A dos meses de las elecciones
parlamentarias, el chavismo ha empezado a desplegar medidas en 66,7% de los
circuitos electorales del país con miras a mantener el control de la Asamblea
Nacional. La táctica tiene directo sobre 74,3% de las circunscripciones con
tendencia histórica reñida o levemente oficialista, los sitios en los que se
decidirá quién se queda con la mayoría de escaños en las próximas legislativas
FRANZ
VON BERGEN
El 21 de
agosto en la tarde fue la última vez que Laidy Gómez, candidata de la MUD en el
circuito 1 de Táchira, pudo hacer un acto público de campaña. Pocas horas
después del evento, el presidente Nicolás Maduro apareció en cadena nacional
desde el palacio de Miraflores para decretar el estado de excepción en los seis
municipios tachirenses que conforman su circunscripción.
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Aprobado
Estado de Excepción en zona 2 de Táchira
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“Como se
prohibieron las concentraciones públicas, tuvimos que suspender las asambleas
en los barrios y comunidades para evitar que inventen que estamos desacatando
la medida y eso sirva de excusa para inhabilitar nuestra candidatura”, aseguró
Gómez, luego de que su circuito, compuesto por los municipios Bolívar, Ureña,
Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta, cumplió un mes con las
garantías restringidas y la frontera cerrada.
Gómez
hizo una solicitud informal ante el Consejo Nacional Electoral para que mediara
en la situación y su precampaña no se viera afectada. Sin embargo, el ente
comicial le respondió que el período de proselitismo comienza oficialmente el 3
de noviembre.
Pero no
todos los dirigentes políticos de la zona sienten el mismo temor a la hora de
salir a la calle. El 5 de septiembre el gobernador de Táchira, José Gregorio
Vielma Mora, realizó un acto de masas en el municipio Bolívar, fronterizo con
Colombia. Lo acompañaron todos los candidatos del PSUV, incluido Néstor Sayago,
el rival de Gómez, quien desde entonces ha hecho varias concentraciones públicas,
según se puede corroborar por las fotos de su cuenta de Twitter,
@Nestor_Sayago.
Esta
medida especial y otras que han sido activadas por el chavismo en varios
estados pudieran terminar decidiendo quién se lleva la victoria en los comicios
legislativos el próximo 6 de diciembre, fecha en la que el PSUV aspira a
mantener su control sobre el Parlamento.
Existe
una competencia dispar entre los candidatos opositores, a quienes se les
imponen restricciones, y los del PSUV, que actúan con toda libertad. El
caso del circuito 1 de Táchira se repite con distinta intensidad en otras 9
circunscripciones, 10,3% del total, afectadas también por la declaración de
estado de excepción en 23 municipios de Apure, Táchira y Zulia. En la 2
zuliana, compuesta por las alcaldías Jesús Enrique Lossada y La Cañada de
Urdaneta, el opositor Avilio Troconiz se está movilizando con cautela:
“Intentamos que no haya más de 30 personas reunidas para no llamar la atención
de las autoridades. Aun así, algunas patrullas de la Policía Nacional
Bolivariana nos han rodeado y mantienen la vigilancia. Hasta ahora hemos podido
hacer actividades, el anuncio fue más mediático que otra cosa”, afirmó.
Seis de
los nueve circuitos afectados por el estado de excepción tienen una tendencia
histórica de votación reñida, por lo que la MUD está obligada a ganarlos para
obtener la mayoría parlamentaria. Si no lo hace, tendrá que vencer en más
circuitos históricamente chavistas en otros estados del país, lo que
dificultaría sus opciones.
El 6-D no
ganará quien obtenga la mayoría de sufragios, sino quien consiga más diputados.
Con 84 se logra la mayoría y a partir de 101 se conquista la mayoría
calificada, que otorga un importante poder político.
Con un
margen a su favor de hasta 20 puntos porcentuales en intención de voto, el reto
de la MUD es obtener la mayoría calificada, mientras que al PSUV le bastan unos
pocos diputados más, gracias a la forma en que están distribuidos los circuitos
electorales, que en su mayoría tienen una tendencia histórica inclinada hacia
el chavismo.
Ganar
sin popularidad. Con una intención de voto para los candidatos del
PSUV que ronda 25%, según algunas encuestas, la popularidad del chavismo se
encuentra en el peor momento de su historia y el panorama electoral es poco
alentador. “Si esto fuera una elección nacional, el gobierno casi no tendría
opciones de triunfo”, advierte Félix Seijas, director de la encuestadora
Delphos. “Lo único que hoy los mantiene en juego es su capacidad de
manipulación y movilización de votos”, añade Alfredo Keller, quien preside la
firma de análisis de datos Keller y Asociados.
Además
del estado de excepción y del cierre de la frontera, en julio fue activada la
Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP), plan de seguridad que
“busca erradicar el crimen y células paramilitares e intervenir con especial
atención en urbanismos de la Misión Vivienda”, según los videos promocionales
presentados por el mismo gobierno.
Pero
cuando se analizan los lugares en los que se ha aplicado la OLP, queda claro el
trasfondo electoral de lo que se ha vendido como una simple política pública
para combatir la inseguridad.
Según un
registro de los anuncios oficiales hechos por el Ministerio de Relaciones
Interiores, Justicia y Paz en Twitter y en la web hasta el 28 de septiembre
hubo operativos en 53 circuitos. 23 de ellos son de tendencia histórica reñida
o levemente chavista, 65,7% del total de espacios de ese tipo, los cuales
definirán el resultado de la elección de diciembre. Del resto, 23 son
fuertemente chavistas (57,5% de ese total) y 7 opositores (58,3% de ese total).
Sondeos
de opinión indican que la inseguridad es el segundo mayor problema para los
venezolanos, por detrás de las dificultades económicas, por lo que la meta del
oficialismo es mejorar su imagen promoviendo mano dura contra el crimen. Según
Hinterlaces, más de 80% de los encuestados en agosto respaldó la aplicación de
la OLP, cifra que se elevó a 97% entre los autodenominados chavistas.
Si se
suman los datos de la OLP y la declaratoria de estado de excepción, hasta
finales de septiembre se aplicaron medidas especiales para influir directamente
sobre el electorado de 58 circunscripciones, 66,7% del total. 26 de ellas son
de tendencia levemente oficialista o reñida (74,3% del total de ese tipo), 25
son fuertemente chavistas (62,5% de ese total) y 7 opositoras (58,3% de ese
total).
Al
profundizar sobre los circuitos fuertemente chavistas y opositores en los que
se activaron las medidas, el objetivo electoral queda todavía más claro.
Entre los
primeros hay circunscripciones de estados como Apure y Portuguesa, donde el
gobierno afronta el riesgo de derrotas inesperadas por divisiones, y zonas como
los Valles del Tuy, en Miranda, donde algunos estudios revelan que la ventaja
del PSUV es mucho más débil que en otros años.
En lo que
respecta a los circuitos de tendencia opositora, cuatro de los siete están en
Carabobo, Miranda y Zulia, los tres estados en los que se eligen tres diputados
por método proporcional, por lo que ganar la entidad implica añadir un
parlamentario y por eso es indispensable reducir las ventajas de la oposición
en sus feudos. Entre los tres restantes está el circuito 3 de Caracas,
importante para triunfar en la capital y con influencia sobre la
circunscripción 2, que es reñida.
“Lo que
estamos viendo es el chavismo impactando con fuerza sobre algunos circuitos
específicos para evitar que la oposición llegue a la mayoría calificada. Al
final son unas 24 circunscripciones las que serán la diferencia entre ganar o
perder”, indica Oswaldo Ramírez, especialista en campañas electorales y
director de ORC consultores.
Dakazo. En 2013 la aprobación de gestión
de Nicolás Maduro venía cayendo progresivamente desde que ganó las
presidenciales el 14 de abril. El panorama lucía tan gris que muchos auguraron
que el chavismo tendría un mal resultado en las municipales de ese año. Sin
embargo, todo cambió un mes antes de los comicios.
Con la
intervención de varias tiendas de electrodomésticos, entre ellas Daka, el
presidente logró que gran parte del electorado chavista e independiente
responsabilizara a los comerciantes de la especulación de precios y creyera en
la guerra económica. Esto provocó que la aprobación de su mandato subiera 9,5
puntos, según cifras de Datanálisis, y que el PSUV aumentara su intención de voto
para terminar ganando 72,2% de las alcaldías. El “dakazo” alimentó la leyenda
de que el chavismo es capaz de reponerse antes de cualquier elección activando
medidas extraordinarias de última hora.
Es lo que
busca ahora: si al cierre fronterizo y al estado de excepción logra sumar una
mejora del abastecimiento, explotará el argumento de que las mafias fronterizas
eran las culpables de la escasez, y con ello aumentar su popularidad e
intención de voto, señalan expertos.
Esta idea
será sometida a prueba en diciembre. Basándose en los últimos datos de las
encuestas, algunos analistas ponen en duda esa teoría. “Creo que solo 10% del
electorado estaría dispuesto a cambiar de opinión y apoyar al gobierno en los
dos meses que quedan antes de los comicios”, advierte Seijas.
Ramírez
es incluso más pesimista: “Viendo los últimos estudios, considero que el
impacto positivo de medidas como la OLP y el cierre de la frontera apenas
podría ser de entre 3% y 8% del electorado en circuitos específicos. En los
lugares que están perdiendo muy holgadamente, eso no cambia nada”.
Enrique
Márquez, dirigente de Un Nuevo Tiempo y miembro del comando de campaña de la
MUD, agrega que las medidas no han sido exitosas, por lo que no atraerán al
electorado. “En la frontera sigue el desabastecimiento de alimentos y la OLP no
van a resolver realmente el tema de la inseguridad porque es un simple
operativo más”, afirma.
Los
últimos sondeos demuestran que más de 70% de la población no cree en la guerra
económica y menos de 10% responsabiliza al sector privado de los problemas, el
grupo que sirvió de chivo expiatorio en 2013.
Keller
cree que en esta oportunidad la ciudadanía reaccionará con mucho menos
entusiasmo ante iniciativas de última hora. “Será así por tres razones: 1) la
credibilidad del gobierno es extremadamente baja, 70% de los encuestados no le
creen nada, 2) existe ya una convicción general de que tiene las elecciones
perdidas y 3) el único problema que se enfrenta no es la escasez. Puede llegar
la comida, pero los precios siguen siendo cada vez más altos y eso no lo podrán
detener”, argumenta.
Carlos
Hurtado, vocero del grupo Clase Media Socialista, es uno de los chavistas
descontentos. “Es lamentable que se espere a una coyuntura electoral para tomar
medidas de seguridad y económicas que son necesarias desde hace mucho. Desde
los movimientos sociales tenemos tiempo haciendo propuestas y no se nos había
hecho caso. Podemos partir de la buena fe de que se busca combatir la
delincuencia y el problema económico, pero no se puede actuar solo antes de los
eventos electorales”, reclama Hurtado, que ahora también es miembro de Marea
Socialista.
Jugar
duro. Aunque analistas dudan del
impacto nacional que pueden tener las medidas del oficialismo, consideran que
mantienen el potencial de influir sobre el resultado de algunos circuitos
específicos en los que afectan directamente el desarrollo del proceso
electoral, como ocurre con el estado de excepción.
“Vamos
a acudir al CNE y a distintas instancias regionales para que se respeten los derechos
de todos lo candidatos y cesen las limitaciones, que han sido especialmente
fuertes en Táchira”, advierte Márquez.
El
decreto restringió expresamente seis garantías constitucionales en los nueve
circuitos afectados. Cuatro de ellas influyen directamente sobre las
actividades de campaña: el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones
privadas, protegidos por el artículo 48 de la Constitución; la libertad de
tránsito, que está en el artículo 50; la posibilidad de realizar reuniones
públicas, en el artículo 53, y el derecho de manifestar pacíficamente, artículo
68.
“Esto te
quita la libertad de realizar actos de tierra como caminatas, volanteo y
caravanas. Para todo eso habría que pedir permiso a la autoridad única de la
zona, que termina teniendo el poder de interferir sobre la campaña”, opina
Ramírez.
Debido al
crecimiento de la hegemonía comunicacional del gobierno en los últimos dos
años, la oposición cuenta cada vez con menos espacios mediáticos para difundir
sus mensajes. Por consiguiente, depende más del contacto directo con la gente
en la calle. La situación especial de estas circunscripciones limita eso y deja
a los candidatos de la MUD en una posición muy comprometida.
“En
circunstancias anómalas como esta tiene ventaja la organización con la
estructura más fuerte, y en eso el chavismo es superior a la MUD, que no tiene
un ejército electoral. La situación podría influir incluso el día de la
elección durante la movilización de votantes”, agrega Ramírez.
La
superioridad que el estado de excepción le da al gobierno en términos
organizativos es tan alta que el consultor político advierte que pudiese ser
extendido a otros estados fronterizos o costeros, como Bolívar y Anzoátegui,
con el argumento de que se busca eliminar el contrabando.
El 22 de
septiembre Maduro anunció que también activaría el estado de excepción en
Amazonas, entidad compuesta por un circuito electoral de tendencia reñida. Sin
embargo, la medida todavía no se ha concretado.
Por su
parte, el 16 de septiembre el alcalde de Punto Fijo, Alcides Goitía, adelantó
la posibilidad de que la medida se tomara en la península de Paraguaná para
detener el contrabando.
Sin
embargo, el comando de la MUD duda que el Gobierno esté en capacidad de
extender la medida mucho más. “Creemos que enfrentarían problemas logísticos
importantes porque la Fuerza Armada también está afectada por los distintos
problemas que tiene el país. Incluso, en Zulia ha venido declinando la
presencia militar”, asegura Márquez.
En total,
Venezuela tiene 12 circuitos que limitan con Colombia o Brasil y en ellos se
elige a 13 diputados, de los cuales 10 se escogerán en espacios con tendencia
histórica reñida. Si a eso se suman los circuitos costeros, esta medida pudiese
extenderse a otros 22 circuitos con 30 curules, lo que afecta la elección de
hasta 43 parlamentarios nominales, 38,1% de los que se seleccionarán por ese
método. De esos, 26 se eligen en sitios clave para la victoria opositora.
Entre
agosto y septiembre Bolipuertos reportó la llegada al país de más de 60.000 toneladas
de alimentos que serán distribuidas en abastos populares, donde compran los
electores que al gobierno le interesa reconquistar.
El sábado
19 de septiembre se activaron 1.190 operativos de mercados populares en los
cuales se repartieron 6.500 toneladas de comida, según el ministro de
Alimentación, Carlos Osorio. La cantidad importada permite hacer operativos
similares todos los sábados que quedan hasta el 6 de diciembre, pero no sería
suficiente para abastecer el país de manera regular, según calculan expertos.
Además,
el gobierno ha traído carros para entregar a través de la misión Transporte,
por la cual esperan más de 20 mil taxistas; planea aumentar el número de
pensionados; adjudicar más viviendas e inaugurará grandes obras, como la
estación Bello Monte del Metro de Caracas.
Desde
abril el presidente Nicolás Maduro toca el tema de las misiones y otros
programas sociales en 77% de los actos televisados que ha realizado, según un
conteo que lleva El Nacional. Además, en varias oportunidades ha
advertido que la oposición limitaría los créditos adicionales si controla la
Asamblea Nacional, lo que repercutiría sobre las ayudas que puede otorgar el
Estado.
También
desde abril, en los actos oficiales del jefe del Estado han sido transmitidas
26 inauguraciones, entre las que destacan escuelas, centros de distribución de
alimentos y obras de infraestructura, tratando de dar la idea de que el
gobierno sigue cosechando logros a pesar de la crisis económica.
La
entrega de ayudas no se limita a Maduro. Los candidatos del PSUV se aprovechan
de los recursos públicos para donar bienes públicos, como canaimitas y
artefactos electrodomésticos, a electores durante actos de campaña.
“A partir
de ahora la narrativa del oficialismo se apalancará en tres grandes cosas: 1) nuestros
candidatos son los del pueblo, 2) Maduro tratará de ser nombrado lo menos
posible y 3) chantajear con el tema de que su triunfo es el único que garantiza
la gobernabilidad”, advierte el consultor Oswaldo Ramírez.
Además,
el PSUV sigue haciendo uso de la tesis del enemigo externo para cohesionar a su
base de seguidores promoviendo el nacionalismo.
En marzo
y abril, luego de que Estados Unidos sancionara a siete funcionarios
venezolanos por sus prácticas en contra de los derechos humanos, Maduro habló
sobre este tema en todas las oportunidades que apareció en televisión. Según
números de Datanálisis, esto le ayudó a que la aprobación de su gestión subiera
de 24% a 28%, aunque luego cayó nuevamente a 24% en julio.
Ese mismo
mes intentó repetir el beneficio abordando el tema del diferendo limítrofe con
Guyana, del cual habló durante 84,2% de las veces que apareció en televisión
desde el 5 de julio.
Como esto
no le reportó mayores beneficios, se enfrentó con Colombia, asunto del que
habló en 82,7% de sus actos televisados entre el 19 de agosto y el 24 de
septiembre, periodo en el que sólo tocó el tema de Guyana en 10% de sus
apariciones. Luego de reunirse con Santos y encarrilar las relaciones con
Bogotá, volvió a hablar del tema de la zona en reclamación.
Algunos
analistas consideran que el gobierno podría intentar suspender las elecciones
parlamentarias en caso de que la intención de voto a su favor no mejore en las
encuestas y su derrota en los comicios sea imposible de evitar.
Sin
embargo, esa posibilidad o la postergación de las elecciones no parece un
camino sencillo si se evalúa desde el punto de vista jurídico. El abogado José
Ignacio Hernández, profesor de Derecho en la UCV y la UCAB, escribió
recientemente sobre el tema en un artículo publicado por el portal prodavinci.com. Aclaró que la declaratoria de
estado de excepción no permite restringir derechos políticos propios del
proceso electoral, entre ellos el sufragio.
Advirtió
además que en la historia venezolana hay ejemplos de elecciones que se han
llevado a cabo durante regímenes especiales de excepción y que en la
legislación vigente no hay una figura que permita al Consejo Nacional Electoral
“suspender” una elección luego de la convocatoria. Además, la Constitución
señala que la nueva Asamblea debe ser juramentada el día 5 de enero, por lo que
tendría que estar elegida para entonces.
No
obstante, existen antecedentes de postergación de elecciones. En 2013, debido a
los comicios presidenciales que debieron hacerse tras la muerte de Hugo Chávez,
el Poder Electoral retrasó la elección de alcaldes y concejos municipales, que
estaba prevista para julio y terminó celebrándose en diciembre.
Por esta
situación buena parte de los alcaldes estuvieron en sus cargos por un año más
de lo que les correspondía. En el caso de los concejales ocuparon sus puestos
por tres años más de lo que les tocaba, pues la última vez que habían sido
sometidos a votación fue en 2005.
“El
estado de excepción crea las condiciones necesarias para que el chavismo tenga
argumentos a favor de mover las elecciones de fecha. Podría incluso
postergarlas unas pocas semanas para generar zozobra y desmovilizar a la
oposición”, advierte el consultor político Oswaldo Ramírez.
El experto no descarta que la
medida se limitara exclusivamente a los circuitos bajo régimen especial. Para
el PSUV sería en cierta medida beneficioso mantener los diputados actuales en
esas nueve circunscripciones, pues en 2010 ganó cinco y la oposición cuatro. En
esta oportunidad, la MUD debería apuntar a ganar los seis parlamentarios que se
reparten en lugares con tendencia de votación históricamente reñida. Es decir,
necesita dos de los que controla hoy el chavismo.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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