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El reciente decreto de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro no es una medida técnica ni una respuesta legítima a la crisis. Es un golpe de Estado institucional, una maniobra que suspende el principio de legalidad y profundiza la deriva autoritaria del régimen. Con este decreto, el gobierno deja claro que no pretende corregir sus errores, sino asegurarse el poder a costa de las libertades, la descentralización y los derechos ciudadanos.
Desde un templete político montado en el Poliedro de Caracas, con luces, aplausos y un guion previsible, el presidente recitó su ya desgastada narrativa de “motores económicos” y “guerra imperialista”. Nada nuevo. Doce años de fracasos acumulados son ahora maquillados bajo el ropaje de una nueva emergencia, cuyo propósito real es concentrar más poder y quebrar los pocos límites institucionales que aún resisten.
El punto más grave del decreto es la suspensión del principio de legalidad. Se habilita al Ejecutivo a restringir derechos fundamentales sin ley previa, sin control judicial, sin debate parlamentario. Una puerta abierta al abuso, a la represión económica, y a la justificación de nuevas medidas confiscatorias.
El discurso oficial repite la tesis del enemigo externo: el “imperialismo” que impone sanciones y bloqueos. Pero la verdadera emergencia no viene del exterior, sino del modelo interno de destrucción sistemática de la producción, persecución empresarial, corrupción administrativa y desmantelamiento de la institucionalidad.
Este decreto amenaza directamente al sector privado. En nombre de la emergencia, se facilitarán nuevas transferencias ilegales de empresas expropiadas hacia particulares vinculados al poder. Se premiará la lealtad política con activos públicos que fueron arrebatados sin justa indemnización a emprendedores que construyeron patrimonio durante generaciones.
Además, el decreto atenta contra la descentralización. Debilita a los municipios, limita su autonomía tributaria, y priva al ciudadano de su espacio natural de participación. El municipio, como ámbito de cercanía e interlocución directa con el ciudadano, queda reducido a la nada. Cuanto más centralización, más lejanía, más arbitrariedad, más desatención.
El paralelismo con el modelo de Juan Vicente Gómez no es gratuito. Maduro aspira a controlar el país como si fuera una hacienda personal. La diferencia es que Gómez se rodeó de talento técnico. Maduro, en cambio, confía en improvisados sin formación, guiados por la obediencia ciega y la ambición de poder.
La suspensión de los tributos municipales no resuelve los excesos que existen en algunos casos. Al contrario, los agrava. En lugar de armonizar, se impone. En lugar de reformar, se suprime. El decreto busca además empoderar aún más al SENIAT, legitimar prácticas fiscalizadoras arbitrarias, y reforzar mecanismos de presión fiscal que vulneran tratados internacionales y garantías constitucionales.
Una abogada amiga me decía: “Esto es como darle una sierra eléctrica a un ciego”. Se habilita la posibilidad de incrementar tributos sin control, de aplicar sanciones discrecionales, y de legitimar lo que antes eran simples vías de hecho. Fiscales municipales, parafiscales y funcionarios del SENIAT tendrán ahora más campo para la persecución económica.
Y lo peor está por venir: control de importaciones sin transparencia, regulación de precios sin ley, escasez provocada por el intervencionismo, y un nuevo modelo económico donde la voluntad del funcionario sustituye al marco jurídico.
Esta no es una emergencia económica. Es una emergencia política diseñada para justificar el autoritarismo. Es la instauración de un modelo de excepción sin control, que rompe el equilibrio de poderes, anula las libertades y arrasa con la economía nacional.
Lo más lamentable es la ausencia de una oposición sólida. Y más triste aún es el papel de ciertas cúpulas empresariales que, en lugar de alzar la voz, celebran supuestos logros económicos que no son más que el resultado de su sumisión. Hoy aplauden. Mañana serán los primeros afectados.
¿Qué dirán entonces los líderes empresariales cuando sus representados pierdan definitivamente sus derechos?
¿Cómo explicarán haber callado ante el desmantelamiento de la institucionalidad?
¿Que dirán las Academias que reúnen a los abogados y economistas?
¿Que dirán los partidos de la pseudo oposición?
¿Que dirá la Iglesia?
Gracias a Dios nos dio dos santos para que intercedan por nosotros ante Él.....
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