GERARDO FERNÁNDEZ| EL UNIVERSAL
viernes 11 de abril de 2014 12:00 AM
La Presidenta del TSJ señalaba en días pasados que la misión del Máximo Tribunal era dictar sentencias conforme a las "necesidades del pueblo". Partiendo de esa base, la justicia no surge del Estado de Derecho ni de la Constitución, sino de la subjetiva voluntad de los magistrados y de los condicionamientos políticos del gobierno.
Allí comienza el abuso del poder y la arbitrariedad, cuando un juez no está sujeto a la Constitución y al Estado de Derecho, sino a los intereses que más le convengan al régimen. El TSJ determinará, a su conveniencia, cuáles son las "necesidades del pueblo", una vez que haya interpretado, a su real saber y entender, qué es lo que el "pueblo" le está solicitando. La Constitución y las leyes se convierten en una barra de plastilina que se moldea a conveniencia.
Con ese argumento, se dictan sentencias para satisfacer al régimen y los intereses del poder. Justificándose en el "pueblo que interpretan", abusan e interpretan la Constitución y las leyes. De esta manera, el tribunal no actúa como un árbitro independiente o autónomo, sino como un apéndice del régimen. Precisamente al margen de la Constitución.
Un tribunal que actúa bajo ese criterio, en vez de acudir a los principios del derecho y a la razón jurídica en el momento de dictar sentencia, asume la tarea de determinar cuál es el "pueblo" que deben escuchar y más grave aún, determinar sus necesidades, para luego "decidir correctamente".
En democracia los tribunales actúan conforme a la Constitución y las leyes y su límite es el Estado de Derecho. Lo contrario es actuar conforme a los intereses subjetivos y la discrecionalidad.
En Corea del Norte, Cuba, China y la Alemania nazi se sentencia y se sentenció "escuchando la voluntad del pueblo". De allí que la "justicia" más injusta se concreta en los regímenes en donde precisamente se dictan sentencias "escuchando las necesidades del pueblo".
En los casos de los alcaldes presos y de la Diputada Machado, el TSJ sentenció con ese criterio, vulnerando de manera flagrante principios fundamentales contenidos en la Constitución. Se transgredió el Estado de Derecho, el debido proceso, se actuó con extralimitación y fuera de su competencia y, por si fuera poco, se violó la voluntad popular y la participación democrática.
Allí comienza el abuso del poder y la arbitrariedad, cuando un juez no está sujeto a la Constitución y al Estado de Derecho, sino a los intereses que más le convengan al régimen. El TSJ determinará, a su conveniencia, cuáles son las "necesidades del pueblo", una vez que haya interpretado, a su real saber y entender, qué es lo que el "pueblo" le está solicitando. La Constitución y las leyes se convierten en una barra de plastilina que se moldea a conveniencia.
Con ese argumento, se dictan sentencias para satisfacer al régimen y los intereses del poder. Justificándose en el "pueblo que interpretan", abusan e interpretan la Constitución y las leyes. De esta manera, el tribunal no actúa como un árbitro independiente o autónomo, sino como un apéndice del régimen. Precisamente al margen de la Constitución.
Un tribunal que actúa bajo ese criterio, en vez de acudir a los principios del derecho y a la razón jurídica en el momento de dictar sentencia, asume la tarea de determinar cuál es el "pueblo" que deben escuchar y más grave aún, determinar sus necesidades, para luego "decidir correctamente".
En democracia los tribunales actúan conforme a la Constitución y las leyes y su límite es el Estado de Derecho. Lo contrario es actuar conforme a los intereses subjetivos y la discrecionalidad.
En Corea del Norte, Cuba, China y la Alemania nazi se sentencia y se sentenció "escuchando la voluntad del pueblo". De allí que la "justicia" más injusta se concreta en los regímenes en donde precisamente se dictan sentencias "escuchando las necesidades del pueblo".
En los casos de los alcaldes presos y de la Diputada Machado, el TSJ sentenció con ese criterio, vulnerando de manera flagrante principios fundamentales contenidos en la Constitución. Se transgredió el Estado de Derecho, el debido proceso, se actuó con extralimitación y fuera de su competencia y, por si fuera poco, se violó la voluntad popular y la participación democrática.
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