PEDRO
A. PALMA.
Una de
las razones que ha aducido el gobierno venezolano para justificar el cierre de
la frontera con Colombia es eliminar la desviación masiva de productos
venezolanos hacia el vecino país, lo cual genera escasez y desabastecimiento en
los mercados locales y presiones alcistas de los precios internos. De allí que
sea válido que nos preguntemos si esa acción realmente va a eliminar el llamado
contrabando de extracción de lo que aquí se produce hacia Colombia, o no. Realmente,
no lo creo.
Lo que
siempre se ha producido en esa frontera, particularmente en el Táchira, es un
proceso de arbitraje, según el cual los habitantes de ambos lados de la zona se
preguntan dónde conviene más adquirir los productos requeridos para satisfacer
sus necesidades, y la respuesta es simple: donde tengan menor precio. Dado que
en nuestro país el gobierno insiste en regalar la gasolina, en otorgar
subsidios desproporcionados, o en imponer precios que ni siquiera cubren los
costos de producción y distribución de múltiples productos de consumo masivo,
los precios de venta de muchos de esos artículos son artificialmente bajos y
muy inferiores a los existentes al otro lado de la frontera, haciendo que aquel
planteamiento de arbitraje sea obvio: comprar los productos en Venezuela para
satisfacer las necesidades de los consumidores, o para revenderlos a un precio
mucho mayor en el lado colombiano.
Eso no
siempre fue así. Hace ya varios años, cuando el bolívar era una moneda fuerte y
sobrevaluada, había libertad cambiaria y se mantuvo un tipo de cambio fijo por
varias décadas, resultaba muy atractivo pasar a Cúcuta para comprar alimentos,
ropa, calzado y otros productos, pues allí eran más baratos que en Venezuela.
Recuerdo vívidamente que cuando uno viajaba desde la ciudad fronteriza de San
Antonio a San Cristóbal, eran múltiples las alcabalas de la Guardia Nacional
que revisaban exhaustivamente los automóviles y transportes de carga para
determinar si llevaban mercancía colombiana oculta, que se pretendía introducir
a Venezuela sin cumplir los debidos trámites aduanales ni pagar los aranceles
respectivos. Ahora la situación es opuesta, y cómo no lo va a ser si muchos
productos de consumo masivo tienen en Colombia precios tres y más veces
superiores que en Venezuela, para no hablar de la gasolina que aquí se regala,
pero que en el otro lado de la frontera se vende a más de un dólar el galón.
Con razón no son solo los llamados “pimpineros” los que se llevan el
combustible, sino que el mismo se envía en gandolas debidamente custodiadas
para cuidar su valioso cargamento.
También
es conocido el lucrativo negocio de extracción y ulterior importación de
productos, el cual consiste en enviar bienes y semovientes a Colombia que luego
se reenvían a Venezuela en forma de exportación, siendo estos pagados con
dólares preferenciales artificialmente baratos, divisas cuyo precio en el
mercado paralelo de frontera puede llegar a ser hasta cien veces mayoral tipo
de cambio oficial al que se adquirieron para realizar la operación.
Recientemente,
un alto vocero gubernamental dijo que al cerrarse la frontera se había puesto
un torniquete que había parado la hemorragia de productos que se escapaban a
Colombia, dando a entender que esa era la gran solución al problema del contrabando
de extracción. Nada más alejado de la verdad. Si bien esa absurda acción
oficial pudo limitar temporalmente el envío de productos al vecino país, no lo
eliminó. Por el contrario, el negocio ha continuado, ahora con extraordinarios
sobrecargos de precios, y volverá a florecer con toda fuerza en un futuro
inmediato, ya que mientras este siga siendo tan lucrativo, los contrabandistas
de siempre, de aquí y de allá, seguirán actuando impunemente. Solo cuando se
eliminen las absurdas distorsiones cambiarias y de precios que hoy existen, y
que se siguen ensanchando, es que se podrá producir una normalización en las
actividades comerciales fronterizas.
palma.pa1@gmail.com @palmapedroa
Vía
El Nacional
Que pasa Margarita
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