MIGUEL E. WEIL DI MIELE | EL UNIVERSAL
miércoles 7 de septiembre de 2011 11:47 AM
Las declaraciones de la magistrada Luisa Estela el pasado domingo cuando era entrevistada por el Marciano bigotudo, dejaron entrever con anticipación cual será la postura del Estado venezolano ante cualquiera que sea la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Leopoldo López.
Las naciones que transgreden o se niegan a aceptar el derecho internacional cuando lo consideran necesario se encuentran en un "estado natural" respecto a otros países, juzgando sus propios casos de forma inherentemente parcializada en favor de sus intereses. Son palabras de Locke. El estado natural es aquél en el que no hay derecho, en el que nos encontrábamos todos antes de organizarnos como sociedad, y en el que el más fuerte domina al más débil.
Su señoría sentenció en la entrevista, que acudir a los organismos internacionales en casos en los que los poderes públicos nacionales ya han tomado una decisión es "desestabilización", pues existen en Venezuela los mecanismos legales suficientes para reclamar los derechos que se consideren violados. Tampoco, según su criterio, pueden ventilarse a nivel internacional los casos que aún no han sido decididos por la justicia venezolana. Sin novedades: conceptos trastocados y alterados reflejos de la falta de independencia de los poderes públicos. Es requisito para llevar un caso ante la Corte, que se agoten los medios internos en el Estado contra el que se acciona el sistema interamericano de protección de derechos humanos. La razón de ello es muy sencilla. No se puede acusar al Estado de violación de derechos humanos si no se permite al mismo Estado poner en funcionamiento todo su aparato para el resarcimiento de la situación.
En el caso de López algunos dicen que pierde el tiempo. No se puede negar. Hay casos de irrespeto al derecho internacional. Sea la invasión de Estados Unidos a Irak o el desconocimiento de sentencias previas de la Corte IDH por Venezuela. Sin embargo, concluir que no existe el derecho internacional porque algunos lo irrespetan a veces, es demasiado superficial. La realidad es que a pesar de las transgresiones, la mayoría de los Estados, en la mayoría de las ocasiones, cumplen. Incluso cuando lo infringen procuran argumentar por qué no existe tal incumplimiento. De allí que el Estado venezolano siga enviando a sus abogados a la Corte IDH para defender sus argumentos. Por eso a Luisa Estela no se le olvidó decir que "nosotros respetamos los órganos internacionales y los acuerdos que Venezuela ha ratificado, siempre que estos respeten nuestra soberanía".
La manipulación de los conceptos por parte del Estado venezolano son el pan nuestro de cada día. Sin embargo, aún no se han atrevido a romper por completo y trasladarse a esa situación de "Estado natural", porque la realidad es que el argumento del Gobierno se basa en una idea que pasa por el reconocimiento del derecho.
Por eso Leopoldo no pierde su tiempo y sin querer (o queriendo) reclama algo que afecta a todos. Aunque la decisión de la Corte IDH sea desconocida por el Estado, subyacerá siempre un argumento sustancial: el de reconocimiento de un orden jurídico internacional sin el cual no se podría acusar a los gringos de imperialistas, ni consagrar la idea de hermandad latinoamericana, Unasur o el ALBA. Lanzarse al "estado natural" implicaría asumir una confrontación de débiles y fuertes, sin derecho ni reglas, donde el perdedor es más que predecible. Leopoldo se tendrá que olvidar del tango, pero no porque Gardel murió, sino porque Luisa Estela no lo quiere escuchar. El tango, mientras tanto, seguirá siendo tango.
Las naciones que transgreden o se niegan a aceptar el derecho internacional cuando lo consideran necesario se encuentran en un "estado natural" respecto a otros países, juzgando sus propios casos de forma inherentemente parcializada en favor de sus intereses. Son palabras de Locke. El estado natural es aquél en el que no hay derecho, en el que nos encontrábamos todos antes de organizarnos como sociedad, y en el que el más fuerte domina al más débil.
Su señoría sentenció en la entrevista, que acudir a los organismos internacionales en casos en los que los poderes públicos nacionales ya han tomado una decisión es "desestabilización", pues existen en Venezuela los mecanismos legales suficientes para reclamar los derechos que se consideren violados. Tampoco, según su criterio, pueden ventilarse a nivel internacional los casos que aún no han sido decididos por la justicia venezolana. Sin novedades: conceptos trastocados y alterados reflejos de la falta de independencia de los poderes públicos. Es requisito para llevar un caso ante la Corte, que se agoten los medios internos en el Estado contra el que se acciona el sistema interamericano de protección de derechos humanos. La razón de ello es muy sencilla. No se puede acusar al Estado de violación de derechos humanos si no se permite al mismo Estado poner en funcionamiento todo su aparato para el resarcimiento de la situación.
En el caso de López algunos dicen que pierde el tiempo. No se puede negar. Hay casos de irrespeto al derecho internacional. Sea la invasión de Estados Unidos a Irak o el desconocimiento de sentencias previas de la Corte IDH por Venezuela. Sin embargo, concluir que no existe el derecho internacional porque algunos lo irrespetan a veces, es demasiado superficial. La realidad es que a pesar de las transgresiones, la mayoría de los Estados, en la mayoría de las ocasiones, cumplen. Incluso cuando lo infringen procuran argumentar por qué no existe tal incumplimiento. De allí que el Estado venezolano siga enviando a sus abogados a la Corte IDH para defender sus argumentos. Por eso a Luisa Estela no se le olvidó decir que "nosotros respetamos los órganos internacionales y los acuerdos que Venezuela ha ratificado, siempre que estos respeten nuestra soberanía".
La manipulación de los conceptos por parte del Estado venezolano son el pan nuestro de cada día. Sin embargo, aún no se han atrevido a romper por completo y trasladarse a esa situación de "Estado natural", porque la realidad es que el argumento del Gobierno se basa en una idea que pasa por el reconocimiento del derecho.
Por eso Leopoldo no pierde su tiempo y sin querer (o queriendo) reclama algo que afecta a todos. Aunque la decisión de la Corte IDH sea desconocida por el Estado, subyacerá siempre un argumento sustancial: el de reconocimiento de un orden jurídico internacional sin el cual no se podría acusar a los gringos de imperialistas, ni consagrar la idea de hermandad latinoamericana, Unasur o el ALBA. Lanzarse al "estado natural" implicaría asumir una confrontación de débiles y fuertes, sin derecho ni reglas, donde el perdedor es más que predecible. Leopoldo se tendrá que olvidar del tango, pero no porque Gardel murió, sino porque Luisa Estela no lo quiere escuchar. El tango, mientras tanto, seguirá siendo tango.
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