Desde su misma instalación el 4 de agosto de 2017, y durante su primer mes de funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha dictado actos que han ido desde la remoción de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hasta la reprogramación del proceso electoral de gobernadores, pasando por la creación de una Comisión de la Verdad.
El análisis de las decisiones dictadas por la inconstitucional y fraudulenta ANC debe partir de una consideración fundamental, para la correcta comprensión constitucional del tema: la ANC fue convocada de forma contraria a la letra del artículo 347 de la Constitución, que expresamente señala al pueblo como quien convoca a un proceso constituyente. Además, las “bases comiciales” a través de las cuales se reguló la elección de los miembros de la ANC también eran inconstitucionales, al violar, entre otros, los artículos 62, 63, 64 y 67 de la Constitución. Más aún, el mismo proceso de “elección de los constituyentes”, fue denunciado por la opinión pública nacional e internacional como abiertamente fraudulento.
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