Los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional deben analizar, con sentido crítico, no dudo que ya lo han venido haciendo, la muy grave situación nacional originada por la decisión inconstitucional de Nicolás Maduro de convocar a una asamblea nacional constituyente sin consultarle al pueblo venezolano, depositario del poder constituyente originario, su voluntad de realizarla o no, como también las bases comiciales para la escogencia de sus miembros a través de elecciones libres, universales, directas y secretas. La protesta ciudadana de más de 100 días, 90 muertos, 1.000 heridos y 3.600 detenidos muestra el rechazo ciudadano a esa convocatoria. Para colmo, el propio Nicolás Maduro, desesperado como se encuentra, declaró en el estado Bolívar que a los empleados públicos había que obligarlos a votar, so pena de perder su empleo si no lo hacen. El Consejo Nacional Electoral, una vez más, ignoró esa grosera amenaza, violatoria de los derechos ciudadanos, como causal para suspender dicha convocatoria. Esa misma amenaza ha sido repetida por altos funcionarios de la administración pública, ante la misma omisión cómplice del organismo electoral.
Entre los hechos más recientes, que por su gravedad e importancia merecen ser reseñados, están el reprochable irrespeto del coronel Bladimir Lugo al presidente del Poder Legislativo y el asalto a las instalaciones de la Asamblea Nacional por bandas armadas oficialistas, con la complicidad de los efectivos de la Guardia Nacional, hiriendo a cinco diputados y siete empleados administrativos y manteniendo secuestrados, por varias horas, a un número importante de ciudadanos. Este acto de barbarie, solo comparable al sangriento asalto al Congreso el 24 de enero de 1848, compromete el honor de la institución armada. Posteriormente, en la madrugada del 8 de julio, fue trasladado Leopoldo López a su residencia familiar, nuevo sitio de reclusión, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Este sorprendente hecho ha tenido distintas interpretaciones en la opinión pública: dividir a la oposición para debilitar la consulta popular del 16 de julio; responsabilizar a la doctora Luisa Ortega Díaz de algunos errores procesales en dicho juicio; suavizar las tensiones políticas existentes. En todo caso, la protesta no disminuyó y la dirigencia opositora pudo convocar a una exitosa paralización, de diez horas, de todas las actividades económicas y sociales de las principales ciudades.
Precisamente hoy, en la profundización de las acciones de protesta contra las arbitrariedades dictatoriales de Nicolás Maduro y su camarilla, la Mesa de la Unidad Democrática ha convocado a una consulta popular, de acuerdo con los artículos 5 y 70 de la Constitución nacional, con la finalidad de preguntarles a los venezolanos sobre tres aspectos fundamentales: el rechazo a la fraudulenta convocatoria a una inconstitucional asamblea nacional constituyente comunal; el deber de la Fuerza Armada Nacional y de todos los funcionarios públicos de defender la vigencia de la Constitución de 1999 y la necesidad de renovar los poderes públicos mediante la celebración de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional”. Esta situación ha sido provocada, en primer lugar, por la negativa de Nicolás Maduro a reconocer el derecho de los ciudadanos a expresarse electoralmente para plantear sus desacuerdos con la política gubernamental y en segundo lugar, por la brutal y criminal represión con la cual ha pretendido ahogar toda manifestación de disentimiento.
Los millones de venezolanos que, cívica y pacíficamente, hoy concurrirán a los distintos centros de manifestación de voluntad demostrarán plenamente la legitimidad de la consulta. Nicolás Maduro tendrá que escoger entre dos delicadas alternativas: utilizar la fuerza para impedirlo, con las graves consecuencias nacionales e internacionales que puede tener; o aceptar su derrota, comprometiéndose a retirar la asamblea nacional constituyente comunal. En el primer caso solo será posible reprimir, hoy y en los días subsiguientes, a nuestro pueblo con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional. En tan difícil circunstancia, ustedes, miembros activos de nuestra organización, tendrán que escoger entre dispararle a su propio pueblo, en medio de un doloroso derramamiento de sangre, o presionar a Nicolás Maduro para que evite utilizar la violencia e inicie una negociación que permita superar la crisis nacional. En caso de respaldar el uso de la fuerza, ustedes pasarán a la historia como asesinos de ciudadanos inocentes que solo luchaban por obtener su libertad. Recuerden, la violación de derechos humanos es un delito que no prescribe y es perseguido en cualquier país. La historia repite permanentemente una gran verdad: al restituirse el Estado de Derecho, los militares son siempre los responsables ante la justicia de los crímenes cometidos, con dolorosas consecuencias. Los ejemplos sobran, principalmente en América Latina.
Realizar una acción de tanta trascendencia histórica exige mantener, por encima de cualquier circunstancia, la unidad interna de la Fuerza Armada Nacional, la cual solo puede lograrse si existe el convencimiento en todos sus miembros de que el futuro de Venezuela es incierto y enfrenta graves peligros. La Fuerza Armada Nacional ha sido sometida a un perverso proceso de desprofesionalización, ideologización, propaganda y represión que ha traído por consecuencia la ruptura del espíritu de cuerpo y la solidaridad entre compañeros de armas. En consecuencia no existe la confianza y la sinceridad necesarias para plantear y discutir los problemas nacionales e institucionales. Esa situación debe ser revertida. La opinión pública conoce actualmente de numerosas detenciones de miembros activos de la Fuerza Armada Nacional para ser sometidos a severos interrogatorios en la DGIM, sin la debida consideración a su grado y empleo. Exigimos su plena libertad. Los venezolanos esperan de ustedes una serena reflexión que le permita a la Fuerza Armada Nacional ser un factor fundamental en la inmediata solución de la crisis nacional. Recuerden que entre sus principales obligaciones se encuentran la preservación de la paz y el estricto acatamiento a la Constitución Nacional.
fochoaantich@gmail.com.
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