1 DE OCTUBRE 2016 - 12:01 AM
Además de la prohibición de participar en el referéndum revocatorio, los empleados de la administración pública son presionados por los jefes y directores militantes del oficialismo para que acudan a prácticas de entrenamiento militar, con la finalidad de incorporarlos a la milicia bolivariana, aseguraron sindicalistas. “Hace varios meses, en el ministerio nos conminaron a ir al polígono de tiro para incorporarnos a la milicia”, contó un empleado que pidió no mencionar su nombre. Otro funcionario reveló: “Mi jefe insiste en que vaya al entrenamiento militar para defender la patria de los enemigos internos y externos”.
Servando Carbone, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores, señaló que los funcionarios son blanco de esta práctica, que forma parte del capítulo de seguridad y defensa nacional del contrato colectivo marco de la administración pública. El también representante del ala disidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público alertó sobre la política gubernamental de militarizar los organismos mediante el nombramiento de oficiales leales para ocupar cargos altos en las instituciones del Estado.
La discusión con el Ejecutivo del contrato marco, concluida en junio pasado, la llevaron adelante la facción oficialista de Fentrasep y la Federación Unitaria de Empleados Públicos, afiliada a la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, aseveró que la mayoría de los representantes laborales en la mesa de negociación eran del oficialismo y querían que el capítulo de seguridad y defensa nacional fuera de obligatorio cumplimiento. “Los tres representantes sindicales independientes logramos que fuera voluntario”, añadió.
Froilán Barrios, del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario, y el Sindicato, recordó que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, creada en 2012, se ha dado a la tarea de fortalecer la milicia, fundamentalmente, con los empleados y obreros de la administración pública.
Wills Rangel, presidente de la central, declaró que incorporó 100.000 milicianos de Pdvsa; y los directivos del Sindicato del Metro de Caracas afirmaron que han sumado cientos de trabajadores. La central bolivariana y el PSUV exigen a los jefes y supervisores de los organismos que cumplan con la asignación de cuotas mínimas de captación de trabajadores para la milicia.
“En Mercal aplicaron la orden de que los empleados tenían que ir al entrenamiento militar, pero no tuvieron éxito porque los trabajadores son reacios a recibir órdenes sin chistar”, indicó José Matute, dirigente de Fadess. “Las presiones en los organismos continúan, pero los trabajadores se las ingenian para librarse”.
La milicia bolivariana es un cuerpo compuesto por civiles para servir como complemento de la Fuerza Armada Nacional. Fue creado en 2007 por el presidente Hugo Chávez dentro de un decreto de Ley Habilitante.
NOTA VINCULADA
ALIMENTOS
Denuncian Sobreprecio en operativos del gobierno
La especulación está presente en los programas de provisión preferencial de alimentos para los trabajadores de la administración pública, denunciaron empleados que pidieron no mencionar sus nombres. “En el último operativo, el pollo, la carne, el arroz y el azúcar los vendieron 400 y 500 bolívares por encima del precio justo”, señaló un funcionario.
ALIMENTOS
Denuncian Sobreprecio en operativos del gobierno
La especulación está presente en los programas de provisión preferencial de alimentos para los trabajadores de la administración pública, denunciaron empleados que pidieron no mencionar sus nombres. “En el último operativo, el pollo, la carne, el arroz y el azúcar los vendieron 400 y 500 bolívares por encima del precio justo”, señaló un funcionario.
Explicó que ante el reclamo, el superior argumentó que la comida les había llegado más cara. “Fuimos a hablar con los proveedores y con las facturas correspondientes probaron que ellos no incurrieron en el sobreprecio: la conclusión es que alguien del organismo se beneficia a costa nuestra”.
Otros empleados del Ministerio de Alimentación dijeron que les venden bolsas de Mercal, que deben pagar y retirarla días después. “La bolsa te la dan sellada y, además, se ha espaciado la venta”, contó una funcionaria.
El empaque puede traer un paquete de leche en polvo, un kilo de azúcar o arroz, medio kilo de café, dos a cuatro paquetes de harina de maíz, otro de harina de trigo o avena, uno o dos kilos de pasta y un litro de aceite.
Un empleado del despacho de Tierras narró que “los operativos se hacen en secreto, dentro de las instalaciones, para evitar desórdenes porque la gente de la calle ya ha intentado irrumpir reclamando que les vendan a ellos también”.
Marlene Sifontes, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, aseguró que el expendio de alimentos en la administración pública “se ha convertido en otra práctica de corrupción de jefes y militantes del oficialismo”.
Agregó que un grupo de trabajadores denunció a Fadess que un funcionario con cargo de jefatura de un ministerio había repartido entre sus iguales bolsas de los CLAP que estaban destinadas a las comunidades.
Sifontes afirmó que en el Instituto Nacional de Parques la oferta se redujo al pollo, la carne y charcutería, así como vegetales, que los venden 100 y 200 bolívares más caros que en los comercios. Dijo que los operativos que se hacían mensualmente en Inparques ahora se llevan a cabo cada mes y medio o dos meses.
La sindicalista alertó que “el bono alimentación es usado como un arma de presión política, pues descuentan el día del ticket al trabajador que no asista a las marchas”.
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