Lo primero que salta a la vista es que, salvo que la prensa haya guardado silencio, en modo alguno se ha producido un debate en Venezuela sobre las ventajas, desventajas y efectos de las indicadas operaciones con los cuales se afectan los intereses nacionales y se compromete el patrimonio del país por varias generaciones. Es más, a pesar de que se trata de transacciones donde se asumen importantes compromisos, el gobierno no ha suministrado al país elementos suficientes de información para determinar la medida de tales compromisos y cuál sería el neto de erogaciones a efectuar por Venezuela como resultado de las mismas.
En efecto, apenas si se conocen informaciones parciales y sesgadas sobre algunas de las características de tales operaciones, las cuales más bien apuntan hacia la idea de que los intereses del país pueden haber sido perjudicados gravemente. Así, por ejemplo, se observa que las acciones en las refinerías alemanas cedidas por Venezuela a Rusia constituyen inversiones sólidas mantenidas por largos años por PDVSA, y los aportes del FONDEN para constituir el llamado banco ruso-venezolano se harán con divisas constantes y sonantes producto de las reservas internacionales que le fueron traspasadas de manera inconstitucional por el Banco Central de Venezuela y la misma PDVSA. En cambio, lo que Venezuela obtiene a cambio sería lo siguiente: (i) una participación minoritaria (49%) en el llamado banco ruso-venezolano, quedando a la merced de Rusia como accionista mayoritario con el 51% del capital; (ii) la ayuda de Rusia para la construcción de una hipotética planta nuclear sobre la cual no se conoce proyecto alguno que permita evaluar su conveniencia y factibilidad, y (iii) la fabricación de armas y equipos militares que el país no requiere y que han demostrado su inoperancia e inutilidad en variadas situaciones.
La falta de transparencia del gobierno de Chávez en la realización de operaciones con Rusia y otros países, como las antes mencionadas, ha sido la norma desde que asumiera el poder hace ya más de diez años. A su vez, este ambiente de omisión en el suministro de información al país ha sido facilitado en los últimos años por el absoluto control que ha ejercido el gobierno sobre la Asamblea Nacional, organismo a quien corresponde realizar por mandato constitucional, el control del gasto public, mediante la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes y el seguimiento de su ejecución tanto a través de sus propias comisiones como de la Contraloría General de la República.
Este cuadro de connivencia ente el gobierno y el poder legislativo en la realización del gasto publico y en la asunción de compromisos sin ton ni son, parecería estar llegando a su fin con la nueva composición de la Asamblea Nacional, a raíz de los resultados obtenidos por la oposición en las pasadas elecciones del pasado 26 de septiembre. En efecto, no obstante que el gobierno, gracias a las triquiñuelas que introdujo con la reforma ley electoral, logró obtener una mayoría simple de diputados a pesar de que la votación nacional favoreció mayoritariamente a la oposición, no le será posible obtener la aprobación de los actos legislativos que requieren de una mayoría calificada de las tres quintas o dos terceras partes de la Asamblea Nacional.
Por tanto, dado que la presencia de los diputados de las fuerzas opositoras en la Asamblea Nacional representa la mayoría que les brindara el voto favorable de más del 50% del electorado nacional, resulta a todas luces necesario que desde ya se inicien los esfuerzos para obtener información relevante sobre las señaladas operaciones con Rusia y otros paises durante el reciente periplo del presidente Chávez. Estos esfuerzos deben llevar a los representantes de la oposición a plantear al inicio de las sesiones de la nueva Asamblea Nacional, un serio debate con el fín de que el país conozca la medida de sus compromisos en virtud de dichas operaciones, se determine su grado de conveniencia para el interés nacional y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. Saludos, Jotabe.
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