Cuando había concluido esta
columna, me cayó como una bomba el acuerdo suscrito en La Habana por el
presidente Santos y por “Timochenko” sobre la llamada Jurisdicción Especial
para la Paz.
Es un campo minado, sí. El
acuerdo elimina la palabra “prisión” para los miembros de las FARC y quedan
anexos al delito político el narcotráfico, las minas y los secuestros. No habrá,
pues, extradición. Los militares, vistos como actores del conflicto, serán
sometidos al mismo mecanismo de justicia de los terroristas. No habrá beneficio
para los oficiales que en vez de confesar culpas aleguen su inocencia.
Antes de este inesperado acontecimiento,
me había propuesto abordar el tema de las 28 salvedades que tienen las FARC
sobre los restantes acuerdos. Las mencionó mi amigo Enrique Santos Calderón en
una entrevista que le hizo la Blu Radio. Por cierto, no comparto los juicios, a
veces feroces, que se lanzan contra él. No creo que sea un hombre cercano a las
FARC y que haya sido el secreto instigador de los diálogos con sus comandantes.
Como nos ocurrió a mí y a cuantos vivíamos hace cincuenta años deslumbrados con
la alternativa revolucionaria de Fidel Castro, llegamos a ver con buenos ojos
la lucha armada. Fue un extravío de juventud que hoy no tiene validez alguna.
Como buen periodista que es,
Enrique no pierde cierta objetividad en el análisis de los tropiezos que
encuentra el proceso de paz. En la entrevista que le escuché por radio, además
de las famosas salvedades, menciona las cincuenta zonas de concentración que se
proponen exigir las FARC; una para cada uno de sus frentes. Enrique advierte
que el gobierno no estaría dispuesto a ofrecerles más de cinco o seis zonas.
No creo, como él dice, que sean
detalles fácilmente remediables. La realidad es mucho más compleja. Las FARC no
ceden en sus exigencias. Algunas de ellas, cubiertas con delicados maquillajes
han sido aceptadas por Juan Manuel Santos. La llamada dejación de armas, por
ejemplo, significa que no van a entregarlas. Se quedarán con ellas en las zonas
donde se encuentran sus frentes, lo cual, sumado a los millonarios recursos de
que disponen por concepto del narcotráfico, les permitirá el control absoluto
de muchas regiones del país. La justicia transicional, cuyo más entusiasta
vocero es el fiscal Montealegre, terminó imponiendo todo lo que acaba de
aprobarse en La Habana. Su fórmula sagrada es “ni un solo día de cárcel”.
A fin de que el acuerdo con las
FARC pase sin tropiezo alguno, aparece ahora un proyecto de reforma
constitucional que, como bien lo dice Rafael Nieto Loaiza, es una bomba nuclear
contra la democracia. Contiene solo dos artículos y permite que una pequeña comisión
del Congreso, controlada por el Ejecutivo, sin debate ni veto, lo apruebe
dócilmente.
Las salvedades expresadas por las
FARC no son de poca monta. Miremos algunas de ellas: “Delimitación de la
propiedad”; “prohibición de compra de tierras por parte de empresas
transnacionales”; “revisión de los tratados de libre comercio”; “nueva ley de
reordenamiento territorial”; “la reconversión de las Fuerzas Armadas”; la
llamada “reestructuración democrática del Estado”; “una cámara territorial en
vez de la Cámara de Representantes”, etcétera.
De aprobarse estas exigencias,
tendrían más bien el carácter de una capitulación del Estado, pues significaría
un radical cambio del actual modelo económico y político del país. Sería lo que
una buena amiga de Maduro, Piedad Córdoba, llama refundación de un nuevo país y
nuestra segunda y definitiva independencia.
Si realmente el acuerdo final de
paz acaba firmándose en el mes de marzo y dos meses después se hará efectiva la
dejación de armas, las salvedades, mucho me temo, serán irremediablemente
aceptadas. De esta manera, el anhelado sueño de la paz quedará convertido en
pesadilla.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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