Luis Garcia Mora
Entre viernes y domingo pasado, en este país en el que ya nada nos sorprende, todos quedamos fuertemente impactados. Y no fue para menos: en setenta y dos horas se habían producido cinco violentos ataques con granadas de mano en Caracas, Miranda y Guárico, y de manera casi simultánea, contra efectivos de nuestra policía civil.
En mi caso particular la imagen que me vino a la mente fue la de la explosión del rehén, en la película Swordfish de Dominic Sena, 2001. Es eso que la experta Rocío San Miguel tan acertadamente califica como “un monstruo de violencia estructural que puede estallarnos en la cara en cualquier momento”.
En febrero de este mismo año, un grupo de policías de Sucre también sufrió un ataque similar, con granadas, en la urbanización Los Dos Caminos. Y de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, entre enero de 2013 y marzo de este año, Venezuela ha sido la nación del mundo con más muertos por el uso de tales explosivos: dieciocho. Y la segunda (vaya privilegio) en el ranking de heridos.
Es decir, para quienes aún mantienen sus emociones alerta, la paulatina atmósfera de dureza y crueldad en la que nos están sumergiendo, y con la que nos estamos [o nos están] matando, acaba de dar un inquietante salto, cualitativo y cuantitativo.
Como la escena de Swordfish, sentimos el fin de semana pasado el estallido en cámara lenta de nosotros mismos, como rehenes de un secuestro colectivo, atrapados entre una nube de bolas de acero proyectadas en un ángulo de 60 grados, barriéndolo todo a su paso.
Una escena no civil, bélica.
Se ataca con granadas de mano M26 norteamericanas, cuyo componente activo es el C4, y las alemanas GPM75 y DM51, según los expertos, y las cifras de policías asesinados, en especial en la Gran Caracas, ha pasado de 59 en 2010 a los 105 que van en los últimos meses.
Es un hecho. En la conceptualización de esta realidad se comienza a advertir la notable responsabilidad que en este sentido ha tenido y tiene la militarización de la sociedad venezolana, implantada progresivamente durante los quinquenios de los gobiernos de Hugo Chávez y ahora de Maduro.
Con una cultura, unas creencias, unas costumbres y unos valores, los del mundo militar, completamente distintos a los del mundo civil. No olvidemos, como advierte Rocío San Miguel, que en nuestro país y en el resto del mundo los militares se entrenan “para la muerte, para hacer uso de la fuerza mortal”.
Y esta impronta tiene que incidir, natural y lógicamente, en el trastorno de los usos, valores y costumbres civiles, cívicos, que costó tanto esfuerzo cultivar.
Una regulación civil, y hasta moral, codificada en normas sociales, que el nuevo establishmentsupone obsoleta, en la función de favorecer la solidaridad, por lo que se produce una desinstitucionalización por falta de los referidos valores normativos, en un abanico que como se sabe va desde los usos y costumbres “al extremo más grave de la falta de igualdad de oportunidades sociales para avanzar en el logro de las metas sociales”.
Y que conduce a esta anomia.
Y la imposición del más fuerte.
Del hombre de armas. Del ordeno y obedezco. De una mayor presión conducente al desvío que se da sobre todo en los grupos socioeconómicos civiles más bajos, con las conductas desviadas. Y el colapso de la gobernabilidad.
La institucionalidad social (civil) como una mina Claymore, ha volado en pedazos. Sólo que en cámara lenta. Y el monstruo de la “violencia estructural”, del Frankenstein del que habla San Miguel, se expresa en el enorme número de armas en manos de la población civil de manera ilegal, de los grupos armados paramilitares y parapoliciales, guerrilla o milicia nacional bolivariana.
Que en esta ambivalente y confusa legalidad “cívico-militar”, ya comienzan a degenerar como nuevas tribus urbanas, y a ejercer, en manada (consentidas o no y fuera de control) su dominio en las calles.
Con un nivel de violencia desconocido.
Aunque el objetivo último parece ser la intimidación.
La doctrina del desprecio contra el opositor, disidente o crítico. El deseo de aniquilarlo por considerarlo un “apátrida”, se extiende en medio de la confusión y la ignorancia.
Y armado hasta los dientes.
Frente a un país en crisis en todos los órdenes.
Con la instrumentalización política de la violencia de Estado como mecanismo de ingeniería electoral, ante una situación límite del juego de poder, y en el que el narcotráfico, el tráfico de minerales y de alimentos y combustible a través de la frontera está fuera de cualquier posibilidad de control civil.
Y un Maduro completamente desconectado califica los ataques, de “locura y terrorismo”, y escondiendo la cabeza como el avestruz, garantiza que “los vamos a atrapar y después no se declaren perseguidos políticos, ni estén sacando comunicados en el New York Times”.
Como si los opositores civiles fueran los culpables de este violento desmadre que lo sobrepasa.
“Locura y terrorismo”.
Y en el caso de los bombazos del Guárico el vehículo incriminado es una motocicleta Bera Socialista roja placas AG9V46D, conducida por un joven de 18 años. Y los responsables del ataque contra las comisiones policiales de Baruta fueron, como dijo el alcalde, personas con armas largas que se movilizaban en más de 50 motos y fueron desde Caricuao hasta Petare, enfrentándose a distintos cuerpos de policía de acuerdo a las jurisdicciones por las cuales transitaron.
Sin que una sola autoridad los detuviese.
O se atreviera ante las granadas fragmentarias.
Granadas fragmentarias que, según las consultas a los expertos, (como las de Adriana Núñez de TalCual), o han sido robadas de los almacenes militares por los jóvenes que ingresan y se retiran a los dos años, o son producto de la incautación de armas no declaradas. O Del robo a casas de militares retirados que las almacenan como souvenires.
O del contrabando del material bélico en la frontera.
O del robo durante las prácticas y entrenamiento militares.
“Ningún cuerpo policial tiene fusiles, armas de guerra”, ha dicho nada menos que Freddy Bernal, preguntándose: ¿Quién le da unos fusiles de alta potencia a una banda criminal?
Y añadiendo: “Pueden venir de las FANB o del extranjero, o de los perros de la guerra. Exhortamos al ministerio de la Defensa a descubrir el origen de esas municiones y eso sería darle un golpe duro a las bandas criminales”.
Ya la excusa del “secreto de Estado” se está descomponiendo por el enrarecido avance de la descomposición criminal de la violencia.
De cada 1000 armas irregulares que circulan por las calles de Venezuela, una podría ser una granada.
La DAEX (Dirección de Armas y Explosivos) calculó hace dos años que el armamento ilegal alcanzaría 1 millón 878 mil y que más de 1000 granadas podrían estar en manos de los delincuentes.
Y cuando aquella famosa Comisión Presidencial para el control de Armas, Municiones y el Desarme, creada en 2013 abrió la investigación, jamás logró que la FANB revelara el tamaño del arsenal, alegando “secreto de Estado”.
Hasta ahí llegaron las averiguaciones.
“No rinden cuentas”, reflexionaba ante Adriana Núñez en un reportaje magistral, un corajudo exjefe de Homicidios del CICPC. “¿Les podemos confiar el monopolio de las armas?”.
Y un funcionario de CAVIM le destacaba que sí hay un registro reservado de las granadas existentes y las “extraviadas”. Y se hace obligatorio levantar un inventario claro de las que aún están en los almacenes de la FANB y realizar operativos para “recoger” esas granadas.
Aunque, ¿cómo? Si ni siquiera con respecto a la necesidad (real o ficticia) del establecimiento del Estado de Excepción como una medida dirigida a impedir el tráfico ilegal en la frontera de alimentos y combustible (no abarca narcotráfico y trafico de minerales), este jefe del Estado no ha abierto una averiguación militar para sancionar a los responsables.
Y ante esto, unos diputados de oposición se preguntaban esta semana aunque al parecer sotto voce, ¿por qué no hay mandos militares fronterizos removidos por su incapacidad para impedir los tráficos ilegales de combustibles, minerales y alimentos?
Que es la gran pregunta ante las declaratorias del Estado de Excepción con el argumento de ejercer la guerra contra el contrabando.
Y algunos diputados cuestionaban que hasta el momento no haya un solo general o funcionario de la FANB investigado o preso por este “crimen” contra el pueblo de Venezuela, como lo ha bautizado el propio Maduro.
El diputado Miguel Pizarro condena que hasta la fecha no existan responsables por ese delito.
Y por supuesto que esta gruesa carencia también contribuye al incremento de esta violencia estructural, de este monstruo que, entre viernes y domingo pasado, cobró nuevas víctimas, cuando cinco violentos ataques con granadas de mano nos produjo la impresión de una mina Claymore, el estallido en cámara lenta de nosotros mismos como rehenes de un secuestro colectivo.
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