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CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN*
Hace doce años se encontraba
en plena ejecución el plan para terminar con el Gobierno democrático de
Bolivia mediante una extensa conspiración y sedición interna e
internacional, impulsada por el eje Caracas-La Habana, con violencia
extrema, promovida con presencia de grupos armados nacionales y
extranjeros, articulada internamente por el jefe cocalero Evo Morales y
el dirigente campesino Felipe Quispe, que con la traición del
vicepresidente Carlos Mesa lograron la renuncia forzada del Presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada. Era el tercer intento de derrocamiento en
menos de diez meses, pero en esta ocasión con la denominada "guerra del
gas" resultó exitoso. El 17 de octubre de 2003 caía el Gobierno
democrático y comenzaba la etapa que ha hecho de Bolivia una de las
dictaduras del socialismo del siglo XXI liderado por el castrismo. Los
exitosos conspiradores han logrado hasta ahora 12 años de poder e
impunidad.
El argumento de la
conspiración fue la oposición a la venta del gas boliviano a Estados
Unidos a través e Chile, el "crimen de negociar con Chile" y la proclama
de romper los vínculos hegemónicos con el imperialismo norteamericano y
las empresas transnacionales. Carlos Mesa asumió la Presidencia el
mismo día del derrocamiento y al día siguiente, cumpliendo con la
conspiración, estableció la denominada "agenda de octubre" que proclama
la defensa del gas y los hidrocarburos bolivianos, establecer una
asamblea constituyente y enjuiciar al Presidente Sánchez de Lozada y los
miembros de su gobierno.
El
31 de octubre de 2003, por Decreto Supremo 27234 Mesa estableció
"amnistía" para todos los autores de crímenes cometidos para y en el
derrocamiento del Presidente Constitucional. Esta norma, vigente hasta
hoy, protege a Evo Morales, al propio Mesa y a centenas de miembros del
actual gobierno (ministros, embajadores y funcionarios) que han
confesado públicamente sus delitos y que los presentan a la opinión
pública como "méritos para reclamar espacios de poder". Evo Morales en
varias intervenciones públicas ha reivindicado y justificado la
conspiración y el derrocamiento. Felipe Quispe ha escrito un libro y
realizado entrevistas confesando la sedición, el alzamiento armado y
acciones criminales como "haber ordenado a sus bases, que tenían
entrenamiento guerrillero del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) a
sacar las armas". Mesa -bajo denuncia de haber pedido y recibido dinero
para ser candidato- busca el linchamiento de Sánchez de Lozada para
mitigar su traición.
Los
doce años que han pasado están marcados por la suplantación de la
Constitución Política de la República de Bolivia por la Constitución del
Estado Plurinacional de Evo Morales, que igual que en Venezuela y otros
países de la órbita, han liquidado el estado de derecho, concentrado
todos los poderes en manos del gobernante, convertido el sistema de
justicia en el mecanismo de represión política, anulado la libertad de
prensa, manipulado y multiplicado elecciones y referéndums para simular
democracia. Bolivia es hoy un país con perseguidos, presos y exiliados
políticos como resultado de las masacres de Evo Morales. Mesa fraguó el
mecanismo legal para permitir el acceso de Evo Morales al poder y su
permanencia indefinida, al mismo tiempo que forzó la persecución
política judicializada de Sánchez de Lozada y su gobierno, cambiando
fiscales, ordenando votaciones y violando el debido proceso legal,
hasta tener como presos políticos a los miembros del Alto Mando Militar
que defendieron la democracia el año 2003 y que incluso cumplieron mando
militar democrático bajo órdenes del propio Mesa.
Doce
años después de la "guerra del gas" los contratos de Evo Morales con
las transnacionales son más generosos y éstas pagan menos impuestos que
los que estarían pagando con la ley de hidrocarburos de Sánchez de
Lozada. Los programas de producción de gas no se han cumplido y Bolivia
está rezagada en exploración y explotación, ha perdido el mercado
norteamericano y reducido sus posibilidades en los países vecinos. NO
han "sembrado el gas" se lo han gastado!. Evo Morales ha llevado al país
a records de deuda externa y deuda interna. Se ha retornado al sistema
estatista y centralista, con éxito en ineficiencia y corrupción. El
boom de los precios internacionales ha sido liquidado en "desarrollismo
populista" y el país se encamina a una crisis económica. Los cultivos de
coca ilegal se han incrementado de 3.000 hectáreas a más de 40.000 y
crecen la sospecha y las publicaciones internacionales de que Bolivia es
hoy un narco estado.
Luego
de doce años no se han aclarado los hechos y las responsabilidades que
llevaron al derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada, porque los
autores son acusadores, testigos, jueces y verdugos. Las víctimas
siguen siendo utilizadas por los conspiradores como medio de persecución
política contra los derrocados. Los autores gozan de amnistía, están
en el poder y los defensores de la ley están perseguidos, exiliados y
son presos políticos. Bolivia es diferente, pero no mejor, se han
perdido grandes oportunidades de desarrollo económico y social. La
seguridad y varios ámbitos estratégicos del país están intervenidos por
el castrismo. Evo Morales ha producido por lo menos 17 masacres
sangrientas y ha superado con creces el número de muertos que causó y
buscó hace 12 años para derrocar al Gobierno constitucional.
Quienes
hace doce años usaron como justificativo para derrocar al Presidente
Sánchez de Lozada, la "posibilidad de que el gas boliviano pase por
Chile" o el falso argumento de que "se venda gas a Chile", han
convertido hoy en motivo de movilización boliviana a partir del tema
marítimo el buscar "una negociación con Chile". Los golpistas y
conspiradores de hace doce años que hicieron bandera de su enemistad con
Chile y que como en el caso de Carlos Mesa y Evo Morales rompieron
desde la presidencia toda posibilidad de negociar, hoy piden
"negociación con Chile" y entusiasman a los bolivianos en una acción
publicitaria y política. Esto y más.... Son los 12 años de poder e
impunidad de Carlos Mesa y Evo Morales, pero que no son para siempre.
*Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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