CARLOS
ALBERTO MONTANER.
El papa
Francisco basa sus ideas económicas en la doctrina social de la Iglesia, una
mezcla de buenos propósitos y declaraciones vacías, algunas de ellas
contradictorias, que el Vaticano ha ido acumulando desde 1891, cuando León XIII
proclamó la encíclica Rerum Novarum para abordar la “cuestión
social”.
La DSI,
como se conoce en el argot político, fue concebida para enfrentarse a los
comunistas, pero sin decantarse claramente por la economía de mercado. No
obstante, contiene al menos cinco errores importantes que la invalidan como un
instrumento serio para propiciar el desarrollo y combatir la pobreza.
*Primero:
la idea de que la propiedad privada solo se justifica “en función social”. Esa
declaración de la DSI les abre las puertas a todas los abusos de los
mandamases. ¿Quién decide si tener una confortable mansión en Miami, otra en un
resort del Caribe y un buen yate para navegar entre ellas son propiedades
moralmente aceptables en función social? ¿Cuál es la función social de poseer
un Botero, un Picasso un Mercedes Benz o un Rolex Presidente? ¿Dónde comienza o
termina la “función social”? ¿Qué quiere decir exactamente esa frase?
*Segundo:
la equivocada noción del “bien común”. Ese concepto esgrimido por la DSI –pero
no solo por ella– sirve para justificar la intervención del Estado con el
objeto, supuestamente, de corregir los errores del mercado. Es relativamente
fácil entender que la noción del bien común es un camelo, dado que las
necesidades de la sociedad tienden al infinito, mientras los recursos
disponibles son limitados. Los bienes y servicios que se les ofrecen a unos siempre
se les niegan a otros. El aeropuerto que se construye es a costa del hospital o
la escuela que no se edifican. Los recursos que se emplean en construir un
magnífico templo para adorar a Dios no se utilizan para construir un orfanato.
Y quienes toman las decisiones no lo hacen tras devanarse los sesos para
establecer cuál es el bien común, sino para satisfacer a sus partidarios o, en
el peor de los casos, para beneficiarse personalmente. Sería útil que el santo
padre y sus asesores repasaran las fundamentadas propuestas de la “Teoría de la
elección pública”. Tal vez se ahorrarían unos cuantos disparates.
*Tercero:
la nefasta creencia en que existe un “precio justo” para las cosas, y que los
funcionarios son capaces de determinarlo. Ese viejo debate, que comenzaron los
griegos clásicos, la DSI lo ha trasladado a la certeza de que existe un
“salario justo”, o unas “condiciones materiales justas”, en las que se verifica
la dignidad del hombre. En rigor, esa posición es el fruto de la ignorancia, la
demagogia o del buenismo. El salario y las condiciones de vida de los
trabajadores (y de los propietarios) no dependen de las necesidades subjetivas
señaladas por la DSI, sino de las condiciones objetivas de la sociedad en que
se trabaja y de la calidad del aparato productivo. Una sociedad que obtiene sus
recursos de vender café no puede alcanzar la calidad de vida de otra que
fabrica chips, aviones y productos farmacéuticos. Si uno trabaja como un
holandés, puede y debe aspirar a vivir como un holandés. Si uno trabaja como un
congolés, tendrá que vivir como un congolés, aunque la DSI insista inútilmente
en su discurso bondadoso, a menos de que el gobierno fuerce una continua
transferencia de recursos de las sociedades productivas a las improductivas, o
de los sectores productivos a los improductivos, actitud que acaba por
destrozar los fundamentos del sistema económico.
*Cuarto:
la desigualdad. La postura de la DSI frente a la desigualdad es peligrosa y
puede agravar la situación. Es absurda la suposición de que quienes administran
el Estado deben y pueden determinar la cantidad y calidad de bienes que debe
poseer una persona para combatir el flagelo de la “desigualdad”. Ya sé que lo
que le preocupa al Vaticano es que el CEO de una compañía gane 200 veces más
que el señor que limpia los baños, pero de alguna manera es la sociedad la que
decide o admite esas diferencias, de la misma manera que convierte en
supermillonarios a sus artistas o deportistas favoritos sin importarle la
desigualdad que se provoca. ¿Quién establece esos límites? ¿Es inmoral que los
cardenales posean aire acondicionado, secretarios, autos, mientras haya
feligreses muertos de hambre, exponentes de la desigualdad, agolpados en las
puertas de las iglesias pidiendo limosnas?
*Quinto:
la austeridad y el no-consumismo. Es disparatada la defensa que hace la DSI de
la austeridad y del no-consumismo, sin admitir el carácter subjetivo de esas
actitudes, y sin entender la contradicción inherente que existe entre combatir
la pobreza y condenar el consumo. Si el primer mundo le hiciera caso al
Vaticano y súbitamente asumiera una vida austera, cientos de millones de
personas en el planeta serían precipitadas a la miseria y al hambre. (Supongo
que Francisco sabe que 70% del PIB norteamericano se debe, precisamente, al
consumo, y que cada punto que cae significa más desempleo y pobreza).
Afortunadamente para los
católicos, no es necesario que suscriban la DSI para salvarse. En estos temas
los papas no hablan ex cátedra. Saben que pueden equivocarse.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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