EDDY REYES TORRES/ @EDDYREYEST
29 DE OCTUBRE 2016 - 12:01 AM
El 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado oficial en el que señala que acataba las medidas precautelares que ordenan diferir cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad que se requirieron, como primer paso, para la realización del referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro Moros. Las medidas en cuestión fueron emitidas por tribunales penales de los estados Carabobo, Apure, Aragua y Bolívar. Como consecuencia de ello, la mencionada institución procedió a posponer, hasta nueva instrucción judicial, el proceso de recolección de 20% de manifestaciones de voluntad que estaba pautado para los días 26, 27 y 28 de octubre.
En la práctica, el anuncio en cuestión aborta toda esperanza de salir de este régimen este mismo año, matando así el deseo legítimo –apoyado en la Constitución Nacional– de 80% del electorado venezolano que aspiraba a una solución pacífica y expedita del mal político que hoy aqueja al país. Podría entonces decirse que en Venezuela se ha consumado, de hecho y de derecho, un golpe de Estado, acabando de una vez por todas con cualquier vestigio o apariencia democrática.
Es por eso que las reacciones al anuncio del CNE no se hicieron esperar. Al día siguiente, nuestras Academias Nacionales, centros de sapiencia venezolana, también por la vía de un comunicado oficial, expresaron de manera tajante que los tribunales penales carecen de competencia en materia electoral, toda vez que de conformidad con el artículo 297 de la Constitución, esas son decisiones exclusivas de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En virtud de eso, procedieron a denunciar la ruptura del orden constitucional y a comunicar su pronunciamiento a las embajadas acreditadas en el país, para que se informe a sus homólogas en los respectivos países.
Dos días más tarde, la Asamblea Nacional se reunió en sesión extraordinaria y con la aprobación de la mayoría calificada acordó, entre otras acciones: 1) declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen presidido por Nicolás Maduro; 2) proceder a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la independencia de los poderes y el respeto al Estado de Derecho; 3) proceder a la designación de los tres rectores principales y suplentes que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014, así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año; 4) exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrarios a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral; y 5) convocar al pueblo de Venezuela, conforme al artículo 333 de nuestra Constitución, a la defensa activa de nuestra carta magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del orden constitucional.
El gobierno, aunque es minoría, cuenta para apuntalar sus acciones y las del CNE con el aparente respaldo de las Fuerzas Armadas y con el control que tiene de la renta petrolera, lo cual le permite comprar conciencias a granel. En eso se fundamenta su guapería y desparpajo. Sin embargo, el verdadero respaldo de los militares está por verse y eso se manifestará claramente cuando se origine el choque de trenes como consecuencia de las manifestaciones opositoras de calle, no antes.
El juego, pues, está trancado y es al pueblo opositor al que le corresponde romper y deshacer las trabas.
Hasta ahora, la sociedad civil se había orientado por una salida negociada y pacífica, pero el régimen ha tomado la absurda decisión de tensar la cuerda hasta un punto en el que eso último luzca como una quimera. Por eso, insistimos, a los venezolanos no les queda más alternativa, como dicen los españoles, que tomar el toro por los cuernos e inclinar su destino hacia donde crea que están sus verdaderos intereses que, obviamente, no son otros que los derivados de una democracia plural e inclusiva.
Así, más que a los líderes de la MUD, es al bravo pueblo –donde está incluido el sector honesto y prudente de nuestras Fuerzas Armadas– al que le llegó la hora de marcar la pauta, cuyas generalidades están muy bien recogidas en los pronunciamientos de nuestras Academias y la Asamblea Nacional. Y el hecho de que en lo inmediato se generen reuniones o acercamientos entre representantes del régimen y la MUD, dirigidos a buscar una salida rápida y evitar un baño de sangre que a nadie le interesa, no debe ser obstáculo para que la presión de calle siga su curso.
Sin duda, como dijo Jesucristo en su hora postrera, “ya todo está cumplido” (consummatum est). Se ha iniciado entonces un nuevo tiempo político y estamos seguros de que la acción del CNE y el gobierno de Maduro se transformarán, en el futuro próximo, en el acicate que nos abrirá el paso definitivo a la democracia plena y verdadera.
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