JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 25 de diciembre de 2015 01:50 PM
Caracas.- La Constitución de 1999, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional; y el Reglamento del Comité de Postulaciones Judiciales. Estas son las cuatro normas que la saliente mayoría oficialista del Parlamento violó al designar el miércoles a 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo juzgado, según la organización Acceso a la Justicia.
La agrupación dirigida por la catedrática en Derecho, Laura Louza, en un comunicado, precisó que al realizar la elección el 23 de diciembre "un día antes de que concluyera el lapso legal de impugnaciones" de 15 días fijado en los artículos 24 y 31 del reglamento de la instancia evaluadora de los candidatos no sólo vulneró ese lapso, sino irrespetó el artículo 264 de la Carta Magna, el cual establece que los "ciudadanos podrán ejercer fundamentadamente objeciones a cualquiera de los postulados".
Asimismo aseveró que el proceso llevado a cabo por el Comité presidido por el diputado no reelecto Elvis Amoroso (PSUV-Aragua) violó cinco normas de la Ley del TSJ (artículos 38, 70, 71, 73 y 74) todas ellas referidas a cómo debe ser el procedimiento para escoger a los miembros del máximo juzgado, pues "ese Comité no se pronunció sobre las impugnaciones que se efectuaron de todos los postulados, no publicó el baremo, no envió la lista de preseleccionados al Poder Ciudadano al día siguiente a la preselección realizada, y preseleccionó como magistrados a activistas políticos, a pesar de la expresa norma constitucional en contra".
La Ley del TSJ establece que el proceso de designación debe ser "público", que luego de cerrado el lapso de presentar candidaturas la lista de ellos debe ser publicada y que se abrirá un proceso de 15 días continuos para que los venezolanos puedan impugnar a los aspirantes; y que cerrado este el Comité en ocho días deberá analizar los planteamientos y podrá citar a los cuestionados en tres días para que presenten sus descargos.
Aunque no haya prosperado para Acceso a la Justicia el hecho que Amoroso se hubiera postulado afecta "la transparencia del proceso y su constitucionalidad", por cuanto se convirtió en juez y parte.
Este panorama permitió a la organización concluir: "Hay magistrados designados que son activistas políticos, y otros que no cumplen con los requisitos constitucionales".
La agrupación dirigida por la catedrática en Derecho, Laura Louza, en un comunicado, precisó que al realizar la elección el 23 de diciembre "un día antes de que concluyera el lapso legal de impugnaciones" de 15 días fijado en los artículos 24 y 31 del reglamento de la instancia evaluadora de los candidatos no sólo vulneró ese lapso, sino irrespetó el artículo 264 de la Carta Magna, el cual establece que los "ciudadanos podrán ejercer fundamentadamente objeciones a cualquiera de los postulados".
Asimismo aseveró que el proceso llevado a cabo por el Comité presidido por el diputado no reelecto Elvis Amoroso (PSUV-Aragua) violó cinco normas de la Ley del TSJ (artículos 38, 70, 71, 73 y 74) todas ellas referidas a cómo debe ser el procedimiento para escoger a los miembros del máximo juzgado, pues "ese Comité no se pronunció sobre las impugnaciones que se efectuaron de todos los postulados, no publicó el baremo, no envió la lista de preseleccionados al Poder Ciudadano al día siguiente a la preselección realizada, y preseleccionó como magistrados a activistas políticos, a pesar de la expresa norma constitucional en contra".
La Ley del TSJ establece que el proceso de designación debe ser "público", que luego de cerrado el lapso de presentar candidaturas la lista de ellos debe ser publicada y que se abrirá un proceso de 15 días continuos para que los venezolanos puedan impugnar a los aspirantes; y que cerrado este el Comité en ocho días deberá analizar los planteamientos y podrá citar a los cuestionados en tres días para que presenten sus descargos.
Aunque no haya prosperado para Acceso a la Justicia el hecho que Amoroso se hubiera postulado afecta "la transparencia del proceso y su constitucionalidad", por cuanto se convirtió en juez y parte.
Este panorama permitió a la organización concluir: "Hay magistrados designados que son activistas políticos, y otros que no cumplen con los requisitos constitucionales".
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