EL UNIVERSAL
lunes 5 de mayo de 2014 03:17 PM
Caracas.-El grupo Profesionales por el Rescate de la Democracia y Libertad rechazó la politización del sistema de justicia venezolano causante del "linchamiento jurídico" contra líderes de la Unidad, como es el caso de Leopoldo López, quien hoy cumple 76 días de prisión injusta en situación de aislamiento en la cárcel militar de Ramo Verde.
"Lo que le están haciendo a Leopoldo López es una aberración jurídica, se le juzga no por lo que dijo en un acto, sino por lo que interpretó un semiólogo. Los jueces no pueden delegar en un experto la apreciación de los hechos, actuaciones como ésta nos expone al ridículo universal, este no es un sistema judicial racional y lógico", aseguró Omar Estacio, ex presidente de la Federación de Abogados de Venezuela, quien fue portavoz del grupo.
Ante las 2500 detenciones de manifestantes en el país desde el 4 de febrero pasado, las 41 muertes y los privados de libertad que se han producido desde el 12 de febrero, Estacio exigió imparcialidad a las cabezas de los poderes públicos, como lo ordena la Constitución de la República, así como a los árbitros judiciales.
"Somos víctimas de una indigencia jurídica, peor que una injusticia, es una máscara de justicia", dijo, al tiempo que se refirió a los casos de Daniel Ceballos y Enzo Scarano, alcaldes destituidos por el actual régimen por supuestamente "desacatar a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia", institución que violó 18 jurisprudencias propias para privar de libertad a quienes fueron democráticamente electos para gobernar los municipios San Cristóbal y San Diego respectivamente, "verdad justicia y paz, sin una justicia apegada a la verdad no puede haber paz".
También Rafael Veloz, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, junto a representantes de distintos gremios del país, como Tinedo Guía (CNP), Olivia Zurita, Enzo Betancourt (CIV), Douglas León Natera (FMV), Aminta Parra, Lilian Agüero y Freddy Ceballos, se refirió a los "presos de conciencia" y denunció "la utilización de las instituciones para la persecución política y criminalización de la disidencia".
"Estamos construyendo un expediente que contiene todas las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Los responsables de estas violaciones van a estar sometidos a una revisión de organismos internacionales. Vamos a agotar todas la vías como lo hace Leopoldo López para demostrarle al mundo la verdadera e ilegal utilización de los poderes públicos en Venezuela", informó.
Por su parte, Josmir Gutiérrez, dirigente estudiantil, quien representó a los estudiantes junto a Ana Karina García, exigió la liberación de Leopoldo López y del resto de los presos políticos, así como del resto de los estudiantes, entre ellos, Rosmit Mantilla, miembro activista de los derechos humanos de la comunidad LGBTI y dirigente del Movimiento Proinclusión VP, quien se encuentra detenido en el Helicoide tras un allanamiento practicado de forma irregular, donde le fueron sembradas presuntas evidencias de financiamiento a las guarimbas.
"En estos 90 días de protestas hemos demostrado que en Venezuela no hay un Gobierno democrático. No nos van a amedrentar con comiquitas como las de Miguel Rodríguez Torres, no estamos conspirando, lo hemos dejado claro. El que sabe de conspiración y golpe es usted ministro, vamos a seguir haciendo cumplir nuestro derecho que ustedes han pisoteado, nuestra protesta es legítima y lucharemos hasta vencer por la libertad y el cambio en el sistema político, recalcó en una nota de prensa.
"Lo que le están haciendo a Leopoldo López es una aberración jurídica, se le juzga no por lo que dijo en un acto, sino por lo que interpretó un semiólogo. Los jueces no pueden delegar en un experto la apreciación de los hechos, actuaciones como ésta nos expone al ridículo universal, este no es un sistema judicial racional y lógico", aseguró Omar Estacio, ex presidente de la Federación de Abogados de Venezuela, quien fue portavoz del grupo.
Ante las 2500 detenciones de manifestantes en el país desde el 4 de febrero pasado, las 41 muertes y los privados de libertad que se han producido desde el 12 de febrero, Estacio exigió imparcialidad a las cabezas de los poderes públicos, como lo ordena la Constitución de la República, así como a los árbitros judiciales.
"Somos víctimas de una indigencia jurídica, peor que una injusticia, es una máscara de justicia", dijo, al tiempo que se refirió a los casos de Daniel Ceballos y Enzo Scarano, alcaldes destituidos por el actual régimen por supuestamente "desacatar a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia", institución que violó 18 jurisprudencias propias para privar de libertad a quienes fueron democráticamente electos para gobernar los municipios San Cristóbal y San Diego respectivamente, "verdad justicia y paz, sin una justicia apegada a la verdad no puede haber paz".
También Rafael Veloz, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, junto a representantes de distintos gremios del país, como Tinedo Guía (CNP), Olivia Zurita, Enzo Betancourt (CIV), Douglas León Natera (FMV), Aminta Parra, Lilian Agüero y Freddy Ceballos, se refirió a los "presos de conciencia" y denunció "la utilización de las instituciones para la persecución política y criminalización de la disidencia".
"Estamos construyendo un expediente que contiene todas las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Los responsables de estas violaciones van a estar sometidos a una revisión de organismos internacionales. Vamos a agotar todas la vías como lo hace Leopoldo López para demostrarle al mundo la verdadera e ilegal utilización de los poderes públicos en Venezuela", informó.
Por su parte, Josmir Gutiérrez, dirigente estudiantil, quien representó a los estudiantes junto a Ana Karina García, exigió la liberación de Leopoldo López y del resto de los presos políticos, así como del resto de los estudiantes, entre ellos, Rosmit Mantilla, miembro activista de los derechos humanos de la comunidad LGBTI y dirigente del Movimiento Proinclusión VP, quien se encuentra detenido en el Helicoide tras un allanamiento practicado de forma irregular, donde le fueron sembradas presuntas evidencias de financiamiento a las guarimbas.
"En estos 90 días de protestas hemos demostrado que en Venezuela no hay un Gobierno democrático. No nos van a amedrentar con comiquitas como las de Miguel Rodríguez Torres, no estamos conspirando, lo hemos dejado claro. El que sabe de conspiración y golpe es usted ministro, vamos a seguir haciendo cumplir nuestro derecho que ustedes han pisoteado, nuestra protesta es legítima y lucharemos hasta vencer por la libertad y el cambio en el sistema político, recalcó en una nota de prensa.
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