La consulta popular convocada por la Asamblea Nacional para el domingo 16 de julio busca fortalecer la ruta constitucional que la sociedad civil y la oposición han ejercido desde hace 100 días para lograr el cambio en el país. El proceso, en el que los promotores aspiran a que se logre un Sí contundente, es un paso significativo que debe enfrentar los escollos del gobierno y su cruzada constituyente.
En este aspecto coinciden los abogados constitucionalistas José Ignacio Hernández y Juan Manuel Raffalli, quienes esgrimen que la consulta sostiene el derecho negado para la elección que el Consejo Nacional Electoral fijó para el 30 de julio: garantizar el voto universal.
“La Constitución señala que la soberanía reside en el pueblo, el cual la ejercerá no solo a través del sufragio, sino también mediante mecanismos de participación ciudadana. El artículo 70 señala que junto al referéndum, hay otros medios de participación, ente ellos la consulta popular. Por eso la Asamblea Nacional hará esta consulta cónsona con el artículo 71 de la carta magna, que fija la iniciativa para las materias de especial trascendencia nacional”, dijo Hernández.
El Parlamento aprobó, el 5 de julio, el Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución. La mayoría opositora en el Legislativo respondió de esta manera a la petición que el 3 de julio le hicieran diferentes sectores de la sociedad civil, en un acto público: la convocatoria de un proceso de decisión soberana sobre el rumbo para la reconstrucción democrática de la nación.
Hernández afirmó que el carácter político del proceso y su conducción desde el Parlamento evidencian que su naturaleza es plebiscitaria. También sentará las bases para los próximos pasos del Legislativo, entre ellos la invocación del artículo 333 sobre el restablecimiento del hilo constitucional.
Resaltó que el peso de la jornada del 16 de julio no puede medirse solo en números de participación: “Esta consulta no será vinculante para el gobierno, para el TSJ ni para el CNE, para los que ni la Constitución es vinculante. Pero sí será vinculante para la Asamblea Nacional que es el punto verdaderamente importante: que todas las acciones del Parlamento sean objeto del voto popular”. Proceso garantizado. Raffalli señaló que el venidero proceso opositor tiene el carácter de referéndum consultivo. Destacó que la trascendencia de la jornada parte de su garantía constitucional como ocurre con el caso de las asambleas de ciudadanos.
“Consultar al pueblo nunca puede ser inconstitucional, no hacerlo sí lo es. La consulta del 16 de julio es legítima aunque en su realización no participe el CNE, organismo al que no hay que pedirle permiso. Será clave para las acciones posteriores que ejecuten las instituciones. Estamos en el momento en que es claro que el último proceso vinculante organizado por el Poder Electoral fueron las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y no se ha respetado la voluntad popular. La consulta definirá que va a hacer, por ejemplo, la Fuerza Armada, cuando sea aun más evidente que el presidente Nicolás Maduro se pone de espaldas a la decisión política de millones de personas. Aunque no haya una pregunta directa sobre la permanencia de Maduro en el poder, al final la consulta tendrá un efecto político plebiscitario”, indicó.
Raffalli sostuvo que el proceso convocado por el Parlamento y en cuya logística participan la MUD, las universidades, la sociedad civil, gremios, ONG y estudiantes está blindado con la participación de venezolanos mayores de 18 años de edad, como fija la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
“Esto es totalmente diferente a lo que se hizo para la constituyente que trabajó con un registro de sectores que no ha sido auditado”, señaló.
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