde no llega ningún rayo de sol, se enfrenta Daniel Ceballos, alcalde (destituido) de San Cristóbal. Desde septiembre de 2016 está preso en el Sebin del Helicoide a la espera del juicio en su contra, pese a que el Ministerio Público (en dos ocasiones) y la Procuraduría solicitaron medidas de libertad a la juez del Tribunal 15 de Juicio, Josmar González.
“La respuesta de la juez ha sido la omisión. No ha habido despachado, pospone y ha interrumpido tres veces las audiencias”, manifestó Patricia Gutiérrez, esposa del dirigente de Voluntad Popular y alcaldesa de San Cristóbal.
Informó que esperan la reapertura del juicio el próximo miércoles 19 de julio. “Es en un juicio sin pruebas, en el que se ha determinado la inocencia de Daniel. La jueza tiene la oportunidad de hacer justicia. No podemos depender de una orden política”, expresó en una entrevista a El Nacional.
“Daniel pasa días en una celda aislada. Solo le permiten salir cuando recibe visita. Son pocas las ocasiones que sale al sol, eso se lo permitieron fue hace dos meses”, indicó Gutiérrez. Aseguró que tienen la esperanza en la “victoria sobre la dictadura” con el pueblo en la calle para que su esposo vuelva a reunirse con sus tres hijos.
Daniel Ceballos fue destituido de su cargo como alcalde de San Cristóbal por decisión de la Sala Constitucional del TSJ en marzo de 2014 por incurrir en el delito de “desacato”. Ese mismo año fue privado de libertad por los delitos de rebelión y agavillamiento.
A ese mismo procedimiento se expone su esposa, alcalde de San Cristóbal. El lunes, la Sala Constitucional admitió una demanda en su contra “por intereses colectivos y difusos”, en la que ordenan realizar las acciones para evitar la obstaculización de las vías “so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad”.
“Entendiendo que estamos en 350, desconocemos la sentencia”, dijo Gutiérrez de Ceballos. Tildó el fallo de un mecanismo para vulnerar “de nuevo” el poder público municipal y que forma parte de la persecución sistemática “del régimen” para “aniquilar” la dirigencia opositora, ya que, a su parecer, las barricadas se dan en otros municipios gobernados por alcaldes del partido oficialista.
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