La instalación de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, junto a su decisión de asumir poderes dictatoriales, ha incrementado las reacciones de la comunidad internacional, la cual se inclina por desconocer al régimen venezolano.
Este contexto ha agravado las dudas sobre la legitimidad de la deuda venezolana. Así, por ejemplo, en la Declaración de Lima, como explica Mariano de Alba, se señala que “los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado”. De igual manera, el 25 de agosto el Gobierno de EEUU prohibió ciertas operaciones con la deuda pública venezolana, considerando entre otros elementos la ilegitimidad de la Constituyente.
Con todos estos antecedentes, debemos preguntarnos si la deuda pública venezolana puede ser considerada como odiosa, ilegítima o inconstitucional.
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