LUIS IZQUIEL| EL UNIVERSAL
viernes 14 de marzo de 2014 12:00 AM
Supongamos que la Defensora del Pueblo no quiso decir realmente que la "tortura tiene un sentido". Demos por cierto que se enredó en su explicación. Es lamentable que una funcionaria que ostenta tan alto cargo no sepa expresarse. Pero, lo que sí es cierto, es que Gabriela Ramírez, en sus recientes declaraciones, tergiversó completamente el concepto de tortura establecido en la legislación nacional e internacional. Eso, en las delicadas circunstancias que vive el país, resulta algo de suma gravedad.
Es mentira que la tortura se produzca solo cuando el fin del autor material es obtener una confesión. El ar-tículo 5 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la AN el año pasado, establece que también se consuma este crimen cuando a una persona se le inflija intencionalmente dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, para castigarla, intimidarla o coaccionarla, por cualquier razón discriminatoria. El autor de este delito siempre es un funcionario público u otra persona que actúa por instigación de éste o con su consentimiento.
El Estatuto de Roma, el cual califica a la tortura como un crimen de lesa humanidad, tampoco establece que la única intención del torturador sea la búsqueda de la confesión de la víctima (Art.7). Lo mismo señala la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984. La Defensora del Pueblo pareciera desconocer estos tratados.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos del país han contabilizado, por lo menos, 40 casos de tortura desde el pasado 12 de febrero. El Relator Especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, consideró que las denuncias que ha recibido desde Venezuela se refieren a "torturas muy, muy graves". La mayoría de las víctimas de estos crímenes han sido jóvenes estudiantes que solo ejercían el derecho constitucional a la protesta pacífica. Muchos resultaron detenidos arbitrariamente, sin orden judicial y en ausencia de flagrancia, tal como ocurrió con dos jóvenes la semana pasada en Chacao, quienes fueron secuestrados por funcionarios del Sebin.
La Defensoría del Pueblo debe encargarse de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la Constitución. Quien dirige esta institución debe ser una persona independiente, que no esté sujeta a instrucciones provenientes de ninguna autoridad. Gabriela Ramírez no reúne estas condiciones. Antes de ejercer su actual cargo, era diputada del PSUV en la Asamblea Nacional. Hoy sigue formando parte de una parcialidad política. Basta ver su avatar de Twitter para saber qué intereses defiende realmente. Moralmente debería renunciar.
Que la Defensora del Pueblo modifique el concepto universal de la tortura, para de alguna forma banalizar, justificar o encubrir la comisión de este crimen, es un asunto lamentable y preocupante. Estas son las consecuencias de la ausencia de separación de poderes en Venezuela.
Es mentira que la tortura se produzca solo cuando el fin del autor material es obtener una confesión. El ar-tículo 5 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la AN el año pasado, establece que también se consuma este crimen cuando a una persona se le inflija intencionalmente dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, para castigarla, intimidarla o coaccionarla, por cualquier razón discriminatoria. El autor de este delito siempre es un funcionario público u otra persona que actúa por instigación de éste o con su consentimiento.
El Estatuto de Roma, el cual califica a la tortura como un crimen de lesa humanidad, tampoco establece que la única intención del torturador sea la búsqueda de la confesión de la víctima (Art.7). Lo mismo señala la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984. La Defensora del Pueblo pareciera desconocer estos tratados.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos del país han contabilizado, por lo menos, 40 casos de tortura desde el pasado 12 de febrero. El Relator Especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, consideró que las denuncias que ha recibido desde Venezuela se refieren a "torturas muy, muy graves". La mayoría de las víctimas de estos crímenes han sido jóvenes estudiantes que solo ejercían el derecho constitucional a la protesta pacífica. Muchos resultaron detenidos arbitrariamente, sin orden judicial y en ausencia de flagrancia, tal como ocurrió con dos jóvenes la semana pasada en Chacao, quienes fueron secuestrados por funcionarios del Sebin.
La Defensoría del Pueblo debe encargarse de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la Constitución. Quien dirige esta institución debe ser una persona independiente, que no esté sujeta a instrucciones provenientes de ninguna autoridad. Gabriela Ramírez no reúne estas condiciones. Antes de ejercer su actual cargo, era diputada del PSUV en la Asamblea Nacional. Hoy sigue formando parte de una parcialidad política. Basta ver su avatar de Twitter para saber qué intereses defiende realmente. Moralmente debería renunciar.
Que la Defensora del Pueblo modifique el concepto universal de la tortura, para de alguna forma banalizar, justificar o encubrir la comisión de este crimen, es un asunto lamentable y preocupante. Estas son las consecuencias de la ausencia de separación de poderes en Venezuela.
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