Por considerar que se han
cometido crímenes de lesa humanidad contra opositores, exigen llevar casos a la
Corte Penal
HERNÁN
LUGO-GALICIA.
La confesión del
fiscal Franklin Nieves referida a que Leopoldo López fue enjuiciado con pruebas
falsas evidencia cómo en Venezuela se usa el sistema judicial para perseguir a
la disidencia política, lo que acarrearía sanciones penales en el ámbito
nacional e internacional contra los jefes de los poderes públicos, sostienen
expertos y el Foro Penal Venezolano.
“Las declaraciones de
Nieves de que forjó pruebas contra López muestran el deterioro institucional
del país. En una nación democrática y seria, si un fiscal arma un juicio con
pruebas falsas tiene que poner su cargo a la orden y como se evidencia que
recibía instrucciones del jefe superior, en este caso de la fiscal Ortega Díaz,
el Parlamento y el Consejo Moral deben investigar la responsabilidad de sus
miembros porque su conducta ética está en tela de juicio”, afirmó el ex
magistrado Román Duque Corredor.
En el campo jurídico
y procesal señaló que el sistema de justicia violó el principio constitucional
del debido proceso y la tutela de garantía efectiva al sentenciar con pruebas
falsas, lo que implica sanciones contra el Ministerio Público y el tribunal. En
consecuencia, por el Código Procesal Penal, López tiene que ser liberado.
“El Poder Judicial,
en este caso la jueza Susana Barreiros, admitió pruebas falsas, lo que es algo
grave y por ende Barreiros y Ortega Díaz tendrán que responder ante la justicia
nacional e internacional por intimidación y persecución a la disidencia
política. En Venezuela, los poderes planifican para condenar a la disidencia
por lo que la confesión de Nieves debe llevarse a la Corte Penal de La Haya
junto con otras que revelan cómo se criminaliza a la disidencia”, expuso
Corredor.
Sin embargo, aclaró
que Ortega Díaz no puede alegar que Nieves actuó a modo personal para así
evadir su responsabilidad: “Aunque la Constitución dice que todo funcionario es
responsable de sus actos, en el caso de López se violaron derechos humanos y la
ética pública, por lo que Ortega Díaz debe renunciar. El silencio del gobierno
preocupa porque pudieran preparar una estrategia para lavarse la cara nacional
e internacionalmente. Si fuera un gobierno inteligente, la fiscal debe renunciar
y someterse a una investigación”.
Alfredo Romero,
director ejecutivo de Foro Penal, denunció que hay “responsables directos”: “Es
decir, personas que se visten provisionalmente de jueces o fiscales al servicio
de otras personas en el poder para dictar fraudulentas decisiones judiciales
que tienen el único objetivo de perseguir, encarcelar y torturar incluso a los
políticamente inconvenientes”.
Romero describió las
“consecuencias terribles” por las decisiones de tribunales y fiscales como
Nieves: 78 encarceladas, más de 2.000 personas con restricciones a su libertad,
200 torturados y obligados a solicitar refugio por razones políticas.
“En definitiva,
el sufrimiento que este esquema de jueces investidos de maldad, o sometidos a
la maldad, ha ocasionado es terrible. Esta situación encuadra perfectamente en
el concepto de persecución por motivos políticos, crimen de lesa humanidad de
conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma”.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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