Editorial El Nacional
M ientras el jefe narcoguerrillero colombiano y máximo líder de las
FARC, "Timoleón Jiménez", tristemente conocido con el remoquete de
"Timochenko", se pasea cómodamente entre Venezuela y Cuba en un avión
de Petróleos de Venezuela a cuerpo de rey y a costa del dinero de todos
nosotros, los pacientes en los hospitales y clínicas privadas de nuestro país
están muriendo lentamente porque el gobierno ha sido incapaz de tomar las
previsiones suficientes para que no decaiga el suministro de medicamentos
indispensables para curar o aliviar sus estados de salud.
Lo del cómodo "viajecito" en un jet ejecutivo de Pdvsa parece que es algo habitual entre los jefes de la narcoguerrilla colombiana desde que el líder eterno gobernaba, y hacía carantoñas por parte iguales al presidente Álvaro Uribe y a la cúpula de las FARC.
Desde luego, el sucesor de Chávez no tardó "un milímetro de segundo" en continuar con tan nefasta práctica y, sin duda, la hubiera seguido manteniendo en secreto si los periodistas no le meten la lupa a tamaña violación de todas las normas y reglas establecidas por el Estado respecto al uso de los bienes y servicios de Pdvsa por terceras personas.
De manera que a los venezolanos se les prohíbe especialmente el uso particular de los aviones de Pdvsa y, de hecho, constituye un delito de peculado, tal y como ha sido calificado en anteriores oportunidades. Pero cuando se trata de transportar pasajeros que aparecen en las listas negras de la mayoría de las policías antinarcóticos del mundo y que, para mayor peligro, están en la mira de la Interpol, pues el gobierno de Venezuela se hace de la vista gorda.
Es más, sin la menor vergüenza el señor Maduro confirma públicamente el viaje de "Timochenko" en una aeronave de Petróleos de Venezuela. De manera altanera reveló: "Nosotros lo movilizamos hacia La Habana". Solo le faltó decir a manera de reto que "a quien no le guste que con su pan se lo coma", o agregar "democráticamente" que lo hizo porque le dio la gana.
Claro que como no existe una Asamblea Nacional que equilibre su poder, o una Contraloría que exija el cumplimiento de la ley, y mucho menos una Fiscalía que abra una investigación sobre el traslado de un narcoguerrillero colombiano en un avión oficial, al ciudadano no le queda otra que morir callado.
Pero tanta altanería solo contribuye al desprestigio de un régimen que toma este tipo decisiones sin atreverse a hacerlas públicas hasta que, gracias a la prensa, salen a la luz. Con ello demuestran que desprecian la Constitución y las leyes que obligan, al menos, a informar a los venezolanos sobre cuál es el papel que estamos jugando en estas negociaciones en La Habana.
Revelar además hasta qué punto comprometemos la seguridad de la nación al prestarnos a este juego internacional peligroso, en el que los protagonistas son el presidente Santos (con quien nos hemos peleado hace poco) y guerrilleros acusados de secuestros (considerado un delito universal que no prescribe) y de manejar el tráfico de drogas.
Lo del cómodo "viajecito" en un jet ejecutivo de Pdvsa parece que es algo habitual entre los jefes de la narcoguerrilla colombiana desde que el líder eterno gobernaba, y hacía carantoñas por parte iguales al presidente Álvaro Uribe y a la cúpula de las FARC.
Desde luego, el sucesor de Chávez no tardó "un milímetro de segundo" en continuar con tan nefasta práctica y, sin duda, la hubiera seguido manteniendo en secreto si los periodistas no le meten la lupa a tamaña violación de todas las normas y reglas establecidas por el Estado respecto al uso de los bienes y servicios de Pdvsa por terceras personas.
De manera que a los venezolanos se les prohíbe especialmente el uso particular de los aviones de Pdvsa y, de hecho, constituye un delito de peculado, tal y como ha sido calificado en anteriores oportunidades. Pero cuando se trata de transportar pasajeros que aparecen en las listas negras de la mayoría de las policías antinarcóticos del mundo y que, para mayor peligro, están en la mira de la Interpol, pues el gobierno de Venezuela se hace de la vista gorda.
Es más, sin la menor vergüenza el señor Maduro confirma públicamente el viaje de "Timochenko" en una aeronave de Petróleos de Venezuela. De manera altanera reveló: "Nosotros lo movilizamos hacia La Habana". Solo le faltó decir a manera de reto que "a quien no le guste que con su pan se lo coma", o agregar "democráticamente" que lo hizo porque le dio la gana.
Claro que como no existe una Asamblea Nacional que equilibre su poder, o una Contraloría que exija el cumplimiento de la ley, y mucho menos una Fiscalía que abra una investigación sobre el traslado de un narcoguerrillero colombiano en un avión oficial, al ciudadano no le queda otra que morir callado.
Pero tanta altanería solo contribuye al desprestigio de un régimen que toma este tipo decisiones sin atreverse a hacerlas públicas hasta que, gracias a la prensa, salen a la luz. Con ello demuestran que desprecian la Constitución y las leyes que obligan, al menos, a informar a los venezolanos sobre cuál es el papel que estamos jugando en estas negociaciones en La Habana.
Revelar además hasta qué punto comprometemos la seguridad de la nación al prestarnos a este juego internacional peligroso, en el que los protagonistas son el presidente Santos (con quien nos hemos peleado hace poco) y guerrilleros acusados de secuestros (considerado un delito universal que no prescribe) y de manejar el tráfico de drogas.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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