Son muy pocos los gobiernos que le ponen un freno a los estados benefactores inflados de sus países antes de que el desastre golpee a la puerta. En consecuencia, algunos ciudadanos llegan a sufrir el equivalente económico de un ataque cardíaco: una caída dolorosa del nivel de vida en tanto son victimizados por el fin de juego de programas insostenibles. Grecia y la ciudad de Detroit son sólo los ejemplos lúgubres más recientes.
Muchos más son los que padecen un crecimiento magro e ingresos que apenas suben, resultado de la combinación tóxica de exceso de gasto por parte del gobierno, regulaciones engorrosas e impuestos corrosivos. Gran parte de Europa encaja en esta categoría de estancamiento económico.
Ocasionalmente, sin embargo, los gobiernos abandonan de manera exitosa la disfunción del estado benefactor. Canadá redujo el gasto en más del 8% del PBI en los años 1990, y Estados Unidos redujo el gasto no militar en un 5% del PBI a partir de mediados de los años 1980 -una tendencia sustentada por gobiernos de centroderecha y centroizquierda por igual.
De modo que, cuando un país europeo revierte su curso para reducir la dependencia del estado benefactor y restablecer incentivos laborales, vale la pena prestar atención -especialmente cuando ese país es Holanda, que creó uno de los estados benefactores más expansivos del mundo en los años 1960 y 1970.
Recientemente, el rey Guillermo Alejandro de Holanda, en su primer discurso anual ante el Parlamento, dijo: “Nuestro mercado laboral y nuestro sistema de servicios públicos ya no satisfacen plenamente las demandas del siglo XXI… El estado benefactor clásico está evolucionando, lentamente pero con firmeza, hacia una sociedad de participación”.
Eso representa un cambio realmente destacable. A partir de los años 1960 y 1970, quienes escribían sobre Holanda solían lamentarse de la “enfermedad holandesa”. Había tantos subsidios, préstamos y pagos de transferencias generosos -destinados a todos, desde los verdaderamente necesitados hasta los artistas imposibilitados de vender su obra- que los salarios después de impuestos muchas veces superaban mínimamente a los beneficios. De modo que la gente rara vez volvía a trabajar después de perder un empleo o renunciar a un puesto, o lo hacían en la economía paralela, con sus pagos en efectivo no declarados.
Más allá de que uno considerara el estado benefactor holandés humano y generoso o inflado e insensato, su generosidad tuvo un precio alto para la economía. Pero, a diferencia, digamos, de los franceses, los holandeses respondieron a sus excesos pasados con una serie de políticas destinadas a promover la vuelta al trabajo en el mercado laboral formal. De hecho, merecen un homenaje color naranja por implementar reformas innovadoras que los gobiernos en todo el mundo bien podrían emular para mantener una red de seguridad efectiva, costeable y que beneficie a quien tenga que beneficiar.
Por ejemplo, el seguro por discapacidad se ha convertido en un problema enorme y de rápido crecimiento en muchos países, a pesar de la drástica reducción de la cantidad de trabajadores con empleos físicamente exigentes y peligrosos como la construcción y la industria. Para frenar el marcado incremento de los pagos por discapacidad, los holandeses ahora les exigen a las empresas con altas tasas de reclamos que paguen más por el seguro por discapacidad, creando así un fuerte incentivo para garantizar una mayor seguridad en el lugar de trabajo.
Sin embargo, reducir los reclamos por discapacidad (y con ello los pagos) es sólo la mitad de la ecuación. La otra mitad es hacer regresar a quienes pueden hacerlo a un empleo remunerativo. (En Estados Unidos, menos del 1% de los discapacitados vuelven a trabajar). Una intervención temprana y campañas informativas sobre las opciones para regresar al trabajo son posibilidades prometedoras. Mucha investigación económica demuestra que las habilidades laborales se deterioran cuanto más tiempo uno pasa sin trabajar; de modo que la capacitación, la información y los programas de reincorporación son muy importantes.
De la misma manera, los holandeses adoptaron una reforma de las prestaciones sociales, como lo hizo Estados Unidos en 1996, cuando un presidente demócrata, Bill Clinton, y un Congreso republicano acordaron sobre los límites de tiempo así como los requisitos de trabajo y capacitación. Como resultado de ello, el sistema benefactor holandés hoy exige a los beneficiarios que presenten pruebas de una búsqueda de empleo activa antes de cumplir con los requisitos para una postulación; realizar trabajo o servicios comunitarios voluntarios mientras reciben los beneficios; y aceptar un empleo aunque éste exija mucho tiempo para trasladarse diariamente al trabajo.
La reforma de las prestaciones sociales de 1996 en Estados Unidos surgió a partir de iniciativas del estado de Wisconsin. Y, de la misma manera que la reforma de Wisconsin resultó ser un modelo que fue adoptado exitosamente a nivel nacional, las reformas en un país de la Unión Europea podrían dar pie a innovaciones en materia de políticas en otras partes de la UE y en todo el mundo. Y reformas de políticas que resulten exitosas y contagiosas es precisamente lo que Europa y gran parte del mundo necesitan.
Para entender por qué, consideremos el aumento impositivo necesario para pagar los beneficios sociales, que equivale a la tasa de reemplazo (el nivel promedio de beneficios en relación a los ingresos por contribuyente) multiplicada por el ratio de dependencia (el porcentaje de la población que recibe los beneficios). Cuanto mayor la tasa de reemplazo y/o el ratio de dependencia, mayor la carga tributaria necesaria para pagar los beneficios.
Lo que es absolutamente cierto es que el ratio de dependencia aumentará prácticamente en todas partes, debido a tendencias demográficas inexorables. La combinación de una creciente expectativa de vida, menores tasas de fertilidad y, en algunos países (entre ellos, Estados Unidos), la jubilación de la generación que nació en el boom de la natalidad luego de la Segunda Guerra Mundial, implica un rápido incremento del ratio de dependencia en la vejez.
Estados Unidos, por ejemplo, pasará de un jubilado por cada tres trabajadores hoy a un ratio de 1:2 en las próximas tres décadas. Italia y Alemania tendrían un ratio de 1:1. Y el porcentaje de la población de China que tendrá más de 65 años de aquí a una generación será mayor que en Estados Unidos.
Las reformas de políticas sensatas que deberían ser adoptadas por sí mismas, como las reformas por discapacidad y del estado benefactor en Holanda, ofrecerán un dividendo adicional al reducir el ratio de dependencia. Eso no será suficiente para mantener finanzas públicas sólidas indefinidamente. Pero, al demostrar curas para la “enfermedad holandesa”, Holanda nos está dando a todos una lección invalorable.
Michael J. Boskin es Profesor de Economía en Stanford University
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