ALICIA DE LA ROSA| EL UNIVERSAL
lunes 5 de mayo de 2014 03:13 PM
Caracas.- La presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Ivett Lugo, denunció este lunes que los profesionales del derecho que asisten a los detenidos por las protestas que se suscitan en todo el país desde el 12 de febrero, están siendo víctimas de atropellos, maltratos e incluso detenciones en el ejercicio de sus funciones. El gremio está reunido para decidir las acciones que tomarán en los próximos días, entre ellas se habla de una Marcha de las Togas que podría realizarse el próximo 22 de mayo para rechazar estos atropellos.
En entrevista a El Universal, Lugo explicó que a los abogados "no sólo se les ha impedido tener comunicación con los detenidos y acceso a los expedientes sino que también han recibido maltrato físico y han sido privados de libertad sólo por asumir la defensa de algún ciudadano".
Puso como ejemplo el caso de la abogada Thailandia Márquez, quien fue detenida, agredida y vejada en la Subcomisión del Cicpc en el Paraíso el pasado 16 de abril cuando fue a solicitar a uno de los estudiantes detenidos la firma para su nombramiento como defensora. "Por el hecho de hacer esa solicitud, le fue negado el acceso, golpeada y presentada en tribunales por supuestamente causar lesiones a un funcionario del Cicpc. Ya se encuentra en libertad plena", dijo Lugo.
"Tres femeninas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) la esposaron en una silla, la golpearon, le halaron los cabellos y le ocasionaron un esguince en un pie. La llevaron a la medicatura forense y el galeno hizo caso omiso. La llevan nuevamente a la subdelegación de El Paraíso y le ordenaron hacerle pruebas toxicológicas en contra de su voluntad, muestra de sangre, orina y rapado de dedo", Narró Márquez.
Adicionalmente, comentó Lugo, "le instruyen un expediente a Márquez y la descalifican como profesional del Derecho presentándola en el tribunal 40 de Control, el cual acordó su libertad de forma inmediata por considerar que le fueron violados sus derechos, vejada físicamente y torturada".
Asimismo, la presidenta del Colegio de Abogados de Caracas se refirió al caso del abogado y colaborador del Foro Penal, Marcello Crovato, quien asistió a un ciudadano durante el allanamiento a una lavandería que se realizó en el municipio Chacao la madrugada del 23 de abril y "fue detenido e imputado por los delitos de agavillamiento, tenencia de objetos explosivos y asociación a delinquir por supuestamente participar en actividades subversivas".
"Crovato estaba ejerciendo su profesión de abogado y ahora se encuentra recluido en la cárcel de Yare", aseguró la profesional el derecho.
Lamentó estos hechos y llamó al gremio a unirse y protestar para exigir respeto a la profesión. "En Venezuela se esta criminalizando el libre ejercicio de la profesión y se está buscando amedrentar a los abogados para que no presten su asistencia".
Dijo que se ha convertido en una practica reiterada en los Tribunales "el obligar a un justiciable a no nombrar defensor privado sino que se someta su proceso a un defensor publico de presos".
Lugo también rechazó el hostigamiento, amedrentamiento y persecución a los abogados defensores de los Derechos Humanos por parte del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien en declaraciones expuso al escarnio público, al mencionarlos con nombres y apellidos en una lista que leyó. "Esta práctica constituye un Terrorismo de Estado para amedrentar y aterrorizar a los defensores de Derechos Humanos, y así dejar en un estado de total indefensión a la ciudadanía".
En tal sentido le recordó a los funcionarios públicos que la función primordial de un abogado es garantizar que se respete el derecho a un juicio justo al defender a un acusado ante un tribunal. "Los abogados representamos y asesoramos a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Los individuos acusados de delitos deben de estar asistidos en todo momento por un abogado de su confianza, quien garantizará que se respete su derecho a recibir un juicio justo por un tribunal independiente, autónomo e imparcial a lo largo de todo el proceso".
Por su parte, Aníbal Ruiz Alvarado, abogado de la defensa de Marcello Crovato, dijo que el proceso que se lleva en contra del profesional esta viciado. "En el expediente hay un acta donde dice que hay un agente en cubierto, identificado como testigo número 1, situación que es ilegal porque el anonimato está prohibido en el país".
Además, "la fiscal que ordena el allanamiento a la casa de Crovato sin realizar el procedimiento llama al Cicpc y pide que dejen detenido al abogado y lo imputan hasta de poner bombas en el Metro y lo envían directo a Yare, donde se planteó que allí no podía estar porque su vida corría peligro ya que el fue director de ese recinto en 1999".
En entrevista a El Universal, Lugo explicó que a los abogados "no sólo se les ha impedido tener comunicación con los detenidos y acceso a los expedientes sino que también han recibido maltrato físico y han sido privados de libertad sólo por asumir la defensa de algún ciudadano".
Puso como ejemplo el caso de la abogada Thailandia Márquez, quien fue detenida, agredida y vejada en la Subcomisión del Cicpc en el Paraíso el pasado 16 de abril cuando fue a solicitar a uno de los estudiantes detenidos la firma para su nombramiento como defensora. "Por el hecho de hacer esa solicitud, le fue negado el acceso, golpeada y presentada en tribunales por supuestamente causar lesiones a un funcionario del Cicpc. Ya se encuentra en libertad plena", dijo Lugo.
"Tres femeninas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) la esposaron en una silla, la golpearon, le halaron los cabellos y le ocasionaron un esguince en un pie. La llevaron a la medicatura forense y el galeno hizo caso omiso. La llevan nuevamente a la subdelegación de El Paraíso y le ordenaron hacerle pruebas toxicológicas en contra de su voluntad, muestra de sangre, orina y rapado de dedo", Narró Márquez.
Adicionalmente, comentó Lugo, "le instruyen un expediente a Márquez y la descalifican como profesional del Derecho presentándola en el tribunal 40 de Control, el cual acordó su libertad de forma inmediata por considerar que le fueron violados sus derechos, vejada físicamente y torturada".
Asimismo, la presidenta del Colegio de Abogados de Caracas se refirió al caso del abogado y colaborador del Foro Penal, Marcello Crovato, quien asistió a un ciudadano durante el allanamiento a una lavandería que se realizó en el municipio Chacao la madrugada del 23 de abril y "fue detenido e imputado por los delitos de agavillamiento, tenencia de objetos explosivos y asociación a delinquir por supuestamente participar en actividades subversivas".
"Crovato estaba ejerciendo su profesión de abogado y ahora se encuentra recluido en la cárcel de Yare", aseguró la profesional el derecho.
Lamentó estos hechos y llamó al gremio a unirse y protestar para exigir respeto a la profesión. "En Venezuela se esta criminalizando el libre ejercicio de la profesión y se está buscando amedrentar a los abogados para que no presten su asistencia".
Dijo que se ha convertido en una practica reiterada en los Tribunales "el obligar a un justiciable a no nombrar defensor privado sino que se someta su proceso a un defensor publico de presos".
Lugo también rechazó el hostigamiento, amedrentamiento y persecución a los abogados defensores de los Derechos Humanos por parte del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien en declaraciones expuso al escarnio público, al mencionarlos con nombres y apellidos en una lista que leyó. "Esta práctica constituye un Terrorismo de Estado para amedrentar y aterrorizar a los defensores de Derechos Humanos, y así dejar en un estado de total indefensión a la ciudadanía".
En tal sentido le recordó a los funcionarios públicos que la función primordial de un abogado es garantizar que se respete el derecho a un juicio justo al defender a un acusado ante un tribunal. "Los abogados representamos y asesoramos a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Los individuos acusados de delitos deben de estar asistidos en todo momento por un abogado de su confianza, quien garantizará que se respete su derecho a recibir un juicio justo por un tribunal independiente, autónomo e imparcial a lo largo de todo el proceso".
Por su parte, Aníbal Ruiz Alvarado, abogado de la defensa de Marcello Crovato, dijo que el proceso que se lleva en contra del profesional esta viciado. "En el expediente hay un acta donde dice que hay un agente en cubierto, identificado como testigo número 1, situación que es ilegal porque el anonimato está prohibido en el país".
Además, "la fiscal que ordena el allanamiento a la casa de Crovato sin realizar el procedimiento llama al Cicpc y pide que dejen detenido al abogado y lo imputan hasta de poner bombas en el Metro y lo envían directo a Yare, donde se planteó que allí no podía estar porque su vida corría peligro ya que el fue director de ese recinto en 1999".
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