Convocada por la oposición con el aval del Parlamento, que ha invocado el derecho constitucional a la desobediencia cuando el Gobierno atropella la democracia, el plebiscito tiene el respaldo de importantes actores del tejido económico, cultural y civil del país.
Las reacciones que ha suscitado muestran con claridad la ruptura completa entre los poderes públicos, y de algunos de estos con buena parte de la sociedad en Venezuela.
El referendo -que pregunta también a los venezolanos si quieren la convocatoria de elecciones y piden a los militares que defiendan la Constitución vigente- ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por el diputado oficialista Pedro Carreño, que pide que sea declarado nulo y lo tacha de “plan golpista”.
Pero poco importa a quienes apoyan la consulta lo que diga el Supremo, un tribunal acusado de servir al Gobierno de Maduro cuya legitimidad no reconocen ni el Parlamento ni la fiscal general, Luisa Ortega, que también se ha rebelado contra un Gobierno al que recrimina convertir al país en un “estado policial” y practicar “terrorismo de Estado”.
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