ADOLFO R. TAYLHARDAT| EL UNIVERSAL
miércoles 11 de junio de 2014 12:00 AM
Hablar de ausencia de Estado de Derecho en Venezuela resulta un lugar común. Pero en el caso de Leopoldo López el régimen se ha anotado un récord digno de ser inscrito en el Libro Guinness en la categoría de atrocidades jurídicas.
Nunca en Venezuela, aún bajo las más crueles dictaduras del pasado, se habían pateado de manera tan infame la Constitución y las leyes. El Derecho y las libertades individuales no valen nada cuando el usurpador de la presidencia legisla, enjuicia y sentencia como le viene en gana. Todo el Poder Judicial (salvedad hecha del honroso caso de la juez Afiuni y alguna otra excepción escondida por temor a ser víctima de la guadaña del ilegítimo) está integrado por impúdicos lacayos dispuestos a vender su alma al ilegítimo -personificación misma del diablo-. Como casi ningún juez goza de autonomía ni de estabilidad porque no fueron designados por concurso y pueden ser removidos de un plumazo, ha desaparecido la dignidad en los predios judiciales. Pero debería subsistir un mínimo de honorabilidad, decoro y, sobre todo, profesionalismo. Lamentablemente eso brilla por su ausencia en los medios de la Fiscalía y de los tribunales. Basta una llamada telefónica acompañada del ofrecimiento de una recompensa para que se dicte una sentencia contra un inocente.
En el caso de Leopoldo, no habiendo sido posible demostrar culpabilidad por los delitos que le imputaron, se le acusó de haber incitado a la subversión con sus discursos y arengas públicas. Como tampoco pudieron encontrar en sus discursos pruebas de llamados a la conspiración, se recurrió al absurdo subterfugio de que en sus discursos había mensajes "subliminales" predicando un golpe de Estado. Mensajes subliminales se pueden extraer hasta de una homilía. Al final se tuvo la impresión de que la decisión sería favorable a Leopoldo y brotó un leve sentimiento de optimismo porque parecía que prevalecería la sensatez. Pero bastó la fatídica llamada telefónica en la cual, se dice, la juez exigió como contrapartida una alta función dentro de la Magistratura.
Resultado, Leopoldo será sometido a juicio en el cual podría ser sentenciado a 12 años de prisión.
Definitivamente en Venezuela tenemos un gobierno masoquista, que se deleita con el sufrimiento y la tortura de personas inocentes, sus familiares y allegados. Lo hemos visto en los casos de Iván Simonovis, del modesto agricultor Brito, de la juez Afiuni y ahora en los casos de Leopoldo y los dos jóvenes estudiantes víctimas de la crueldad del régimen.
No puedo cerrar este artículo sin dejar testimonio de mi solidaridad con Leopoldo, hacia quien además de una cordial y sincera amistad, tengo una profunda admiración por la tesonera y excelente labor política que ha realizado y por su coraje al sacrificar su libertad en nombre de sus ideales y de su propósito de luchar por un cambio que conduzca a la restitución de la democracia, ideales que comparto plenamente.
También aprovecho para solidarizarme con María Corina Machado, Diego Arria, Henrique Salas Römer, y todos los demás amigos que han sido citados a la Fiscalía y que a todas luces han sido identificados para convertirlos en nuevas víctimas de las desafueros del régimen por el simple hecho de exponer públicamente su rechazo a este régimen perverso y destructor que lidera el ilegítimo.
De esto se deriva que ahora tenemos un país amordazado. Todo el que eleve su voz para denunciar los atropellos contra los manifestantes que protestan pacíficamente, el que pida la libertad de los presos políticos, el que denuncie la inseguridad, el desastre económico que arrastra al país a la bancarrota, la corrupción que arruina el país y enriquece a los secuaces del régimen, proteste por la inflación y el desabastecimiento, el empobrecimiento general como consecuencia del costo de la vida cada día más alto, es susceptible de ser calificado de golpista y está expuesto a ser encarcelado por el solo hecho de hacer pública su exigencia de destronar, por la vía pacífica, constitucional y democrática, al culpable de la destrucción del país.
En su papel de supremo juez, el ilegítimo calificó de "asesina" a María Corina cuando el verdadero asesino es el que se niega a dictar una medida humanitaria a favor de Iván Simonovis, quien gradualmente está siendo consumido por graves problemas de salud. Recuerdo que cuando el sátrapa predecesor del actual, simplemente porque le dio la gana, condenó a Iván Simonovis a la pena máxima dije: esa es una condena muerte. Y el ilegítimo está dispuesto a cumplir los deseos de su difunto tutor, que para él son órdenes.
Considero muy importante la tarea que cumple Carlos Vecchio dando a conocer en el mundo los horrores de la situación venezolana y le deseo el mejor éxito. Esa campaña internacional debería servir para promover, al más alto nivel de los gobiernos amigos, un movimiento de solidaridad con los venezolanos y una intensa presión internacional sobre el régimen, exigiendo la libertad de los presos políticos, el cese de la represión y el respeto de los derechos humanos.
Nunca en Venezuela, aún bajo las más crueles dictaduras del pasado, se habían pateado de manera tan infame la Constitución y las leyes. El Derecho y las libertades individuales no valen nada cuando el usurpador de la presidencia legisla, enjuicia y sentencia como le viene en gana. Todo el Poder Judicial (salvedad hecha del honroso caso de la juez Afiuni y alguna otra excepción escondida por temor a ser víctima de la guadaña del ilegítimo) está integrado por impúdicos lacayos dispuestos a vender su alma al ilegítimo -personificación misma del diablo-. Como casi ningún juez goza de autonomía ni de estabilidad porque no fueron designados por concurso y pueden ser removidos de un plumazo, ha desaparecido la dignidad en los predios judiciales. Pero debería subsistir un mínimo de honorabilidad, decoro y, sobre todo, profesionalismo. Lamentablemente eso brilla por su ausencia en los medios de la Fiscalía y de los tribunales. Basta una llamada telefónica acompañada del ofrecimiento de una recompensa para que se dicte una sentencia contra un inocente.
En el caso de Leopoldo, no habiendo sido posible demostrar culpabilidad por los delitos que le imputaron, se le acusó de haber incitado a la subversión con sus discursos y arengas públicas. Como tampoco pudieron encontrar en sus discursos pruebas de llamados a la conspiración, se recurrió al absurdo subterfugio de que en sus discursos había mensajes "subliminales" predicando un golpe de Estado. Mensajes subliminales se pueden extraer hasta de una homilía. Al final se tuvo la impresión de que la decisión sería favorable a Leopoldo y brotó un leve sentimiento de optimismo porque parecía que prevalecería la sensatez. Pero bastó la fatídica llamada telefónica en la cual, se dice, la juez exigió como contrapartida una alta función dentro de la Magistratura.
Resultado, Leopoldo será sometido a juicio en el cual podría ser sentenciado a 12 años de prisión.
Definitivamente en Venezuela tenemos un gobierno masoquista, que se deleita con el sufrimiento y la tortura de personas inocentes, sus familiares y allegados. Lo hemos visto en los casos de Iván Simonovis, del modesto agricultor Brito, de la juez Afiuni y ahora en los casos de Leopoldo y los dos jóvenes estudiantes víctimas de la crueldad del régimen.
No puedo cerrar este artículo sin dejar testimonio de mi solidaridad con Leopoldo, hacia quien además de una cordial y sincera amistad, tengo una profunda admiración por la tesonera y excelente labor política que ha realizado y por su coraje al sacrificar su libertad en nombre de sus ideales y de su propósito de luchar por un cambio que conduzca a la restitución de la democracia, ideales que comparto plenamente.
También aprovecho para solidarizarme con María Corina Machado, Diego Arria, Henrique Salas Römer, y todos los demás amigos que han sido citados a la Fiscalía y que a todas luces han sido identificados para convertirlos en nuevas víctimas de las desafueros del régimen por el simple hecho de exponer públicamente su rechazo a este régimen perverso y destructor que lidera el ilegítimo.
De esto se deriva que ahora tenemos un país amordazado. Todo el que eleve su voz para denunciar los atropellos contra los manifestantes que protestan pacíficamente, el que pida la libertad de los presos políticos, el que denuncie la inseguridad, el desastre económico que arrastra al país a la bancarrota, la corrupción que arruina el país y enriquece a los secuaces del régimen, proteste por la inflación y el desabastecimiento, el empobrecimiento general como consecuencia del costo de la vida cada día más alto, es susceptible de ser calificado de golpista y está expuesto a ser encarcelado por el solo hecho de hacer pública su exigencia de destronar, por la vía pacífica, constitucional y democrática, al culpable de la destrucción del país.
En su papel de supremo juez, el ilegítimo calificó de "asesina" a María Corina cuando el verdadero asesino es el que se niega a dictar una medida humanitaria a favor de Iván Simonovis, quien gradualmente está siendo consumido por graves problemas de salud. Recuerdo que cuando el sátrapa predecesor del actual, simplemente porque le dio la gana, condenó a Iván Simonovis a la pena máxima dije: esa es una condena muerte. Y el ilegítimo está dispuesto a cumplir los deseos de su difunto tutor, que para él son órdenes.
Considero muy importante la tarea que cumple Carlos Vecchio dando a conocer en el mundo los horrores de la situación venezolana y le deseo el mejor éxito. Esa campaña internacional debería servir para promover, al más alto nivel de los gobiernos amigos, un movimiento de solidaridad con los venezolanos y una intensa presión internacional sobre el régimen, exigiendo la libertad de los presos políticos, el cese de la represión y el respeto de los derechos humanos.
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