Róger F. Noriega
El jueves, el líder venezolano Nicolás Maduro y la banda de delincuentes que toman decisiones en ese país, sofocaron cualquier esperanza para alcanzar una salida constitucional y democrática que habría permitido a los votantes reemplazar a su régimen represivo y deplorable. Las fuerzas democráticas del país están aglutinando a la gente para hacer frente a Maduro, cuyo gobierno es incapaz de resolver la escasez de alimentos y el caos social provocado por los casi 20 años de gobierno autoritario.
Opposition
supporters take part in a rally against Venezuela’s President Nicolas
Maduro’s government in Caracas, Venezuela, October 26, 2016.
REUTERS/Carlos Garcia
Hasta ahora, el presidente Obama ha preferido el “diálogo” entre el régimen y sus víctimas, incluso a costa de mantener a Maduro en el poder. Sin embargo, las recientes medidas antidemocráticas adoptadas por la línea dura del régimen son un desafío directo a Washington y a la comunidad internacional. Su respuesta determinará si Venezuela se inclinará hacia un camino violento o hacia la restauración de la democracia.
Desde que el Partido Socialista de Maduro (PSUV) perdió las elecciones legislativas nacionales de manera aplastante hace un año, ha abusado del poder ejecutivo y ha usado al judicial para desafiar el voto popular que dio a la oposición democrática una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional. Resoluciones judiciales cuestionables por parte del Tribunal Supremo, que está repleto de partidarios del PSUV, han anulado prácticamente cualquier acto legislativo. En las últimas semanas, el presidente y el tribunal han decidido privar de fondos a la Asamblea y usurpar su autoridad en la aprobación del presupuesto nacional. Maduro también ha amenazado en repetidas ocasiones disolver la Asamblea Nacional.
Durante meses, la oposición ha buscado invocar, con muchos obstáculos, una provisión de la constitución que le permite a los ciudadanos participar en un referendo revocatorio para expulsar a Maduro y desencadenar una elección anticipada para elegir un sucesor. De acuerdo con una encuesta de finales de septiembre, cerca del 70 por ciento de los venezolanos votaría para expulsar a Maduro.
Hasta la semana pasada, el consejo electoral controlado por Maduro facilitó a regañadientes el referendo, mientras colocaba obstáculos burocráticos para retrasar el proceso. El jueves, sin embargo, las autoridades del PSUV anularon por completo el referendo, cancelando así una campaña de recolección de firmas que estaba a punto de empezar esta semana. Claramente, el régimen prefiere las repercusiones políticas de matar el referendo y evitar que millones de venezolanos se movilicen para repudiar a Maduro.
La Asamblea Nacional declaró el domingo una “ruptura del orden constitucional” y se movilizó para deslegitimar a Maduro. Así mismo, el liderazgo de la oposición ha llamado a una movilización masiva este miércoles. Mientras ciudadanos venezolanos protestan contra la represión política, una salida pacífica dependerá del apoyo que reciban del exterior.
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, ha buscado aglutinar a la región para hacer frente a la crisis, sin expulsar o sancionar a Venezuela, pero buscando que el gobierno rinda cuentas en cuanto a sus compromisos de respetar la democracia y los derechos humanos. El viernes, Almagro dijo que había llegado el momento de tomar “acciones concretas” por parte del pueblo venezolano y la comunidad internacional.
Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, ha estado trabajando durante años para evitar que una crisis se desate en Venezuela durante la administración del presidente Obama. Al prácticamente matar el referendo revocatorio, el régimen está apostando a que la estrategia de inacción de Obama no cambiará. No obstante, que diplomático de carrera le querrá explicar al próximo presidente de EEUU que la decisión de la administración saliente fue que la entrante reciba una crisis que empeora día a día?
Esta semana será crucial: ¿Saldrá el pueblo a las calles para exigir sus derechos constitucionales? ¿Los militares se pondrán de lado de la constitución o de criminales?¿Los gobiernos regionales—en especial aquellos con nuevos gobernantes democráticos en Argentina, Brasil y Perú—le harán frente a una nueva dictadura en Venezuela? ¿Podrá Estados Unidos adoptar una nueva estrategia, ahora que evitar el colapso parece prácticamente imposible?
Además de respaldar las acciones de la OEA, el gobierno de Obama debe tomar acciones en contra de los criminales responsables de suprimir la democracia—quienes temen que una transición los llevaría a la cárcel. El presidente debe instruir al Departamento del Tesoro que exponga y congele los activos de líderes del régimen que participan en el tráfico de drogas, el robo de los recursos del Estado y lavado de dinero. Las actividades delictivas del ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, se han denunciado públicamente desde hace más de un año.
Obama también debe utilizar su relación con el régimen de Castro para facilitar el asilo de Maduro en Cuba. Por último, se debe advertir a la cúpula militar en Venezuela que no puede hacer uso de la fuerza para negarle a los venezolanos sus derechos constitucionales. Si profesionales de las fuerzas de seguridad en Venezuela hacen su trabajo, pueden ayudar a restaurar la democracia y la prosperidad en el país.
Mayor apoyo por parte de la comunidad internacional—incluyendo medidas inteligentes por parte de los EEUU para diezmar a cleptócratas notorios— puede ayudar a los venezolanos a alcanzar una transición pacífica, prevenir una confrontación sangrienta y resolver una crisis humanitaria. No es demasiado tarde para hacer lo correcto
No comments:
Post a Comment